Domingo, 4 de Mayo del 2025
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El gobierno Correa ha chocado repetidamente con los medios.

Publicado el 14/06/13

La oposición de ese país denuncia ley de comunicaciones como una mordaza.

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Los principales periódicos colombianos denuncian, en un editorial, el proyecto de Ley de Comunicación de Ecuador, del que dicen puede ser “la estocada final” a la libertad de prensa en el vecino país.
Nohora Sanín, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Diarios (Andiarios), dijo: “El texto que se conoce, que sería aprobado este viernes, convierte en servicio público las comunicaciones, lo que abre la posibilidad de intervención, control y vigilancia estatal de los medios, incluso en el tema de contenidos. El proyecto llega a redactar normas éticas y pone en peligro el secreto profesional y la reserva de la fuente”.
El proyecto establece que 34 por ciento de las frecuencias sean concedidas a medios comunitarios; 33 por ciento a públicos, y 33 por ciento a privados con fines de lucro. El sector privado controla actualmente el 85,5 por ciento de las frecuencias radiales y 71 por ciento de las televisivas, según la estatal Superintendencia de Telecomunicaciones.
‘Linchamiento mediático’
La ley se enmarca en la disputa entre el presidente Rafael Correa y un sector de la prensa al que acusa de manipular la información y adelantar una campaña de desprestigio y desestabilización. Sanín agregó que es posible, incluso, que se hagan cambios de última hora al texto, aunque ya se cursó el segundo debate.
“Se habla de la creación de una Superintendencia para el control de las actividades de medios y de tipificar como delito el ‘linchamiento mediático’. Falta ver cómo lo van a definir después, pero es obvio que amenaza al periodismo de investigación. Incluso se habla de que los medios tendrían que publicar de manera gratuita la publicidad oficial, lo que claramente los dejaría amarrados”.
Esto se suma a normas que ya han sido aprobadas, como prohibir a periodistas, propietarios y socios de medios que participen en cualquier otra actividad económica, además de las descalificaciones, de las presiones y los abusos”, puntualizó Sanín.



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