Viernes, 19 de Abril del 2024 
Aunque los países de América Latina, entre ellos Colombia, están haciendo esfuerzos por reducir la pobreza, la desigualdad no cede y la concentración de la riqueza es una de las trabas que no deja espacio para avanzar más.
Recientemente, el propio presidente Juan Manuel Santos se espantó tras conocer los resultados del tercer Censo Agropecuario, según el cual el 69,9 por ciento de las unidades de producción agropecuaria (UPA) tienen menos de 5 hectáreas y ocupan solo el 5 por ciento del área censada, mientras que terrenos de más de 500 hectáreas están en manos del 0,4 de los propietarios y representan el 41,1 por ciento de las 113 millones de hectáreas sobre las que pasó revista el Censo. (Lea: 83 % de niños campesinos menores de 5 años no va al colegio)
Ahora, un estudio de la ONG internacional Oxfam destaca que la situación sigue siendo similar en toda América Latina, aunque hay caminos para superarla si así lo propician las políticas públicas. Según el informe ‘Desigualdad extrema y secuestro de la democracia’, en los países del continente, el índice de Gini –con el que mide la desigualdad– es de 0,48, pero el de la concentración de la riqueza ya casi lo dobla (0,895).
País desigual
En Colombia, el Gini de la desigualdad, que entre más se acerca a 1 indica que el país es más desigual, fue de 0,538 en 2014, mientras que solo el 1 por ciento más rico de los colombianos concentra el 20 por ciento de los ingresos del país. (Además: El 13,5 % de la vivienda en el campo está desocupada)
Del 2002 al 2015, la riqueza de los millonarios del continente, con fortunas superiores a 1.000 millones de dólares, ha crecido al 21 por ciento anual, mientras que la producción total de la región solo lo hizo al 3,5 por ciento.
Tal realidad lleva a situaciones que no deberían tener cabida en un siglo XXI, lleno de modernismo, democracia y búsqueda de la justicia: “70 millones de personas en Latinoamérica no tienen dinero para comer” (esto es, el 11 por ciento de la población, que es de 620 millones de personas). Más inaudito aún es que “un 13,3 por ciento de los menores de cinco años en Colombia padecen desnutrición crónica”.
Apenas 9 de 25 países de la región han logrado la meta de reducir a la mitad el porcentaje de personas con hambre en los últimos 25 años”, según el informe de Oxfam. (Lea también: Distrito de riego, la menor fuente de agua en el campo)
En consecuencia, los pocos logros se podrían perder porque “200 millones de latinoamericanos estarían en riesgo de ser pobres otra vez”, señala el estudio.
Hay para todos
Lo peor es que, según Aída Pesquera, directora de Oxfam en Colombia, “es preocupante porque el país está dotado de recursos naturales, agua, tierras suficientes para poder autoabastecerse. Alcanzaría para todos”.
La talanquera, según Pesquera, es que la producción no es suficiente y es a lo que le tiene que apuntar Colombia, no solo de cara a un acuerdo de paz, sino a la crisis del sector minero-energético, que dejó ver la dependencia incorregible del país de un producto, el petróleo, que ni siquiera es nuestro fuerte (se cayó el precio internacional y el país está en aprietos porque no tiene recursos suficientes para financiar al Estado).
“Los pequeños productores, que son los que abastecen la mayor parte de comida que llega a la mesa de los colombianos, han sido olvidados durante décadas porque la inversión pública se orienta más a la agroindustria y a la minería, que no destinan las tierras a la producción de alimentos para el mercado interno sino para la agroexportación, para el mercado de los biocombustibles y la explotación de materias primas”.
El panorama del presupuesto general del 2016 así lo prueba. En medio de la austeridad, inicialmente, la asignación al sector agropecuario fue de 2,4 billones de pesos, frente a 2,8 billones para el de minas. Con algunas presiones, el del agro creció en 750.000 millones, pero el de minas también lo hizo en 320.000 millones más.
Es tal la insistencia del país en la industria extractiva que del total de 40 billones de pesos que tendrá la inversión en el próximo año, 2,2 billones serán para ese sector. Desde la perspectiva de Oxfam, “invertir más en la pequeña producción no solo ayudaría a estas personas a tener un medio de vida sostenible o escalable, sino a que el mercado nacional se abastezca e impulse el crecimiento de la economía”.
Apoyo al proceso de paz
Tras el eventual proceso de paz, el Estado debe fortalecer las políticas públicas más efectivas, considera Oxfam.
“La desigualdad no es inevitable. Colombia está en una coyuntura excepcional. Apoyamos el proceso que se está dando para lograr la paz, pero no solo es necesario firmar los acuerdos en La Habana, sino instalar políticas públicas más agresivas y contundentes para asegurar que la pobreza en el campo se acabe y se combata la desnutrición”, agrega Aída Pesquera, la directora de la entidad en Colombia.
El as principal, para Oxfam, es “separar el poder económico del político, para garantizar que los Estados sean árbitros, pero además favorecer a los excluidos; no esperar que sea el sector privado el que integre a la gente pobre, aunque lo podría hacer con más rapidez. Es el Estado la institución llamada a conseguir igualdad”.
Dentro de la lista de mercado para lograrlo, a corto plazo, según Pesquera, sería deseable “retirar el proyecto de ley de Zidres (zonas de interés de desarrollo rural, económico y social) porque facilitan la concentración y extranjerización de la tierra.Legalizaría la acumulación irregular de predios”.
