Las obligaciones en la exploración minera

El ministro del Interior, Aurelio Iragorri, habló sobre las falencias de la industria a la hora de dialogar con comunidades.

Las obligaciones en la exploración minera. “Sin los hidrocarburos y las minas tendríamos una economía paupérrima”: Aurelio Iragorri.
“Sin los hidrocarburos y las minas tendríamos una economía paupérrima”: Aurelio Iragorri.

La imagen de gran depredador que se le ha atribuido a la minería tiene dos caras: la ambiental y la social. A su vez, la minería presenta tres vertientes: a gran escala, informal e ilegal. Para la Asociación de minería a gran escala, a ellos se les ha indilgado las culpas de las malas actuaciones de los que explotan los recursos de manera ilegal.

En adición, fuera del tema ambiental, el diálogo y los acuerdos con los indígenas y minorías étnicas es otro gran dolor de cabeza para el sector. Los colombianos han visto como algunos acuerdos de reubicación se asemejan más a procesos de desplazamiento.

Por lo general las zonas que se desean explotar son habitadas por pequeñas comunidades y por ley cualquier intervención que se desee hacer en la zona debe ser concertada. El exmagistrado de la Corte Constitucional Jaime Córdoba Triviño aclaró que antes de iniciar cualquier obra se debe hacer una consulta previa (así lo establece la directiva presidencial N° 10 de 2013, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Declaración de la ONU sobre derechos indígenas 2007).

Consultas no solo a indígenas y minorías étnicas

Sin embargo, Córdoba es categórico al afirmar que la jurisprudencia no solo aplica para pueblos afro e indígenas, sino que “se extiende a cualquier comunidad agrícola o formalmente asentada en cualquier zona de influencia del proyecto minero”.

Para el exmagistrado es importante aclarar cómo debe ser la consulta. En primer lugar debe ser más que una notificación o una simple información a la comunidad y se deben entablar unas conversaciones preliminares o preconsulta. “Esto se debe hacer con anticipación al comienzo del proyecto, basado en el mutuo acuerdo y en el principio de buena fe”.

Dentro de las falencias de esta etapa de consulta previa está el que no existe un término para la consulta, razón por la cual esta etapa a veces se ha extendido meses y hasta años. Para ello se propone que el término y el procedimiento de las conversaciones sean fijados en la preconsulta de común acuerdo con la comunidad.

Cuando las comunidades se multiplican

El sector de la minería a gran escala y el gobierno nacional han planteado algunas irregularidades que se presentan con los nuevos proyectos. Después de empezar la etapa de consulta previa aparecen más comunidades que supuestamente resultan afectadas, pero que no aparecían cuando se hicieron las consultas ante los organismos correspondientes para identificar las poblaciones que se podrían afectar.

“Mueven a los indígenas o afros y los ponen donde va a ser la explotación y parte de eso ocurre porque las empresas comienzan a dialogar con el que no toca, con quien no representa a la comunidad. Es necesario involucrar más a las autoridades locales como las alcaldías y gobernaciones”, aseguró el ministro del Interio Aurelio Iragorri. “Vamos a reprender a los que abusan de la consulta previa para beneficio personal” añadió.

El ministro plantea que el éxito del diálogo entre la empresa y la comunidad debe identificar qué se puede cambiar y efectivamente cambiarlo. Hay aversión contra la minería responsable por no saber escuchar. “Hay que buscar corregir los errores de la industria de no hablar con las comunidades ni hablar con las autoridades locales, esto es lo que les ha generado problemas”.

Las empresas mineras representaron en 2012 el 80 % de lo que fue la inversión social en Colombia. Por eso, el jefe de cartera asegura que no se puede de tajo entrar en ese dilema de minería o medio ambiente, y que ese es un dilema falso en el que no puede caer el pueblo colombiano.

“La minería tiene tres obligaciones: la social, la económica (regalías) y la ambiental. En la medida que tengamos una explotación que cumpla con estas tres obligaciones, estoy seguro que la recompensa será la posibilidad de más trabajo bien hecho”, aseguró el ministro.

Asimismo el gobierno considera que la industria minera tiene que entender que la consulta no es para cumplir con un procedimiento sino para cumplir con su obligación social de ahí en adelante. Pero también rechaza posiciones extremas como la no explotación minera en Colombia ya que según el ministro Iragorri si se quitan los ingresos obtenidos con los hidrocarburos y las minas, se estaría en una economía absolutamente paupérrima.

“Uno no puede pretender que esa explotación se detenga pero debe exigir que esa explotación sea responsable. Este gobierno solo quiere proteger esta industria, impulsarla y defenderla y ser el garante de que este proceso se haga bien con las comunidades”, finalizó el ministro del Interior.

La consulta previa para lo que debe ser

La ministra de Medio Ambiente, Luz Helena Sarmiento, asegura que las consultas previas son para que la comunidad esté enterada de cómo va a ser el proyecto, cómo se van a beneficiar o afectar. Es una oportunidad para dialogar y participar de forma efectiva para fortalecer las comunidades.

“En muchas consultas no se fortalecen las comunidades sino que se les occidentaliza y van perdiendo sus valores. Un acuerdo no puede ser unos puestos de trabajo o unas camionetas, sino un programa integral que fortalezca culturalmente a las comunidades. No se puede convertir en un ‘qué me da usted y yo le firmo’”.

En el Congreso la ministra también habló sobre la delimitación de Santurbán y dijo que esta estará lista para después de las elecciones de marzo. “Nos aseguraremos que las comunidades que habitan en el páramo por ningún motivo vayan a quedar como ilegales”.

También se refirió a las investigaciones en contra de Drummond por el daño ambiental en la bahía de Santa Marta, respecto a esto dice que están en periodo de pruebas y que las conclusiones espera estén listas dentro de un mes. “Lo más probable es que se trate de una multa económica porque la mancha se diluyó, si se puede comprobar quién fue. La tasa máxima sería de 2.500 salarios mínimos diarios”.

Otro punto importante es que el Ministerio solicitará que las empresas mineras soliciten licencia ambiental para la parte exploratoria y no solo de explotación, tal como ocurre con el petróleo.

Informacion Semana.com