Viernes, 17 de Mayo del 2024 
El movimiento político nacido en septiembre de 2017 de las cenizas de las FARC ha chocado con el profundo rechazo de la sociedad colombiana, que no olvida los crímenes de medio siglo de conflicto armado, y aún no ha logrado hacerse un hueco en el mapa de partidos. Sus resultados en las elecciones legislativas del pasado marzo fueron testimoniales -cerca de 85.000 votos- y, con esta premisa, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que mantuvo las siglas de la antigua guerrilla, renunció a participar en las presidenciales de mayo. Ahora, con los comicios regionales y municipales de 2019 a la vista, la formación se propone “acceder a Gobiernos locales” con candidaturas propias o alianzas.
Esta es una de las metas fijadas por el tercer Consejo Nacional de los Comunes, máximo órgano de dirección del partido, celebrado el fin de semana en Melgar, en el centro del país. “Trabajaremos por acuerdos programáticos, con candidaturas propias, cívicas o de convergencia política democrática, escogidas bajo reglas de juego que contemplen la más amplia participación, bajo el principio de la unidad no excluyente. Ofrecemos nuestros contingentes territoriales para la consolidación de procesos unitarios del campo popular y democrático, que reconozcan la existencia de nuestro partido y sus aspiraciones programáticas”, señala la declaración política de la FARC.
Más allá de la retórica habitual propia de los proyectos de unidad popular, lo relevante es que la formación -que dejó las armas, se desmovilizó y se sienta en el Congreso colombiano en virtud de los acuerdos alcanzados con el Gobierno de Juan Manuel Santos- busca capitalizar el voto de la izquierda, que en la contienda presidencial alcanzó cotas históricas. “Las elecciones de 2019 en departamentos y municipios representan una oportunidad para consolidar los avances obtenidos por sectores democráticos, progresistas y de izquierda en las elecciones parlamentarias y presidenciales”. continúa el análisis de la ejecutiva, encabezada por Rodrigo Londoño, Timochenko.
En realidad, el apoyo que obtuvo en segunda vuelta Gustavo Petro frente al actual presidente, Iván Duque, es mucho más complejo. Aparte de la distancia más que notable entre el senador, que también tuvo un pasado en la guerrilla del M-19, y el programa de la FARC, sus ocho millones de votos están encarnados en buena medida por un electorado de centro o simplemente antiuribista. Es decir, un abismo los separa de los postulados de la antigua organización insurgente, próximos a la llamada revolución bolivariana que, por ejemplo, defiende Nicolás Maduro en Venezuela.
Aun así, este partido, dividido y desactivado, trata de encontrar un espacio en la agenda política, que en los últimos meses ha estado marcada por protestas y manifestaciones. “Estamos comprometidos en contribuir -con espíritu unitario- a la organización de las luchas y de la movilización social y popular en campos y ciudades”, asegura. “La reciente movilización estudiantil -con sus diversas organizaciones, sus renovados y frescos liderazgos, y sus logros-, constata la vigencia de la acción política en la calle y la demostración de que si se actúa en torno a propósitos comunes, así haya diferencias, es posible lograr avances democráticos y por el buen vivir y el bienestar de las grandes mayorías. Particular atención merecerán las aspiraciones campesinas, de los pueblos étnicos y de las mujeres”, agrega la formación.
Una de las prioridades de la FARC es, en cualquier caso, es cumplimiento estricto de lo pactado en La Habana y la seguridad de los excombatientes. “Más que la intención de cumplir con lo acordado, lo que estamos apreciando hasta el momento es un singular asedio para socavar los fundamentos de lo convenido, en el que se conjugan las más variadas y pérfidas modalidades”, llega a afirmar el partido, que pretende usar los retrasos y los obstáculos en la implementación del proceso como un instrumento de batalla política.
Aunque Timochenko se mostró convencido de que el excomandante Jesús Santrich, acusado de un delito de narcotráfico, no será finalmente extraditado a Estados Unidos, lanzó una advertencia sobre la inseguridad “jurídica y física” de sus militantes. “Denunciamos”, destaca el comunicado, “el asesinato de 89 exguerrilleros; reclamamos la definición de la situación de 1.111 los camaradas aún reconocidos como integrantes de las FARC. […] Todo ello constituye una vulneración de nuestros derechos políticos y de las condiciones convenidas para el tránsito a la vida política legal”.
