Viernes, 2 de Mayo del 2025 
Los distribuidores de combustibles del país, agremiados en la Federación Nacional de Combustibles derivados del petróleo (Fendipetróleo), aseguraron por las demoras en los trámites ante la Secretaría Distrital de Ambiente, por lo menos un centenar de estaciones de servicio de la capital están operando sin permiso de vertimientos.
De acuerdo con el gremio, pese a que la norma establece un máximo de 90 días para que la autoridad ambiental les expida a las gasolineras un certificado de vertimientos, necesario para vender combustible, al menos 100 –solo en Bogotá- no ha tenido respuesta efectiva, pese a que radicaron papeles con tiempos que sobrepasan los dos, tres y hasta cuatro años.
Hace tres meses, cuando la cifra fue puesta en conocimiento del Distrito por Fendipetróleo y el Fondo de Protección Solidaria (Soldicom), el listado de estaciones que esperaban dicha certificación solamente en Bogotá alcanzaba los 137 nombres.
En consecuencia, en su momento había 9 puntos que habían sido bloqueados en el Sistema de información de Combustibles Líquidos (Sicom), es decir, que no se les despachaba combustible para la venta y otras 48 que estaban a punto de ser bloqueadas por falta del certificado.
“Nosotros somos los más interesados en que se cumpla la norma, porque si no cumplimos, simplemente nos cierran. A otros sectores los multan o los sancionan, pero a nosotros nos cierran”, enfatizó Viviana Rodríguez B., directora del departamento jurídico ambiental de Soldicom, el fondo parafiscal que es administrado por Fendipetróleo.
La situación puede ser más grave, ya que a juicio de Rodríguez, debido a que no hay unidad de criterio para la aplicación de la norma nacional de vertimientos. “Hay lugares en el país en que la tarea de entregar el certificado ha sido delegada en instituciones que no son autoridad ambiental”, señaló.
Fendipetróleo señaló que hay reportes sobre autoridades ambientales que le hacen el ‘quite’ a esa responsabilidad, ya que el Ministerio de Minas y Energía debió llamarle la atención a una Corporación Autónoma Regional que estaba dilatando el cumplimiento de la ley en este aspecto y recordarle su obligación de expedir dicho certificado.
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