Jueves, 15 de Mayo del 2025 
Luego de que el Gobierno diera por suspendidos los diálogos con los campesinos del Catatumbo, debido a que los labriegos se niegan a levantar los bloqueos de vías y el Ejecutivo no define nada sobre la instalación de una Zona de Reserva Campesina, se avivaron las críticas mutuas entre la ONU y Bogotá, luego de que el Gobierno tildara de “irresponsables” las denuncias de las Naciones Unidas sobre el uso excesivo de la fuerza.
La discusión, a raíz de la muerte violenta de cuatro campesinos, al parecer a manos de la fuerza pública, se mantiene en vísperas de la visita a Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, la próxima semana.
Ayer, el director de la Policía, general José Roberto León Riaño, dijo que la actuación de los uniformados fue “profesional” y “gradual” y aseguró que ante las protestas “hubo la necesidad de actuar con contundencia y vehemencia para evitar males mayores a la población”.
En respuesta, el representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Todd Howland, defendió el posicionamiento de su Oficina y constató que los campesinos murieron como consecuencia de disparos de armas largas.
Al respecto, advirtió que “hay pocos que tienen estas armas largas (en Colombia): la fuerza pública, el movimiento rebelde y las bandas criminales y en este caso podemos ver que la fuerza pública (…) estaba en el lugar”, dijo Howland en una entrevista a la emisora capitalina Blu Radio.
Así mismo, Howland invitó a la Fiscalía a que investigue “si la fuerza publica utilizó o no su fuerza de forma apropiada”.
Concluyó que la ONU no pudo constatar si las protestas están infiltradas por las Farc, tal y como aseguran la Policía y el Ejecutivo: “no podemos decir si ahí está la guerrilla”.
