Sobre el final de la semana pasada, la administración distrital convocó a una reunión con los voceros de las bancadas en el Concejo que fue cancelada por la presidenta del Cabildo, María Clara Name. El objetivo del encuentro era trabajar en una salida conjunta a los errores y el descontento general frente a la valorización.
La reunión fue suspendida, pues en el grueso de los concejales de la oposición cayeron muy mal las declaraciones a la prensa de que los errores en la valorización era un producto de “ellos”. Al mismo tiempo, muchos hicieron el cálculo de que no era conveniente ir a una reunión con la Alcaldía antes de que este martes y miércoles se celebre un debate en la comisión de hacienda del Concejo sobre la valorización.
Denuncias sobre errores en el sistema de facturación del IDU, la falta de recursos para la ejecución de obras ya cobradas y la poca utilidad de un estudio de pago tardío que desarrolló el Distrito sobre los contribuyentes afectados por el cobro, serán las que hagan los cabildantes. De esa manera, la responsabilidad, ante la opinión pública, no podría ser atribuida, en su totalidad, a la decisión que tomó el Concejo en el año 2005 de aprobar el acuerdo 180, que actualmente regula la valorización. Además, muchos de los cabildantes de aquella época hoy no están en la corporación.
“Cómo puede ser nuestra responsabilidad, si los asuntos tributarios solamente pueden venir por iniciativa del alcalde. Todas las bancadas nos mostramos en desacuerdo con la forma como se vienen haciendo las obras y los cobros de valorización, pero el año pasado vinieron fue a pedir plazos y presupuesto para unas obras y no a modificar lo sustancial del 180”, dice uno de los concejales opositores, Darío Fernando Cepeda.
“El alcalde debió venir el año pasado a decir que modificáramos ese acuerdo. Faltó previsión. Hay gente que está pagando la parte final de las obras del grupo II, que se les juntó con el inicio de las obras del III”, le dijo a este diario el concejal de la bancada de gobierno, el progresista Carlos Vicente de Roux.
Como el alcalde no pidió la modificación, y la administración hizo el estudio de pago tardíamente, los cobros de valorización quedaron en pie y hoy están despertando la ira en muchos vecindarios de la capital. Por eso, ahora la solución en la que coinciden todas las bancadas es que, primero, como un acto administrativo, el alcalde suspenda el cobro y, luego, que la administración presente con un mensaje de urgencia un proyecto de acuerdo para modificar el 180.
En ese proyecto estarían inscritas las ideas del alcalde, que ya varios cabildantes liberales habían propuesto, de cobrar por las obras una vez se entreguen y exonerar del pago a los hogares pobres de la capital.
Para eso era la reunión, para discutir con las bancadas el cómo y la favorabilidad que tendría un acuerdo que modificaría, en gran parte, la forma como se desarrollarían las más importantes obras de movilidad en la ciudad. Las declaraciones del alcalde cayeron mal, el debate fue visto como una oportunidad y a eso se suma que, “ni por equivocación”, la oposición quiere entrar al Palacio de Liévano (despacho del alcalde).
“Si nosotros vamos allá luego dicen que estamos ‘pidiendo cacao’ para desembarrarla ante los bogotanos o que vamos a pedir puestos para tramitar la modificación de la valorización. Por otro lado, al alcalde no le gusta venir al Concejo. Lo más sano es que nos reunamos en un lugar “neutral” y busquemos la mejor opción para la ciudad” sostuvo el concejal verde, Antonio Sanguino, quien además dijo que, si ese diálogo y la radicación del proyecto de acuerdo se dan antes de finalizar esta semana, “es posible que antes de que se venza la fecha de pago con descuento (28 de febrero) podamos sacar adelante la valorización”.
Si bien el cobro está hecho, aún hay soluciones para las personas que no tienen capacidad de pago. Incluso, después de esta controversia pueden salir del Concejo opciones para que la ciudadanía tenga más información sobre la valorización. El concejal Miguel Uribe está trabajando en un proyecto de acuerdo para que se desarrolle en el IDU un sistema en línea que relacione las obras, los pagos y la facturación con los datos exclusivos de cada propietario de predio.
Ahora, las esperanzas de la administración y de los concejales está en la reunión que aún no tiene fecha, los acuerdos a los que allí se lleguen, una solución para la ciudadanía y, sobre todo, en una negociación que mejore la percepción de los bogotanos sobre el trabajo que ambos vienen desarrollando a la que solo podrán llegar bajándole el tono a la confrontación y trabajando mancomunadamente.