Miercoles, 15 de Mayo del 2024 
La reunión prevista para este martes entre el presidente colombiano, Iván Duque, y los indígenas del departamento del Cauca no pudo celebrarse por la resistencia de los líderes de las comunidades, lo que tensó el diálogo que se había encarrilado el pasado sábado tras semanas de protestas. Los nativos rechazaron el encuentro porque el mandatario convocó a sus portavoces en un centro educativo de la población de San Lorenzo de Caldono en lugar de acercarse a la plaza central del resguardo (comunidad) indígena. Lo hizo porque la víspera de la cita el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, le había advertido de posibles riesgos. “Tenemos información confiable de que algunos grupos armados organizados que se han infiltrado en este movimiento social e indígena quisieran desarrollar un acto terrorista que podría afectar la seguridad del propio presidente de la República”, había afirmado el jefe del ministerio público.
El Gobierno y los impulsores de las movilizaciones llegaron hace tres días a un principio de acuerdo después de casi un mes de cortes de la carretera Panamericana que mantuvo aislado el suroeste del país. Las autoridades ofrecieron destinar parte de la inversión contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), que marca las líneas maestras del período presidencial. Las comunidades demandaban más presupuesto, que ya superaba los 3.000 millones de dólares. Finalmente, recibirán un 17,5 % del incremento que pedían, es decir, unos 250 millones más. El desencuentro de este martes complica el horizonte, pero no supone un punto de no retorno.
“Hemos llegado hoy a Caldono con la seguridad que amerita la presencia del Gobierno nacional y también para propiciar la seguridad en un encuentro de esta naturaleza”, manifestó Duque, quien estuvo acompañado de miembros de su Gabinete; el procurador, Fernando Carillo; el defensor del Pueblo, Carlos Negret; y la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. “Lamento profundamente que no se haya valorado el gesto del Estado hoy, y que se haya rechazado la posibilidad de tener este encuentro”, agregó.
El presidente lanzó una advertencia a la minga, una palabra en lengua quechua que designa una antigua tradición de trabajo comunitario y que es como se conoce esta modalidad de protesta. “Este Gobierno rechaza de manera clara cualquier acto de violencia que busque pasar por encima del derecho de los colombianos”, quiso dejar claro, aunque dejó la puerta abierta a la negociación. “Seguiremos trabajando por todos los colombianos. Seguiremos presentes en el territorio y seguiremos en el diálogo social. Pero no podemos seguir aceptando que aparezcan personas queriendo capturar políticamente los escenarios de diálogo y llevar esto a forcejeos innecesarios, improcedentes”. El fiscal y el Ejecutivo acusaron a este movimiento de ocultar en sus filas a guerrilleros de grupos disidentes de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional (ELN). La vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, aventuró incluso la posibilidad de que Nicolás Maduro pueda intentar aprovechar esta manifestaciones para desestabilizar Colombia.
El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), donde viven alrededor de 200.000 nativos, aseguró no obstante que “el presidente llega al municipio de Caldono, pero insiste en que la reunión debe realizarse a puerta cerrada, desconociendo el sentir de la minga, donde la comunidad es quien orienta, es la gente quien espera ese gesto del presidente y no una reunión de voceros”. Según la organización, esta circunstancia “deja claro que se confabuló un plan con el fiscal general de la nación para no encarar este diálogo directo con las comunidades”.
