Crisis de las cárceles

Con expectativas moderadas y el convencimiento de que apenas resolverá en forma parcial la crisis del sector, fue recibida en Antioquia la declaración de la emergencia carcelaria por el presidente Juan Manuel Santos. 

El hacinamiento en el país alcanzó un nivel del 54.5 por ciento, es decir, que para una capacidad de 75.726 cupos, hay una población carcelaria de 113.890, según la Defensoría del Pueblo. Para el secretario de Gobierno de Medellín, Jorge Mejía Martínez, permitirá agilizar los términos de contratación para construir nuevas cárceles o ampliar pabellones en las de Bellavista, El Pedregal y Puerto Triunfo.

“En cualquiera de esos centros estamos dispuestos a acatarlo”, dijo, y en cambio sostuvo que no tendría sentido invertir en un espacio que existe en la sede del CTI en Guayabal para acomodar 150 presos.

Esas obras tendrían un costo aproximado de 2.000 millones de pesos, recursos que prefiere entregar al Inpec para ampliar alguna de las existentes y por esa vía descongestionar el panorama regional actual.

Para dar un ejemplo del tamaño del problema, observó que a pesar del esfuerzo de la semana pasada para desocupar los calabozos del Palacio de Justicia, por emergencia humanitaria, hoy ya se tienen otros 60 presos nuevos.

“En ocho días vamos a ver la misma situación y tocará correr de nuevo, es un ciclo repetitivo, necesitamos una solución de corto plazo para aliviar el hacinamiento”, advirtió.

El subsecretario de Gobierno de Antioquia, Esteban Mesa, coincidió en que se están explorando posibles lotes para construir nuevos pabellones cerca a El Pedregal, mientras que se podrían aprovechar los que tiene el Inpec en alrededores de la cárcel de Itagüí. Y sugirió que con la ayuda del Ejército se agilizaría el proceso de construcción.

El personero de Medellín, Rodrigo Ardila, confió en los beneficios de la emergencia y que las personas privadas de la libertad reciban una calidad de vida mejor que la que tienen. El Pedregal, comentó, no tenía hacinamiento, pero con el cierre de Bellavista se convirtió en otra sobrepoblada de internos.

Carlos Contreras, director de Construyendo Nuevos y Mejores Caminos, organización que trabaja por la defensa de los derechos de los presos, dijo que si bien la emergencia generará trámites administrativos más rápidos y generará partidas presupuestales que no se tenían, no será suficiente.

Se identificó con el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, en el sentido de que no va a impactar en gran medida un problema de proporciones descomunales.

“Es como si tratáramos un cáncer con acetaminofén”, afirmó Contreras y puso como ejemplo de respaldo el que llamó un caso de morbilidad sin precedentes en Bellavista. En dos años largos han muerto 39 presos: Este año van 8, el año pasado 18 y 13 en 2011.

Según Contreras, el presidente Santos tiene atribuciones en el artículo 215 de la Constitución para tomar medidas reales y “cambiar el acetaminofén por exámenes profundos y quimioterapias”, pues la emergencia lo único que hace es alargar el sufrimiento de los reos.

Entre ellas, apreció las de crear más jueces de penas y medidas como una reforma al Código Penal y habilitar partidas extraordinarias para atender a la población afectada.

Lo más urgente, para Mejía, es activar un programa de descongestión por la vía de sacar los reclusos que estén por delitos menores o pena cumplida.

En Antioquia tiene la expectativa de que se agilice la apelación del Inpec a la tutela que prohibió el acceso de más internos a las cárceles de Bellavista y El Pedregal.