La Sala Plena del Consejo de Estado está decidiendo en este momento la continuidad del alcalde Gustavo Petro y la posición de la que parte el debate es mantener las medidas cautelares que tienen congelada la destitución que le impuso la Procuraduría hace un año.

Desde abril, Petro regresó al cargo porque el magistrado Gerardo Arenas consideró que no debían proceder la sanción disciplinaria de la Procuraduría hasta que el Consejo de Estado falle de fondo la demanda que interpuso Petro contra las sanciones en su contra.

Aunque el recurso interpuesto por la Procuraduría debía resolverse 20 días hábiles después de esa decisión, han pasado siete meses sin que el máximo tribunal de lo contencioso administrativo defina si se mantienen las medidas cautelares o si se suspenden, caso en el cual Petro tendría que abandonar de nuevo el Palacio Liévano.

La ponencia, elaborada por la magistrada Sandra Liseth Ibarra y conocida por EL TIEMPO, señala que deben protegerse los derechos políticos de Petro y “el interés de la mayoría ciudadana que lo eligió”.

Para la consejera, “la Procuraduría partió de una categoría dogmática que no encontró acreditada, esto es, el dolo (…) esta situación dada la garantía de derechos constitucionales como el debido proceso y la dignidad humana, permite afirmar a la sala que la medida cautelar debe mantenerse”.

Así mismo, Ibarra argumentó que “los documentos en los que fundó la Procuraduría General de la Nación el análisis de dolo no tiene la entidad suficiente para su configuración, destacándose que el decreto 564 de 2012, expedido por el actor (Petro) para garantizar la prestación del servicio de aseo de Bogotá no ha sido declarado nulo por la autoridad judcial competente”.

Petro fue sancionado en diciembre del año pasado por el caso de las basuras en Bogotá con destitución e inhabilidad de 15 años. Mediante la polémica ‘tutelatón’, con una polémica demanda ante la Comisión Interamericana y, finalmente, con la demanda ante el Consejo de Estado (que era el único camino procedente), el alcalde ha logrado dilatar el cumplimiento de la sanción disciplinaria.

Por los mismos hechos, la Fiscalía cerró una investigación penal contra Petro.

JUSTICIA

Eltiempo

El procurador general, que ordenó la destitución de Petro el pasado diciembre por el supuesto mal manejo de una crisis de basuras en la capital colombiana en 2012, se mostró “satisfecho” al salir de la reunión, solicitada con la ayuda de la Cancillería colombiana para exponer a la CIDH por qué se decidió inhabilitar al alcalde.

Según la Constitución, la Procuraduría General ejerce en Colombia el Ministerio Público y el control disciplinario de los funcionarios del Estado, inclusive los de elección popular, y representa a la sociedad, sin competencia penal.

En caso de que la CIDH concediera las medidas de protección a Petro, y “en el entendido de que fuesen por la ausencia o la carencia de competencias del procurador para imponer sanciones inhabilitantes a los elegidos popularmente”, esa decisión “tendría dramáticas consecuencias para el ordenamiento jurídico” en Colombia, dijo Ordóñez a los periodistas tras el encuentro.

“Eso sería generar no solamente un fuero de inmunidad, sino un fuero de impunidad respecto a los funcionarios públicos elegidos popularmente cuando estén incursos en irregularidades administrativas o en conductas relacionadas con la corrupción”, subrayó.

El procurador, que acudió a la CIDH “como representante del Estado colombiano” si bien no del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, explicó en la reunión cómo funciona “la institucionalidad colombiana” y defendió que en el caso de Petro “la Procuraduría actuó dentro del marco constitucional, legal y sujeto a las realidades probatorias”.

Preguntado por si estará dispuesto a acatar la decisión que tome la CIDH, Ordóñez se limitó a señalar que “la competencia del Sistema Interamericano (de Derechos Humanos, del que forma parte la Comisión) es subsidiaria” de la de los Estados de las Américas.

En cambio, Álvarez Icaza insistió este miércoles en que el propio pueblo colombiano “ha determinado que la Comisión forma parte del derecho interno, no es que sea una institución ajena al derecho interno”.

Además, “en este y en otros casos, no es necesario el agotamiento de recursos internos” dentro del Estado para que la CIDH otorgue medidas cautelares, lo que significa que no es necesario esperar a que se resuelvan todos los recursos de tutela y la revocatoria pendiente en Colombia para que la Comisión se pronuncie.

“La Comisión puede tomar una decisión antes porque considera, inclusive en los términos del propio orden constitucional colombiano, que eso es factible”, apuntó Álvarez Icaza.

El retraso a la hora de tomar una decisión se debe a que “la naturaleza del caso ha ido cambiando”, y “la situación a la cual se enfrenta (Petro) es distinta si hay una posible sanción, si hay una sanción, si hay tutelas en marcha”, lo que ha hecho que la CIDH pida en al menos cuatro ocasiones más información al Estado, explicó.

Álvarez Icaza aseguró que no le es posible hablar de un “límite temporal” y que la Comisión seguirá examinando el caso, en el que Petro pide poner en suspenso la decisión del procurador por considerar que se están vulnerando sus derechos políticos.
EFE

Una de las tutelas fue interpuesta por Marisol Gamboa, quien argumentó que con la destitución le fue violado el derecho “de elegir y ser elegido”. El Tribunal, compuesto por los magistrados Juan Carlos Garzón, Berta Lucy Ceballos y Alfonso Sarmiento, determinó que la acción de tutela era procedente.

Los pasos que le siguen al proceso son: la Procuraduría interpondría recurso de apelación ante el Consejo de Estado, cuya Sala Contenciosa estudiará el caso; allí se asignará a un magistrado ponente para cada una de las tutelas que lleguen, aquí es cuando empiezan a contar los 20 días hábiles para decidir la segunda instancia.

La sentencia, explicó el exmagistrado Luis Fernando Álvarez, puede ser susceptible de revisión por parte de la Corte Constitucional, que tendrá, finalmente, la última palabra sobre el futuro de Gustavo Petro.

Álvarez recordó que si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dicta medida cautelar en contra de la destitución, el presidente Juan Manuel Santos tendría la última palabra.

HASTA EL 30 DE ENERO

En su última intervención en la Plaza de Bolívar, Gustavo Petro dijo que dejaría el cargo el 30 de enero, pero para los expertos esa declaración no era una rendición, sino la esperanza en las decisiones judiciales.

Diego Cediel, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de la Sabana, dijo que las protestas ya han desgastado a las partes, por lo que Petro ha visto que no tiene más salida que las decisiones de los jueces nacionales o internacionales.

Iván Garzón, director del programa de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, argumentó que hay dos factores que influyen para que Petro ceda en sus posiciones más fuertes: la opinión pública, que ha criticado su resistencia, y los discursos desde el balcón; y el desgaste de sus seguidores, que no pueden mantenerle el paso con las protestas diarias.

LP.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través del magistrado José María Armenta, de la sección segunda, ordenó suspende la destitución e inhabilidad por 15 años al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, impuesta por la Procuraduría. http://www.eltiempo.com/justicia/ARCHIVO/ARCHIVO-13357896-0.pdf
De esta forma, el Tribunal le pide al presidente Juan Manuel Santos no ejecutar la destitución del Alcalde mientras ese alto Tribunal se pronuncia de fondo frente al caso. En principio habla de un plazo de 10 días.
Una vez conoció la noticia, el Alcalde de Bogotá, en declaraciones a medios, afirmó: “Siento alegría por esta noticia, que es la muestra de que si la justicia y las multitudes se unen, se puede detener la tiranía y se puede construir una colombio democrática y pacífica”.
Agregó que siempre ha confiado en la justicia “a pesar de lo duro que han sido estas semanas” y señaló que seguirán con la apuesta de “las multitudes y de la justicia”.

Antes, había escrito a través de Twitter: “La suspensión provisional de la destitución es un triunfo democrático de la Justicia y la ciudadanía. Aun vamos hacia fallos definitivos”.
La tutela mencionada, impuesta por el ciudadano José Gotardo Pérez Soto, es una de las 358 que se instauraron en medio de la llamada ‘tutelatón’, en diciembre pasado. El recurso, radicado en diciembre pasado, alegaba que los derechos procesales de Petro habían sido violados.
Rafael Barrios, uno de los abogados del alcalde Petro, explicó que la decisión del Tribunal solo suspende la sanción mientras estudia la tutela. Hasta ahora no ha tomado una decisión de fondo frente a las aspiraciones de la defensa de Petro, que alegaba que en el proceso se violó el debido proceso.
Estos son los cinco puntos clave de la decisión
1. Ampara los derechos de elegir y ser elegido.
2. Pide que se anule el fallo en primera instancia de la Procuraduría en la que destituyó a Guistavo Petro y los inhabilitó por 15 años.
3. Pide que se suspendan los efectos del fallo hasta que haya una decisión de fondo del Tribunal.
4. El Tribunal admite la acción de tutela y ordena que, como medida provisional, se congelen sus efectos hasta cuando se adopten decisiones de fondo.
5. El magistrado le ordena al Presidente de la República que se abstenga a dar cumplimiento a la decisión de la Procuraduría hasta que haya un fallo de fondo.

¿Quién interpuso la tutela?
José Gotardo Pérez Soto es un coronel retirado de la policía del Huila experto en seguridad. En diciembre de 2011, recibió la Medalla Cívica Ciudad de Bogotá, de la alcaldesa (e.) Clara López, por sus aportes a la seguridad.
“Es un asesor de la Secretaría de Gobierno y asistía a los Consejos de Seguridad. No recuerdo más “, aseguró López, hoy candidata a la Presidencia por el Polo Democrático.
Desde 2011 hasta 2013 ha firmado cuatro contratos por un valor de 184 millones de pesos en temas primordialmente de seguridad.
El último contrato, con vigencia 2013 y cerca de 80 millones de pesos, consistía en prestar servicios profesionales, brindando apoyo al comando de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Informacion Eltiempo.com

Este jueves, la Cancillería recibió un formulario con información sobre el proceder de la Procuraduría en el caso de la destitución e inhabilidad del Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.
De acuerdo con ‘La W Radio’, se trata de un formulario en el que el procurador General, Alejandro Ordóñez, responde tres preguntas sobre la actuación de ese órgano de control en el ordenamiento jurídico del país y el alcance de sus decisiones.
Esa información hace parte de los detalles que solicitó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo ante el cual Petro solicitó que se ordenen medidas cautelares al Estado colombiano.
Según ‘La W Radio’, a ese paquete de información, la Procuraduría envió un anexo sobre el caso concreto del Alcalde de Bogotá.
Ayer miércoles, la Cancillería adelantó que este jueves se remitiría a la CIDH sus observaciones sobre el proceso y su posición frente a las medidas cautelares pedidas por los abogados de Petro, destituido e inhabilitado por 15 años por la Procuraduría.

Informacion Eltiempo.com

El Alcalde quiere que el Presidente intervenga para frenar el fallo del procurador Alejandro Ordóñez, pero el jefe de Estado ya advirtió que no tomará partido y que lo principal es mantener los canales institucionales para evitar que el debate siga escalando a nivel nacional e internacional.
Lo que ha dicho Petro es que constitucionalmente el Jefe de Estado puede evitar que el fallo de Ordóñez quede en firme y que, incluso, es el único que lo puede destituir. Además, ha insistido en que acudirá a instancias internacionales para evitar que un funcionario administrativo lo saque del cargo al que llegó por el voto popular.
Horas antes, el Jefe de Estado dijo en ‘la W Radio’ que ha tomado la decisión de acatar los fallos de la justicia. “Las decisiones de la justicia tienen que acatarse. Ahí no podemos controvertir. Al mismo tiempo que facilitaremos el derecho de cualquier persona para que use todos los recursos para defender su posición”, señaló el Presidente.
Y agregó: “Lo que más me interesa es acatar la Constitución y obedecer lo que dicen las leyes y defender la institucionalidad. En estos casos, esa institucionalidad nos ofrece las vías para dirimir este tipo de conflictos. Mis dos asesores jurídicos, el Ministro de Justicia y la Secretaria Jurídica, coinciden en cuál es el margen de maniobra y es poco. Lo que dice el Ministro es claro y cierto”.
Santos aclaró que “tratar de meter el Gobierno, o al Presidente, en favor de una y otra posición es contraproducente”, precisó el mandatario, quien agregó que “no podemos controvertir las decisiones de los órganos de control”.
“No voy a tomar partido a favor de nadie. Los que quieren eso tacan burro. Yo tomo partido a favor de la institucionalidad. No voy a intervenir en nada”, insistió Santos.
Sobre la posibilidad de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como lo han anunciado Petro y lo esbozó la Procuraduría en su fallo, Santos aseguró que “las cortes supuestamente no se deben dejar influenciar de nadie” y que respeta el derecho de cada quien de acudir a las instancias legales. Además, dijo que en el hipotético caso de que el sistema interamericano ordene medidas cautelares las acatará.
El Jefe de Estado ya se reunió en las últimas horas con el procurador Alejandro Ordóñez y el fiscal Eduardo Montealegre, en la Casa de Nariño, a quienes les ratifico que su intención es mantener la institucionalidad y evitar que la separación de poderes se vea afectada por el debate que ha suscitado la destitución de Petro.
Sobre los cambios de las funciones de la Procuraduría señaló que es un debate que se debe dar en otro momento. “No hay que legislar en caliente” y dijo que la discusión se podría dar el próximo año.
Así mismo, se refirió sobre los cuestionamientos que ha hecho el fiscal General, Eduardo Montealegre, al fallo del Procurador. “Le dije (al Fiscal) que estamos en un proceso complejo y en la medidas que se pueda manifestar de la manera más responsable posible es mejor para la institucionalidad”, dijo el Presidente.
De otro lado, y refiriéndose al proceso de paz, Santos aseguró que la violación de la tregua que anunciaron las Farc hace parte de las contradicciones de negociar en medio del conflicto y que eso no implicará una ruptura de las negociaciones. “Tenemos bastante información sobre el comando y control que tiene el secretariado y afortunadamente lo tiene”, precisó Santos.
Estos pronunciamientos los hizo Santos en medio de una jornada de ayuda a miembros de la Fuerza Pública que han sido heridos en combate, la cual es liderada por W Radio y respaldada por la Casa de Nariño.
En esta jornada, que se realiza este martes, se entregarán subsidios, ayudas tecnológicas y económicas, entre otros beneficios, para los uniformados heridos por razones del servicio. Este evento se realiza hace varios años y es respaldado por la empresa privada, el sector público y la ciudadanía en general.

Informacion Eltiempo.com