Martes, 25 de Noviembre del 2025 
El Tribunal Superior de Bogotá reconoció que la falta de pruebas en su caso producía una gran perplejidad. Estuvo detenido siete meses y fue prófugo por otros nueve.
A Horacio Puerta Barrera lo llaman los bancos casi todos los días. Quieren saber cuándo saldrá de sus listas de deudores morosos, qué tiempo le tomará saldar sus deudas con ellos, cuánto les podrá entregar en la cuota del próximo mes. Puerta ya ni sabe cómo explicarles que apenas se está recuperando económica y moralmente, que estuvo sin trabajo casi un año porque era un prófugo de la justicia, pero que su pesadilla ya llegó a su fin: como quien esquiva una bala que iba directo al corazón, Puerta fue absuelto casi un año después de haber sido condenado en primera instancia a 41 años de prisión por un crimen que, asegura, no cometió.
Su vida se volvió una pesadilla el 9 de febrero de 2010. Ese día fueron acribillados Leonardo Guzmán Gantiva y Yeisson Naranjo Fernández en la vía hacia Fusagasugá (Cundinamarca), y las indagaciones de la Fiscalía terminaron apuntando a que Horacio Puerta, entonces un escolta del DAS, miembro del esquema de protección de la ONG Corporación Sembrar, era el responsable. Según la Fiscalía, Puerta había asesinado a los dos hombres e intentado huir y, de no ser por la rápida reacción de la Policía, habría logrado desaparecer sin dejar rastro de que era el autor del crimen.
Ese mismo mes de febrero de 2010 fue capturado. Estuvo detenido un par de días en Fusagasugá y fue trasladado a la cárcel La Modelo de Bogotá, donde permaneció casi una semana. “Me tocó hacerme pasar por un delincuente pesado para sobrevivir. A todo el que preguntaba le decía que yo estaba allí por homicidio y porte ilegal de armas y con eso me ganaba su respeto. No era lo mismo si decía que estaba ahí por hurto. Me tocó decir que yo era un maloso, y ahora que lo pienso me da es risa”, recuerda Puerta, quien nunca antes había puesto un pie en un centro penitenciario. El desaseo, el hacinamiento y los olores putrefactos se quedaron para siempre en su memoria.
Su abogado, Jorge Molano, consiguió que le otorgaran detención domiciliaria. Así, Puerta salió de la cárcel y se fue para el apartamento que entonces compartía en Bogotá con un amigo. “Las deudas colapsaron”, dice. Vivía de sus ahorros, del dinero o la comida que le podía dar su novia, y se atrasó en todas las obligaciones financieras. Hacía poco había comprado un apartamento y por poco se lo quita el banco: “Mi propiedad se salvó porque me prestaron plata, pero todavía le estoy debiendo a quien me prestó”, señala.
Permaneció casi siete meses, viviendo en su casa-cárcel. Su familia no podía ayudarlo porque, al contrario, solía depender de los aportes de él: su mamá fue ama de casa toda la vida y sus hermanos a duras penas podían con sus propios gastos. Junto con su amigo, se vio forzado a terminar el contrato de arrendamiento y se fue a vivir al apartamento que había comprado, que todavía estaba en obra negra. En septiembre de 2010 recuperó la libertad y fue contratado de nuevo por la empresa de seguridad que había firmado con el Ministerio del Interior cuando el DAS empezó a prescindir de sus esquemas de seguridad.
La dicha duró poco. En febrero de 2011, el juez penal del Circuito de Fusagasugá le dio credibilidad a las evidencias que la Fiscalía expuso a lo largo del juicio. Entre ellas, que aunque no se había logrado demostrar “una participación directa” de Puerta en el crimen, el hecho de que él estuviera cerca del lugar donde ocurrió era un indicio claro de su responsabilidad. El ente, incluso, resultó esgrimiendo un argumento que haría sonrojar a cualquier conocedor del derecho penal: “La Fiscalía no está obligada a realizar una investigación integral, correspondiéndole a la defensa probar cosa contraria”, como si el demostrar la culpabilidad de Puerta o de cualquier otro no fuese tarea del Estado.
El día que el juez leyó el fallo en su contra, Puerta regresaba de Cali a Bogotá. Su defensor lo enteró cuando iba bajando de La Línea. “Me quedé en Melgar, le entregué a mi compañero mis elementos de trabajo y me fui para Ibagué. Allí tomé la decisión de volverme prófugo. Prefería estar huyendo a pasar 41 años en una cárcel por un crimen que no cometí, y más sabiendo ya cómo era la cárcel”, dice. Según el juez, el hecho de que Puerta Barrera estuviera cerca de la escena del crimen y que supiera manejar armas “la forma en que opera la criminalidad, así como de estrategias evasivas”, era “indicio de capacidad para delinquir”.
Puerta Barrera, mientras tanto, se fue a vivir con amigos que residían fuera de Bogotá. “Por acá ni se aparezca que lo están buscando”, le advirtieron en su trabajo. Pasaba los días encerrado, viendo televisión, haciendo ejercicio, fumándose una caja de cigarrillos diaria. Perdió 10 kilos. Un diente se le cayó. Fue la primera circunstancia que lo obligó a dejar el encierro. Algunos días trabajaba como obrero, pero como no tenía plata para almorzar se sostenía todo el día con café e iba y regresaba del trabajo a pie. Su hermano le envió su cédula y un día se atrevió a salir a rumbear por invitación de unos amigos, con tan mala suerte que ese día la Policía hizo una redada en el lugar. Le pidieron el documento, pero no se dieron cuenta.
“No sé si no me suicidé por cobarde o por macho, pero de verdad que fue algo traumático. Esto me quitó media vida”, dice Puerta. Entretanto, su abogado seguía dando la batalla jurídica por él, hasta que el Tribunal Superior de Bogotá, hace un par de meses, encontró un extenso listado de yerros por parte del juez de Fusagasugá. Encontró que Puerta Barrera se había presentado en la Estación de Policía de Chinauta a las 10:45 p.m. como escolta del DAS, y que allí había permanecido por lo menos ocho minutos. El homicidio de Leonardo Guzmán y Yeisson Naranjo había ocurrido a las 10:55 p.m. por lo que, anotó el Tribunal, era imposible estar en dos lugares al mismo tiempo.
Puerta se reportó en Chinauta (municipio de Cundinamarca) porque iba a trabajar allí como escolta de Jairo Enríquez, un miembro de la Corporación Sembrar. Según la Fiscalía, ese hombre no existía y la directora de Sembrar había dicho que el escolta no tenía razón para estar en Chinauta la noche del 9 de febrero de 2010. Sin embargo, el Tribunal halló que fue la propia directora de la corporación quien testificó que Enríquez iba a Fusagasugá a arreglar un asunto de la ONG, que se iba a quedar en Chinauta y que Puerta Barrera oficiaba ese día como su guardaespaldas.
El Tribunal concluyó que ni siquiera la reconstrucción de los hechos estaba clara, ni por parte de la Policía ni de la Fiscalía. Agregó que no se entendía por qué, si había testigos y una bitácora firmada que indicaban que Puerta estaba en la Estación de Policía de Chinauta minutos antes de los asesinatos, la Fiscalía había descartado esta prueba, aunque fuera para admitir que había lugar para la duda. El Tribunal añadió que la Fiscalía ni siquiera había establecido un móvil para demostrar una relación entre Puerta y el crimen: “La perplejidad es la que campea de cara a la realidad probatoria”, resaltaron los magistrados.
Puerta vive hoy en Valledupar. Lo volvieron a contratar en la empresa de seguridad con la que trabajaba cuando fue capturado. “Aquí estoy solo, pero por lo menos trabajando —expresa—. Todavía le debo a algunos amigos, pero los que más te cobran son los bancos”. La Fiscalía no refutó la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, así que del mal sueño se puede decir que ya despertó. “Creí que la pesadilla iba a ser más larga”, admite. Sin embargo, este cucuteño de 39 años, que trabajó para ayudar en su casa desde que tenía 12, dice que el próximo paso es una demanda contra la Nación, la cual presentará este mes: “Se queda uno con la sensación de que aquí la justicia es para los más pendejos”.
Fuente Diario el Espectador.
