Martes, 7 de Mayo del 2024 
Entre las determinaciones que tomó esta semana el fiscal general,Eduardo Montealegre, se conoció que en el marco del análisis que realizará el ente investigador a las amnistías e indultos del M-19 serán citados los miembros de la cúpula de esta guerrilla que recibieron los beneficios jurídicos hace 25 años. Entre ellos, Antonio Navarro y Gustavo Petro, Otty Patiño, Everth Bustamante y Vera Grave.
El objetivo, según Montealegre, es analizar si esos indultos y amnistías cumplen con los requisitos internacionales, ya que se quiere conocer el alcance de la cosa juzgada y así establecer si hubo justicia, verdad y reparación en los procesos judiciales del holocausto. Agregó que de identificar que en la toma del Palacio de Justicia se cometieron crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, se le tendrá que pedir a la Corte Suprema de Justicia que se levanten los indultos para comenzar las respectivas investigaciones.
“El primer paso que va a dar el Vicefiscal es verificar y recopilar todas las decisiones judiciales que se profirieron en el país y los decretos y resoluciones de amnistías e indultos frente al M-19, frente a sus integrantes y su cúpula. Una vez recopilados estos elementos probatorios y además se haya escuchado en declaración a Otty Patiño, a Antonio Navarro Wolff, Gustavo Petro, entre otros, se determine, por parte de la Fiscalía, si hay o no cosa juzgada en los casos del M-19 frente a crímenes internacionales”, indicó Montealegre.
El fiscal general manifestó que de ese estudio se determinará la suerte de las amnistías e indultos, pero que en primer lugar se van a escuchar las declaraciones de miembros de la cúpula del M-19 que hoy se mueven en “diversos escenarios de la vida pública. Lo que nosotros queremos es que vayan a la Fiscalía y nos expliquen cuales fueron las decisiones judiciales que se produjeron a su favor, las resoluciones administrativas. En estas primera fase queremos determinar si hay o no cosa juzgada frente a delitos internacionales. La Fiscalía trabaja sobre la hipótesis de que posiblemente en el Palacio de Justicia se cometieron delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra por parte de la fuerza pública y el M-19”.
Finalmente el fiscal Montealegre indicó que en el transcurso de esta semana se conocerán las fechas en que serán citados los miembros de la cúpula del M-19 en noviembre de 1985, cuando sucedió el holocausto del Palacio de Justicia y que esto no se trata de ningún ataque el proceso de paz, sino que lo que busca es blindarlo para evitar cometer los errores del pasado. Además, planteó la posibilidad de que si se abren investigaciones contra el M-19, éstas sean resueltas en la Jurisdicción especial para la Paz que se crearía tras firmarse los acuerdos con las Farc.
Sin embargo, desde diversos sectores del gobierno se lanzó una voz de crítica frente a las determinaciones del fiscal. Por ejemplo, el jefe del grupo negociador de Paz del gobierno, Humberto de la Calle, sin hacer referencia directa a las palabras de Montealegre, señaló que “no es conveniente que una vez terminado el proceso de paz, puedan reabrirse los juicios contra los responsables. En ninguna circunstancia debe ocurrir esto. La palabra del Estado tiene que ser sagrada e irrevocable”.
Por su parte, el senador Álvaro Uribe Vélez expresó su rechazo a la iniciativa del fiscal al sostener que “sobre el Palacio de Justicia debe haber verdad judicial, sin que ello implique retroceder el acuerdo con el M-19. Cualquier acción contra el presidente (Belisario) Betancur, sus ministros y las acciones contra los militares deben pararse y el país debe tener en cuenta que esos acuerdos –que implicaron impunidad– son inestables, por eso, ojalá el error no se repita con las Farc”.
