Sábado, 18 de Mayo del 2024 
El sector de la minería y el petróleo han sido de los más golpeados en los últimos meses por la falta de reglas de juego claras en materia de seguridad jurídica para la inversión y operación.
Solo como ejemplo, las sentencias proferidas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en el 2016, han llevado a crear vacíos jurídicos, y de paso confusión ya que el contenido de los fallos entre uno y otro tribunal son contradictorios.
Esta situación ha llevado a que muchas de las multinacionales mineras y petroleras además de padecer retrasos o parálisis en sus actividades, han llegado a considerar el retiro del capital o cierre de sus operaciones en el país.
Dos de los casos más sonados en el 2016 fueron el de la revocatoria de la licencia ambiental por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) a la petrolera Hupecol Operating para explorar la existencia de hidrocarburos en La Macarena, y la consulta popular minera gestionada por el alcalde de Ibagué para cerrar la operación del proyecto de La Colosa de la minera AngloGold Ashanti, prendieron las alarmas entre los inversionistas.
Y recientemente, el concepto emitido por el Consejo de Estado en el que ratifica la suspensión provisional de la licencia ambiental otorgada al Cerrejón para primero adelantar un proceso de consulta previa con la comunidad Wayúu.
(Minería ¿legal?).
“En los últimos meses se han presentado una serie de acciones en contra de la seguridad jurídica en diversos escenarios. En el caso de las consultas previas estas no pueden convertirse en una acción extorsiva, por lo que amerita un profundo análisis y reflexión sobre esta figura jurídica; su existencia debe ponderarse con otros derechos y no caer en su maximización”, señaló el analista Francisco Barbosa, en su columna ‘Colombia y su precaria seguridad jurídica’ publicado en el portal ambitojurídico.com.
JAQUE A LAS NORMAS
Entre los países de la región, Colombia siempre ha sido reconocida por ser atractiva y estable para la inversión, y eso se evidencia en la encuesta de tendencias de inversión realizada por la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) desde el 2013.
Sin embargo, para este gremio en el 2016 se dieron una serie de casos que condujeron a que esta buena percepción se deteriorara, y que se pusiera en tela de juicio la estabilidad jurídica y en reglas de juego que requieren las empresas para operar.
“El abuso de la acción de tutela y las consultas populares que buscan frenar proyectos que cuentan con todos los permisos y autorizaciones de ley para operar, es uno de estos aspectos”, explicó Francisco José Lloreda, presidente de la ACP.
El vocero gremial agrega que se debe recordar la orden de suspensión de las operaciones en el campo Ocelote de la empresa Hocol por una acción de tutela, lo que le costó al país alrededor de 18.000 barriles de crudo diarios de producción.
Adicional, menciona que en el caso de la empresa Hupecol en la Macarena, se transmitió “una señal preocupante de inseguridad jurídica, desconfianza en las instituciones, e inconsistencia en las políticas públicas del sector. Sin perjuicio de una creciente desinformación sobre la actividad petrolera y su impacto real en el ambiente.
COMPETITIVIDAD
La posición y opinión del presidente de la ACP, también es compartida por Santiago Ángel Urdinola, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), quien precisó que los inversionistas que el país atrae generalmente viajan por la región para comparar qué país es el que mejor confianza les brinda por su marco jurídico.
“Los vecinos, cada uno, hace su propia estrategia para atraer inversión ofreciendo una seguridad jurídica que no de espacio a medidas cautelares o acciones populares que generen vacíos o contradicciones legales. Esto pone un reto adicional ya que el grado de confianza ayuda a medir la competitividad en Canadá (Índice de Competitividad de atracción Minera)”, afirmó el presidente de la ACM.
Para el vocero del sector minero el Estado debe definir unas reglas de juego claras y fortalecer el marco jurídico para atraer inversión y fortalecer el flujo de capitales que llega al país.
“Para poder superar los 100 millones de toneladas de producción de carbón se necesita una estrategia efectiva y eficaz de inversión. Las reservas de metales preciosos, como el oro, en lo que ya está descubierto ponen al país en un ámbito internacional distinto. Hay que tener competitividad internacional”, precisó Ángel Urdinola.
Sin embargo, el 2017 comienza con un panorama poco alentador para la inversión para el sector, según lectura hecha por el Consejo de Empresas Americana (CEA).
Su presidente Ricardo Triana, afirma que en la recien aprobada reforma tributaria, el incremento en medio punto de la llamada Renta Presuntiva (3% a 3,5%) desestimulará la inversión.
“La foto muestra un nivel de confiabilidad y seguridad jurídica, pero la realidad es que de entrada además de aumentar en medio punto la Renta Presuntiva, a lo largo del proceso ajustes no solo tributarios, sino además legales, terminarán por desestimular aún más la inversión”, explicó Triana.
SUSPENDIDO PROYECTO MINERO EN EL COMPLEJO DE CERREJÓN
El Consejo de Estado ratificó la suspensión provisional de la licencia ambiental otorgada al Cerrejón para desviar el cauce del Arroyo Bruno, en el municipio de Albania y le ordenó junto al Gobierno Nacional adelantar un proceso de consulta previa con la comunidad Wayúu. En consecuencia, el Ministerio del Interior, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y la empresa minera deberán concertar con el grupo indígena en La Horqueta 2 el citado mecanismo, antes de seguir adelante con este proyecto, a 500 metros del tajo La Puente, que hace parte de la mina de carbón cuya operación está en La Guajira.
La sociedad Carbones del Cerrejón Limited había obtenido la licencia ambiental para adelantar los trabajos, luego de que la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior estableciera que, según visitas en terreno y material fílmico y de audio, el desvío del cauce del arroyo no afectaría a la comunidad aborigen que interpuso la acción de tutela, por lo que no era necesaria la consulta.
Sin embargo, en mayo del 2016 una acción de tutela fallada por el Tribunal Administrativo de La Guajira ordenó suspender provisionalmente los efectos jurídicos de dicha autorización, hasta que no se revisara nuevamente la probable afectación de los derechos de la comunidad La Horqueta.
Alfonso López Suárez
