El mandato de Otto Pérez Molina como presidente de Guatemala recibió este fin de semana estocadas que podrían ser mortales, al ser señalado el viernes como el líder de una organizada estructura de corrupción dentro del ente recaudador de impuestos, que robó millones de dólares al Estado.
Tres días después, el clamor popular que han generado estas revelaciones está lejos de acabar, y un clima de desplome se siembra sobre los cimientos del gobierno guatemalteco. ¿Qué pasará en el país centroamericano frente a los casos de corrupción y el descontento ciudadano?
Pérez vivió el viernes su peor día en el cargo, junto a la exvicepresidenta Roxana Baldetti, arrestada en un hospital privado como supuesta cómplice del mandatario y de otras 27 personas de la red criminal. Fiscales del Ministerio Público (MP) y siete policías fueron los encargados de realizar el arresto.
El MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) —ente creado por ONU en 2007 para investigar estructuras clandestinas dentro el Estado—, convocaron a la prensa para informar sobre la red criminal bautizada como “La Línea”.
“Tenemos que decirlo, muy lamentablemente, pero al frente de la estructura está el señor presidente de la República, Otto Pérez Molina, y la señora vicepresidenta en aquel entonces, Ingrid Roxana Baldetti”, aseguró el abogado colombiano Iván Velásquez, comisionado de la Cicig.
Activistas y ciudadanía en Guatemala consideran esta noticia esperanzadora para el país. Pero no está claro que en un futuro puedan decir que se sanearon sus instituciones frente a la corrupción.
Así se expresó, en diálogo con EL COLOMBIANO, Carmen Ibarra Morán, directora del Movimiento Pro Justicia de dicha nación.
“Lo que está sucediendo en el país es muy positivo, porque si bien afrontamos una situación de inestabilidad política y poca gobernabilidad, se están esclareciendo, después de décadas, las estructuras de corrupción que tanto daño le han hecho al país”, afirmó.
¿Qué resta por hacer y qué va a ocurrir? Ibarra considera que “ante la actuación criminal de este gobierno, es necesario que se sigan los procedimientos constitucionales rumbo a un gobierno de transición, porque es claro que no hay condiciones para ir a votación. Diversos sectores políticos piden esta salida”, agregó.
Los que eran hasta ayer el ministro de Economía, Sergio de la Torre; la ministra de Educación, Cinthia del Águila; y el comisionado presidencial para la competitividad, Juan Carlos Paiz, anunciaron su dimisión.
Mientras tanto, el Ministerio Público solicitó la retirada de la inmunidad a Pérez Molina —entregada por el Legislativo hace semanas—, aunque muchos creen que este dimitirá por su cuenta.
Para Morán, “lo más posible es que estemos ante el inicio de una nueva época en la política, de mayor conciencia ciudadana, y ante el fin de un régimen que desde el 85 se ha caracterizado por la corrupción. Pero es apenas el inicio, por lo que hay que seguir trabajando”.
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