Viernes, 16 de Mayo del 2025 
La controversia que ha generado la operación en el país de plataformas tecnológicas de transporte (Uber), ya empieza a tener sus primeros capítulos en los estrados judiciales.
Recientemente se conoció que una agremiación de taxistas instauró una acción de tutela contra el Ministerio de Transporte, proceso del que también fueron llamados a participar el Ministerio de las TIC y la compañía Uber.
La tutela, entablada por la Asociación de Propietarios y Conductores de Taxis (Asoproctax), fue acogida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, solicitaba que las plataformas tecnológicas se constituyeran en empresas de transporte para “poder competir en igualdad de condiciones”.
Sin embargo, las pretensiones de los taxistas iban más allá y buscaban que servicios como el de Uber dejaran de funcionar en el país de forma definitiva, por lo que solicitaron que se “ordene a la inmediata desactivación de dichas plataformas tecnológicas por generar un grave perjuicio al gremio de taxistas a nivel nacional”.
Como parte del proceso jurídico, el Tribunal de Cundinamarca solicitó a la agremiación de taxistas informar “qué requisitos exigen los propietarios de taxis a los conductores asalariados al momento de emplearlos, qué capacitación se les imparte en materia de atención al usuario, cumplimiento de las normas de tránsito, cultura ciudadana y seguridad vial, y si existen controles internos de las empresas frente a las faltas contra los usuarios o por conducción peligrosa o desatención de las normas de tráfico”.
Así mismo, la Secretaría de Movilidad de Bogotá fue requerida para que informara qué requisitos deben cumplir los ciudadanos para poder conducir un vehículo de servicio público tipo taxi, cuáles son los controles y sanciones que se aplican frente a las infracciones contra los usuarios tales como negarse a transportarlos, o por conducción peligrosa, entre otros aspectos.
Luego de analizar las respuestas entregadas por las entidades y empresas involucradas, la decisión del magistrado Samuel Jose Ramirez Poveda fue la de negar la tutela contra el Ministerio de Trasporte, lo que por ahora deja sin fundamento jurídico la solicitud de desactivación de la aplicación tecnológica Uber.
Solicitudes similares habían sido llevadas tanto al Ministerio de Transporte como al de las TIC por parte de los transportadores, sin embargo no había prosperado gracias a que el bloqueo de una aplicación o contenido en internet no se puede adelantar a menos que se cuente con una orden judicial.
REDACCIÓN TECNÓSFERA
