Sábado, 3 de Mayo del 2025 
Siete jóvenes que tenían todo comprado para ingresar a la Policía como alumnas en la Escuela de Carabineros Mayor General Manuel José López Gómez, de Vélez (Santander), no lo pudieron hacer. Una decisión de última hora de la institución dijo que no estaban admitidas.
“Cuando a mí me dicen usted es apta y preséntese el lunes (26 de enero) en la escuela de Vélez, estoy totalmente segura”, dice Estefanía Figueredo, una de las afectadas, quien agrega, que, además, le indicaron dónde conseguir un listado de elementos que debía llevar el día de la presentación, “todo suma unos seis millones de pesos; con el computador, el módem, transportes, chaqueta, códigos, maletas, ropa interior, entre otras cosas”, afirma.
Las jóvenes, desconocidas entre sí, coincidieron el pasado lunes en horas de la tarde en la Escuela de Policía General Santander, en el sur de Bogotá, donde junto a sus familiares exigían una explicación.
“Yo firmé todas las actas, la médica me notificó, nos felicitó, nos mandaron por una lista para comprar todo lo que se necesitaba”, afirma Jessica, otra aspirante.
“Yo no me iba a cortar el cabello porque se me dio la gana, no, yo me corté el cabello porque se me exige en la lista para ingresar a la escuela”, narra Jennifer Jaimes, otra de las jóvenes, quien asegura que retiró el dinero que había guardado en el Fondo Nacional del Ahorro para cumplir su truncado sueño.
Por su parte, el Director de Incorporaciones de la Policía, general Carlos Rodríguez, contrario a lo que dicen las jóvenes, él asegura que ellas no fueron notificadas, y que no sabe por qué la médica laboral y los uniformados las felicitaron.
“El acta como tal de los admitidos no está firmada por ellas, porque yo la revisé”, aseguró el oficial.
Los familiares de las mujeres dicen que el pasado lunes les prometieron una llamada que no ha llegado, además esperan les expliquen, entre otras cosas, por qué les autorizaron comprar elementos de uso privativo de la institución si supuestamente no habían sido admitidas.
La subdirectora de la institución, general Luz Marina Bustos, asumirá la investigación, y el organismo notificó que se abrió un proceso administrativo interno para tomar correctivos frente a los funcionarios que habrían propiciado confusiones.
El general Carlos Rodríguez agregó que se contemplaría devolver el dinero consignado por las aspirantes, el cual supera un millón doscientos mil pesos; pero que la institución no se puede responsabilizar por los elementos comprados por las jóvenes.
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