Los fiscales titulares de la Unidad Fiscal-AMIA -Sabrina Namer, Roberto Salum y Leonardo Filippini, sustitutos del fallecido Alberto Nisman- alertaron, en concreto, sobre la posible llegada a Colombia del exagregado cultural de la Embajada de Irán en Buenos Aires Moshen Rabbani, requerido para declarar por la Justicia argentina.

A ese respecto, el equipo fiscal advirtió que existen “disposiciones del derecho interno colombiano” que podrían “frustrar la inmediata detención” de los imputados en virtud de las alertas rojas de Interpol, según detalló este lunes a Efe Filippini.

Aunque el actual código colombiano prevé que una notificación roja impone la captura, “la Policía colombiana informó que como los hechos que refieren a AMIA son previos (a 2005, cuando se introdujo esa consideración), esa disposición no rige” y, por tanto, la detención podría no ser automática, según indicó el procurador.

Frente a ello, la Fiscalía recordó que existe un convenio bilateral entre Argentina y Colombia y una convención internacional de 1933, suscrita por ambos países, que obligarían a ejecutar la detención.

Piden garantizar arresto

“En total son tres canales”, ratificó Filippini. Por ello, la Unidad (UFI-AMIA) pide al juez de la causa y a Colombia, a través de la Cancillería argentina, que tomen medidas para garantizar el arresto con fines de extradición si se concreta la llegada de “Rabbani o de otras personas de interés”.

Además, en un comunicado este fin de semana, la Fiscalía informó que recientemente se pidió al Congreso argentino y al Gobierno avanzar sobre la “desclasificación de materiales documentales todavía reservados que puedan ser de utilidad a la investigación del atentado, existentes tanto en el país como en terceros Estados”. “El hecho de la participación de servicios y agentes colaterales de inteligencia extranjera en la investigación del atentado es pública y ello justifica, ante el tiempo transcurrido, examinar posibles vías de renovada colaboración que puedan develar información aún no aportada a la causa”, detalla el comunicado.

El atentado contra la AMIA fue el segundo contra sedes judías en Argentina, después de que un ataque contra la Embajada de Israel en Buenos Aires dejara 29 muertos 1992.

La comunidad judía atribuye a Irán y a Hizbulá la planificación y ejecución de ambos atentados.

Un primer juicio para determinar los responsables del ataque -que actualmente es examinado por los tribunales con el expresidente Carlos Ménem (1989-1999) en el banquillo de los acusados- finalizó con la declaración de nulidad de toda la investigación y con la absolución de los policías argentinos acusados de integrar la conexión local que cooperó con los terroristas.

En la última década, la justicia argentina ha buscado avanzar sobre la pista iraní pero el país persa rechaza colaborar para que los imputados declaren ante los tribunales suramericanos.