Los números para el presidente de Estados Unidos, Barack Obama no parecen equilibrados: son cien días de un segundo mandato en los que su popularidad está en un 49 por ciento y que le han dejan un triunfo, un fracaso y una bomba de tiempo que podrían cincelar su nombre en la historia, para bien o para mal.
El triunfo: un proyecto de ley bipartidista para una reforma migratoria que es debatida en el Congreso y que estipula un plazo de 10 años para la legalización de la situación de los indocumentados, dedica 3.000 millones de dólares a la seguridad fronteriza y sanciona a empresas que contraten a personas “sin papeles”.
Sin embargo, los legisladores no apoyan los esfuerzos del mandatario por impulsar normas más restrictivas sobre la posesión de armas en medio de un encendido debate mediado por las emociones en el que se recuerdan constantemente las recientes masacres en una sala de cine en Colorado y en la Escuela Primaria de Sandy Hook, en donde murieron 20 niños.
“La discusión siempre ha sido sobre el porte de armas y que haya controles en la venta de armas, pues la gente puede comprar fusiles en una armería, con el argumento de la libertad”, dijo a este diario Mauricio de Vengoechea, experto en manejo de situaciones de crisis del Newlink Research.
El pasado 17 de abril una enmienda bipartidista sobre la verificación de antecedentes de los compradores de armas no obtuvo en el Senado el mínimo de 60 votos necesario para continuar su tramitación.
Pero la situación que tiene al mandatario haciendo malabares corre por cuenta del conflicto sirio, en el que, al parecer, se han utilizado armas químicas, un hecho que llevó a los legisladores republicanos a presionar a Obama para que intervenga militarmente.
Sin embargo, el director del Council on Hemispheric Affairs, Larry Birns, aseguró a EL COLOMBIANO que una nueva guerra reduciría aún más la popularidad del líder. “No creo que sea fácil convencer a los estadounidenses de emprender otra aventura bélica en Medio Oriente”, aseguró.
Por último, los desacuerdos entre Obama y el Congreso sobre la reducción del déficit público derivaron en recortes automáticos por valor de 85.000 millones de dólares.