Sábado, 3 de Mayo del 2025 
Una nueva responsabilidad le impuso a las empresas del país la expedición de una iniciativa del Congreso, con la que se busca promover la restauración ecológica y la creación de bosques.
Se trata de la Ley 2173 del 30 de diciembre de 2021, según la cual todas las medianas y grandes empresas, debidamente registradas en Colombia, deberán desarrollar programas de siembra de árboles, como mínimo dos por cada uno de sus empleados.
Igualmente, se exige que deberán ser especies nativas que cumplan con las características de piso térmico, fitosanidad, suelo y demás requisitos que establezcan las autoridad ambientales.
Obviamente, cada empresa asumirá los costos del programa de siembra de árboles, y todas las iniciativas de restauración que se desarrollen en cumplimiento de esta norma serán independientes de las obligaciones asumidas en el marco de las licencias o permisos ambientales de las compañías (ver Paréntesis).
Para el tributarista, Julio César Leal, se trata de un nuevo impuesto, en especie, que va a desestimular el empleo formal. “Aunque todos tenemos una responsabilidad frente al medio ambiente, esta no se puede asumir afectando el empleo, porque si un empresario está haciendo un esfuerzo por conservar a los trabajadores y le imponen esta nueva carga, le va a salir más costosa la nómina”.
Por su parte, desde la dirección en Antioquia de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), María Elena Ospina, reconoció que es muy importante el cuidado y preservación del medio ambiente, pero cuestionó que se sigan creando leyes sin tener en cuenta a los empresarios.
“Son leyes no socializadas desde su construcción y en vez de ser un tema concertado y de generar compromisos por convicción, se vuelve una obligación más para nuestras empresas”, comentó la dirigente gremial.
A su turno, Rosmery Quintero, presidente nacional de Acopi, comentó que aunque la nueva norma tiene una filosofía buena, en cuanto al tema ambiental, los empresarios sienten que se les está encomendando una responsabilidad que le compete a las autoridades municipales y departamentales.
“Rebajaron de cinco a dos árboles, pero ¿esa es la prioridad que tiene hoy el país? Este tipo de normas se convierten en un obstáculo para la generación de empleo”, expresó Quintero, quien añadió que ya a los empresarios los tienen copados con tareas y responsabilidades.
Dora Moncada, directora del Centro Nacional del Agua y la Biodiversidad de la Andi, explicó que la expedición de la ley se orienta, entre otras, al cumplimiento de las metas nacionales como la siembra de 180 millones de árboles.
“Su aplicación está sujeta a la reglamentación por parte del Ministerio de Ambiente, para esto, se establecen seis meses después de la expedición de la misma. Al respecto es importante mencionar que la ley define que las autoridades ambientales deben levantar censos forestales de la cobertura vegetal del territorio y articular las Áreas de Vida, como condición previa a su aplicación”, precisó.
Un detalle sobre el que no hay claridad es si la siembra de dos árboles por colaborador aplica solo para trabajadores directos o incluye a los contratistas, pues la ley no define de manera clara ese alcance, y desde la Andi se buscará que la reglamentación se oriente a trabajadores directos.
Y aunque las empresas deben asumir los costos del programa de siembra, no hay certeza sobre quién debe monitorear este trabajo ni quién debe correr con el mantenimiento. En el Artículo 9, se establece que la autoridad ambiental competente según su jurisdicción, destinará un porcentaje de su presupuesto para el manejo, mantenimiento y monitoreo de las áreas sembradas según lo dispuesto por la ley, con el apoyo de entidades comunitarias y sin ánimo de lucro sociales y ambientales.
Fuente: El Colombiano.
