Daniel Ortega, el dictador de las cuatro posesiones consecutivas

Sin importar las denuncias de corrupción que hubo en las cuestionadas elecciones que ganó para perpetrarse en el poder, y a pesar de las múltiples críticas que le han llovido por ser una dictadura desde la comunidad internacional, su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, confirmó la ceremonia de posesión.

El exguerrillero sandinista, de 76 años y que se encuentra en el poder desde el 2007 –tras haber coordinado una Junta de Gobierno de 1979 a 1985 y presidir por primera vez el país de 1985 a 1990–, se impuso con un 75,87 % de los votos totales en las elecciones generales del 7 de noviembre pasado. Esa jornada, además, estuvo marcada por un hecho insólito: sus principales contrincantes estaban (y siguen) presos.

Y es en ese contexto que Murillo, que también fue reelegida como vicepresidenta, dijo a través de medios oficiales que este 10 de enero –al final de la tarde– será el acto central de investidura en la Plaza de la Revolución. “Nos van a tomar juramento a todos, el juramento al pueblo presidente”, señaló la dignataria, que informó que gobiernos como el mexicano, boliviano e iraní asistirán a la investidura.

“Ahí estaremos levantando todos con orgullo, porque hemos vencido la maldad, el odio, hemos vencido la discordia, el conflicto, la separación”, enfatizó la vicepresidenta, quien también ha sido objeto de duras críticas por sus formas dictatoriales de ejercer el cargo.

A juicio de Murillo, en las controvertidas elecciones del 7 de noviembre pasado, el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) venció “al demonio”, en alusión a las manifestaciones antigubernamentales que estallaron en abril de 2018 y que dejaron cientos de muertos, detenidos y decenas de miles en el exilio, y que el Ejecutivo descalifica al tildarlas de ser un simple intento de golpe de Estado.

“Todos sabemos cómo se manifestó el demonio en aquellos días aciagos, porque hemos vencido y reinstalado y recuperado ese sentido de familia y comunidad de la dignidad y la soberanía nacional”, precisó Murillo.

Lluvia de críticas

Ortega se impuso en unas elecciones en las que no participaron sus rivales políticos porque, en los meses anteriores, las autoridades disolvieron tres partidos políticos y arrestaron a más de 40 dirigentes opositores, entre ellos siete aspirantes presidenciales, incluida la independiente Cristiana Chamorro, la entonces favorita de acuerdo con las diversas encuestas.

En ese contexto, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución en la que aseguró que esos comicios carecieron de “legitimidad democrática”, y no fueron ni libres, ni justos, ni transparentes. A estas críticas, además, se unió Estados Unidos, que las calificó como una elección de “pantomima”, al igual que la Unión Europea (UE) que las describió como “fake”.

Pero, tal cual suele verse en este tipo de regímenes, el gobierno de Ortega salió a negar todas las denuncias y, pasando al contraataque, acusó de “injerencia” a la OEA. De hecho, amenazó con estudiar la intención de sacar a su país del organismo, para lo que denunció la Carta de la OEA, su documento fundacional firmado en 1948.

Según el reglamento del organismo, cualquier país que denuncia la Carta de la OEA tiene que esperar dos años para que la retirada se haga efectiva.

En contraste con la mayoría internacional, hubo otros países que validaron la nueva reelección de Ortega y, por ende, enviaron un mensaje tácito de respaldo al régimen que lidera en Nicaragua.

Entre los países que felicitaron a Ortega por su reelección se encuentran aliados como Bolivia, Corea del Norte, Cuba, Irán, Palestina, Rusia, Siria, Venezuela y Vietnam.

Nicaragua vive una crisis desde la revuelta popular que estalló en abril de 2018 por unas controvertidas reformas a la seguridad social, y que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia del presidente Ortega, debido a que respondió con la fuerza a las protestas ciudadanas.

Esas jornadas, calificadas por el Ejecutivo como un supuesto intento de derrocarlo, dejaron al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, algunos organismos nicaragüenses de derechos humanos advirtieron en su momento que la cifra sobrepasó los 684 y, en contraste, el gobierno de Ortega solo reconoce 200.

La situación de los presos

Entre tanto, los familiares de los más de 40 opositores nicaragüenses que permanecen detenidos desde el año pasado en una cárcel conocida como “Nuevo Chipote” denunciaron este comienzo de año las graves condiciones de salud y de hacinamiento en las que se encuentran sus parientes, situación que principalmente golpea a los de la tercera edad.

“La salud de las personas de la tercera edad está en situación crítica”, advirtieron los familiares de los opositores detenidos en un comunicado conjunto, tras visitar a sus parientes entre el 31 de diciembre y el 2 de enero pasados. De acuerdo con la denuncia, los considerados como presos políticos por los organismos humanitarios están sufriendo desmayos, pérdida de memoria y de piezas dentales, adelgazamiento y aislamiento en las celdas.

Por ejemplo, mencionaron el caso del jurista José Pallais, de 68 años y quien fue vicecanciller durante el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), que tenía sobrepeso y varias enfermedades crónicas cuando fue arrestado en junio pasado.

“Nos alarma la pérdida de casi 90 libras de peso (40,5 kilos) de José Pallais y su estado de debilidad física, que le ha llevado a sufrir dos desmayos”, se lee en la declaración que hicieron pública.

Otro que ha sufrido desmayos es el exembajador de Nicaragua en Costa Rica y ante la OEA, Mauricio Díaz, de 71 años, quien ha perdido unas 30 libras (13,5 kilos), tiene manchas en su piel y lagunas mentales, según la denuncia. Y la dirigente opositora Violeta Granera, de 70 años, ha perdido dientes, se le dificulta comer y tiene manchas rojas en la cara.

Fuente: El Colombiano.