La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, instalada unilateralmente por el chavismo gobernante el pasado 6 de agosto, emitió este jueves un decreto en el que establece que solo los candidatos electos el pasado domingo a gobernadores de provincia que hayan prestado juramento ante esa asamblea podrán hacerse cargo de sus Gobiernos regionales.

“Los Consejos Legislativos no podrán juramentar a aquellas gobernadoras proclamadas y gobernadores proclamados que no hayan prestado juramento previo ante esta Asamblea Nacional Constituyente”, estipula el decreto número 41.259 publicado en la Gaceta Oficial, órgano de difusión de las leyes y actos oficiales del Estado.

La restricción afecta a los cinco candidatos de oposición que fueron reconocidos como ganadores en los comicios del domingo por el oficialista Consejo Nacional Electoral (CNE). Se trata de Laidy Gómez (Estado de Táchira), Antonio Barreto Sira (Anzoátegui), Ramón Guevara (Mérida), Alfredo Díaz (Nueva Esparta) y Juan Pablo Guanipa (Zulia). Ninguno de ellos acudió el miércoles al acto en el que la Constituyente chavista juramentó a sus 18 copartidarios proclamados gobernadores en otras tantas provincias, tal como certifica el mismo decreto.

“Quien no se juramente ante la Constituyente no podrá ejercer su cargo”, reiteró por su parte el presidente Nicolás Maduro durante el acto de posesión del nuevo gobernador del estado de Miranda, Héctor Rodríguez. Miranda es el más preciado trofeo obtenido por el chavismo en el proceso electoral del domingo, pues se lo arrebató de las manos a Henrique Capriles Radonski, gobernador saliente de la entidad, a la vez que líder nacional de la oposición y excandidato presidencial por dos veces.

Lo que podría ser el destino final de las gobernaciones conquistadas por los candidatos de oposición, ahora insumisos ante la Asamblea Constituye oficialista, se dejó entrever este mismo jueves en el Estado de Táchira, en los Andes del suroeste de Venezuela. Allí se tenía previsto en la mañana celebrar una sesión especial del Consejo Legislativo Regional para juramentar a la recién electa gobernadora, Laidy Gómez. Sin embargo, los diputados del chavismo impidieron el inicio del evento, aduciendo que Gómez no se había presentado ante la ANC. Tras torpedear el quórum, los seguidores del oficialismo le dieron a Gómez un plazo hasta el próximo martes para subordinarse ante la Constituyente. De no hacerlo, amenazaron, procederán a declarar la “falta absoluta” de la gobernadora, nombrarán a un jefe de gobierno local y convocarán nuevas elecciones en un mes.

De acuerdo con diversas versiones, en el Estado de Zulia, una rica región petrolera, industrial y agropecuaria en el extremo noroccidental del país, junto a la frontera con Colombia, se estaría desarrollando un escenario similar para forzar al gobernador electo, Juan Pablo Guanipa, a reconocer la Constituyente chavista o arriesgar su cargo sin ni siquiera haberlo ejercido.

El mecanismo podría dejar a la postre la totalidad de las gobernaciones en manos del oficialismo, incluyendo aquellas que el CNE había adjudicado a candidatos opositores tras unos comicios plagados de irregularidades y sobre los que pesa la sospecha de fraude.

La alcabala impuesta por el chavismo a los candidatos de oposición resulta ser un dilema para estos. Además de que no hay nada en la normativa vigente que ordene a las autoridades electas por el voto popular prestar juramento ante la Constituyente, de acudir ante ella los opositores se estarían desdiciendo gravemente: no reconocen al organismo, al que consideran espurio y sectario, y cuya denuncia fue uno de los grandes motivos de las protestas que asolaron las calles de Caracas y otras ciudades hasta el julio pasado.

La decisión pendiente, cualquiera que sea la que se tome, tensa además las relaciones internas en la alianza opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD), cuya cohesión ya corre peligro tras el resultado de las elecciones regionales.

Cuatro de los cinco gobernadores electos el domingo entre las filas de oposición militan en el tradicional partido socialdemócrata, Acción Democrática (AD), que dominó la política nacional durante los 40 años de democracia representativa previos al chavismo. Pragmática, su dirigencia podría resistirse a dilapidar un botín electoral que le sitúa en una posición de fuerza para negociar con sus pares de cara a las eventuales elecciones presidenciales. De hecho, su presidente, Antonio Ecarri Bolívar, aseguraba en declaraciones recientes que no se podía descartar que los nuevos gobernadores se presentaran ante la Constituyente.

Pero este miércoles el presidente de la Asamblea Nacional de mayoría opositora, Julio Borges, dirigente del partido Primero Justicia (PJ), advirtió en rueda de prensa que “los gobernadores son de la unidad, no son organismos autónomos, que nadie cometa el error de ir contra la voluntad del pueblo y de una posición política”.

Por su parte, Capriles Radonski, quien este jueves reapareció ante la opinión pública para hacer un balance del proceso electoral y de su separación de la Gobernación de Miranda, aseguró que “el que vaya y se subordine estará traicionando la confianza que le dio el pueblo en cada estado”. “¿Cómo dicen ahora que juramentarse ante la Constituyente fraudulenta es una decisión personal?”, insistió, “hay que ser coherente”.

Mientras tanto, la portavoz del Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos, Heather Nauert, calificó este jueves de “antidemocrático” el requerimiento oficialista de que los gobernadores opositores presten juramento ante la Constituyente. “Esta maniobra, que llega después de las fraudulentas elecciones del 15 de octubre, es otro ejemplo del autoritarismo del régimen de Maduro, y de su desdén por la voluntad del pueblo venezolano”, dijo.

Estados Unidos se unió a la exigencia del llamado Grupo de Lima -liga de 12 naciones del hemisferio americano que supervisan la deriva autoritaria del Gobierno venezolano- para hacer una “auditoría integral” de los resultados del domingo y del sistema electoral venezolano.