Tras acuerdo con CPI, Santos dijo que colombianos sentenciados podrán pagar la pena en Colombia.
El Gobierno colombiano suscribió un acuerdo con la Corte Penal Internacional (CPI) en el que se establece que cualquier condena de ese tribunal internacional contra un ciudadano de este país cumplirá la condena en Colombia.
Así lo anunció el mismo presidente Santos en su cuenta de Twitter: “Sancionamos acuerdo con la Corte Penal Internacional que permite que colombianos condenados en esa corte cumplan su pena en Colombia”.
El objetivo de la iniciativa, presentada al Congreso por el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, y la canciller María Ángela Holguín, es que Colombia está en la lista de estados que estarían dispuestos a recibir a un condenado por ese tribunal internacional.
Es decir que, en un caso hipotético, se podrán recibir a ciudadanos colombianos sentenciados por ese tribunal. No obstante, para llegar a este punto, la CPI revisa todo tipo de circunstancias, antecedentes e incluso mira la infraestructura carcelaria del país para pedirle a un Estado que reciba a un condenado.
El Gobierno afirmó, en el 2011, que con la firma de este acuerdo “Colombia demuestra que encuentra en la Corte Penal Internacional a una aliada en la lucha contra la impunidad de los crímenes que conmueven la conciencia de la humanidad y ratifica su disposición para que se siga empoderando el régimen del Estatuto de Roma, en tanto este requiere, para su eficacia, de la plena cooperación de los Estados partes”.
Con esta decisión, el país, entonces, declara que está dispuesto a recibir a sentenciados por ese tribunal internacional tal como lo establece el artículo 103 del Estatuto de Roma: “La pena privativa de libertad se cumplirá en un Estado designado por la Corte sobre la base de una lista de Estados que hayan manifestado a la Corte que están dispuestos a recibir condenados”.
Cabe recordar que en La Haya, sede de la CPI, hay un complejo de cárceles que es utilizado por varios organismos internacionales. Sin embargo, estas son usadas como medida preventiva, con el fin de que el sindicado atienda a las audiencias de la Corte Penal.