Miercoles, 30 de Abril del 2025 
“La obesidad se ha convertido en la mayor amenaza nutricional de América Latina y el Caribe [644 millones de personas]. Casi uno de cada cuatro adultos es obeso y el sobrepeso afecta a 3,9 millones de los niños menores de cinco años (7,3%), una cifra que supera el promedio mundial situado en 5,6%”, revela el informe Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de América Latina y el Caribe 2018, presentado este miércoles y elaborado por la Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Unicef, el Programa Mundial de Alimentos y la Organización Panamericana de Salud. Entre los más vulnerables, apunta a las personas de menores ingresos, las mujeres, los indígenas, afrodescendientes y familias rurales.
“La obesidad está creciendo descontroladamente. Cada año hay 3,6 millones de obesos más en América Latina y el Caribe. 250 millones de personas viven con sobrepeso, el 60% de la población de la zona. La situación es espantosa”, declara el representante regional en América Latina y el Caribe de la FAO, Julio Berdegué. De mantenerse la tendencia, en el 2030 la proporción de población en la región con obesidad aumentaría a un 30% de la población adulta. Una cifra que contrasta con los índices de inseguridad alimentaria severa, que afecta al 8,4% de las mujeres y el 6,9% de los hombres. El texto resalta también que el hambre aumenta por tercer año consecutivo y alcanza los 39,3 millones de personas, el 6,1% de la población, en una zona del mundo que cuenta con una cantidad de alimentos suficientes para cubrir los requerimientos mínimos de calorías.
El informe señala que unas de las principales causas del incremento de la malnutrición en la población vulnerable son los cambios de los sistemas alimentarios de la región, el ciclo de los alimentos desde su producción hasta su consumo. Entre otras cuestiones como la creciente urbanización, se indica la facilidad para operar de las empresas extranjeras y su apuesta por los productos procesados, más baratos. Los autores lo explican así: “Su crecimiento se ha orientado principalmente hacia productos de exportación. Este hecho se ha acompañado de políticas de liberalización, privatización e inversión del sector privado”. Una afirmación que se vincula con otra que indica que la fabricación transnacional de alimentos, la venta al por menor y las cadenas de comidas rápidas basan sus servicios en proporcionar productos “con elevados grados de procesamiento”. Se añade también que la desregulación de los mercados favorece a las grandes industrias alimentarias y aumenta la producción, la venta y el consumo de productos altamente procesados.
Las soluciones pasarían entonces por convencer a la industria para que elaboren productos más saludables e incidir en las políticas públicas para que regulen lo que al final se tomará esa niña indígena latinoamericana. “Sabemos las medidas que hay que adoptar, lo que necesitamos es decisión política para poner impuestos, programas de formación y alimentación escolar, etiquetado, protección social… La responsabilidad central es de los Gobiernos, pero también tienen una responsabilidad muy importante las empresas. No se pueden lavar las manos. Tienen que asumirla como la industria del tabaco”, declara Berdegué, que también insta a los consumidores y asociaciones a poner esta cuestión en la agenda y demandar soluciones.
“Es importante que las políticas incluyan acciones desde la producción al consumo, pasando por los propios sistemas de procesamientos, mercadeo, el comercio internacional de alimentos y todos los aspectos que influyen en el entorno del consumidor”, añade el representante regional de la FAO. En el informe, parte de esas sugerencias, algunas ya implantadas en distintos países, pasan por aprobar reglamentos para hacer comprensible la composición de los alimentos o incorporar impuestos a los productos altos en azúcar, sal y grasas. “Estos dos son los que mayor impulso están tomando en la región”, señala Berdegué, que añade también la importancia de regular la publicidad engañosa y de apoyar a los productores de frutas, hortalizas, vegetales y pescado.
