Interpol rechazó una orden de detención de Evo Morales al considerar que el delito de que se le acusa tiene una connotación política, informó este jueves la Fiscalía de Bolivia.

“Lo que planteamos es que se preserve y se respete la integridad de las instalaciones y de quienes están en el interior”, ha dicho el canciller mexicano (ministro de Exteriores), Marcelo Ebrard. “Ni en los peores momentos de los golpes militares de los años setenta y ochenta se puso en riesgo la integridad de estas instalaciones”, ha añadido. México denuncia que el acoso comenzó el 11 de noviembre, mientras se hacían las gestiones para llevar a Morales a territorio mexicano. “Primero se quejaban de que le diéramos asilo, después que hiciera unas declaraciones desde México, ahora por estos nueve funcionarios asilados”, contaba esta semana en entrevista Maximiliano Reyes, subsecretario para América Latina y el Caribe.

“Allá nos veremos”. Esa fue la respuesta de Arturo Murillo, el ministro de Gobierno de Bolivia, al anuncio de México. “Veremos quiénes han violado los tratados”, añadió el ministro en referencia a las declaraciones públicas sobre política boliviana que hizo Morales desde su exilio en México. El Gobierno boliviano argumenta que estos dichos fueron permitidos por el Ejecutivo mexicano en contra de los acuerdos internacionales sobre asilo. Además, dijo que no hay pruebas que sostengan las afirmaciones que México hace en su recurso ante la Corte.

EL PAÍS adelantó el lunes que cinco exministros, un exprocurador (fiscal) general, un exgobernador y otros dos funcionarios están resguardados en la legación mexicana después que el Gobierno interino de Jeanine Áñez anunciara una “cacería” para detenerlos. El blanco principal es Juan Ramón Quintana, exministro de Gobierno y uno de los hombres fuertes de Morales. Quintana ha sido acusado de sedición y terrorismo, delito que se sanciona con 30 años de prisión. También está acusada de terrorismo la exministra de Cultura Vilma Alanoca, en la mira porque se encontraron bombas molotov en una dependencia del ministerio que dirigía.

Los funcionarios mexicanos denunciaron que había hombres fuertemente armados en los alrededores de la Embajada, que se seguía a los vehículos oficiales y se increpaba constantemente a la embajadora, Teresa Mercado. El propio Morales, asilado en Argentina desde principios de diciembre, dijo que se estaban utilizando drones para espiar a los diplomáticos mexicanos y a sus exfuncionarios. Karen Longaric, la canciller boliviana, ha dicho que los exfuncionarios “no son perseguidos políticos” sino que son buscados porque “han cometido delitos comunes”.

En la víspera de Nochebuena, las presiones empeoraron. Hasta 150 policías y miembros del Ministerio del Interior vigilaron las instalaciones. El Gobierno de Áñez descartó que se tratara de acoso y dijo que se estaba brindando “protección” a los representantes mexicanos. Las protestas poselectorales en Bolivia han dejado al menos una veintena de muertos, según Human Rights Watch. La mayor preocupación de México es una incursión por la fuerza a la Embajada para detener a los nueve funcionarios, han dicho fuentes diplomáticas a este periódico. El Gobierno ya ha otorgado el asilo a los nueve exfuncionarios, pero la Administración de Áñez no ha dado los salvoconductos para que estos abandonen Bolivia y ha emitido órdenes de detención para cinco de ellos.

El viceministro boliviano de Seguridad, Wilson Santamaría, también utilizó un tono desafiante para anunciar que su país no retirará el personal asignado para el control de la Embajada y la residencia oficial mexicanas. El contingente llegó a ser de 90 policías y al día de hoy, después de la primera protesta de México, ha disminuido a 16 efectivos en cada sitio. “No vamos a permitir que nadie que tenga cuentas pendientes con el país de la anterior administración abandone Bolivia”, ha añadido Santamaría.

La Paz ha justificado la vigilancia extraordinaria con dos argumentos diferentes. Los encargados de Seguridad han señalado que existe el riesgo de que los exfuncionarios huyan y se den a la fuga cruzando la frontera con Argentina. El secretario privado de la presidencia, Erick Foronda, aseguró hace un par de días que la policía está protegiendo la embajada mexicana de posibles protestas de campesinos, una explicación que el Gobierno no ha vuelto a usar.

El plan de acción de México ha comenzado por agotar la vía legal y diplomática para evitar la violencia. Argumenta que las acciones de Bolivia violan la Convención de Viena, que establece el derecho que norma entre representaciones y representantes de países. Ha emitido tres notas diplomáticas esta semana, ha acudido a Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos y se ha acercado a los Gobiernos del continente para reunir apoyos. “No hay ningún principio que asista a quien quiera violentar la sede diplomática de un país”, ha reclamado Ebrard. “México está presentando un instrumento jurídico por violación de obligaciones diplomáticas”, ha agregado.

La Cancillería mexicana ha descartado que vaya a romper relaciones con Bolivia. El enfriamiento en las relaciones bilaterales no solo recae en el gesto que tuvo México de dar asilo a Morales. En el telón de fondo también está el hecho de que varias figuras clave del Movimiento al Socialismo buscan llegar, están o han pasado por México en tiempos en los que aún no se define cuándo serán las elecciones presidenciales y cómo será la sucesión en el poder tras la partida del expresidente, quien estuvo casi 14 años en el poder.

BOLIVIA ASEGURA QUE MÉXICO PIDIÓ QUE SE REFORZARA LA VIGILANCIA

El Ministerio boliviano de Relaciones Exteriores ha publicado este jueves dos cartas en las que las propias autoridades mexicanas piden que se refuerce la vigilancia afuera de su Embajada en La Paz. “La Embajada se permite solicitar a ese Ministerio apoyo para que se garantice la seguridad adecuada a fin de preservar la integridad del personal de esta representación, así como de los inmuebles”, se lee en la misiva, fechada el pasado 19 de noviembre.

“Durante los últimos días hemos registrado una serie de manifestaciones, al tiempo de conocer la convocatoria a nuevas protestas frente a la Embajada y Residencia de México”, se lee en otra carta con fecha del pasado 28 de noviembre. La Cancillería boliviana afirma este jueves en un comunicado que la mayor presencia policial fue en atención a estas solicitudes. El Gobierno de México ha respondido que ya está documentando el caso para presentarlo ante la Corte Internacional de Justicia.

FUENTE: EL PAÍS

Morales ha partido de México en un vuelo comercial. Las fuentes consultadas aseguran que el avión no ha salido desde el aeropuerto de Ciudad de México. Tras el adelanto de la noticia por EL PAÍS, la Cancillería mexicana ha confirmado el viaje: “Según nos informó, se trata de un viaje temporal”, ha asegurado el portavoz de Exteriores, Roberto Velasco, a través de Twitter. El Gobierno mexicano ha brindado tanto a Morales, como al que fuera su vicepresidente, Álvaro García Linera, y a la exministra de Salud, Gabriela Montaño —que le acompaña en el viaje a Cuba—, una identificación que le permite entrar y salir del país como asilado. Tras conocerse el viaje, Montaño aseguró a Reuters que el motivo del mismo era una consulta médica con el equipo de médicos cubanos que ya le habían atendido en Bolivia.

La intención de Morales, según las mismas fuentes, es instalarse en Argentina para poder estar más cerca de su país y tener un contacto más cercano con los dirigentes de su partido para ultimar los detalles de la candidatura con la que el Movimiento al Socialismo (MAS) concurrirá a las próximas elecciones, aún con fecha por concretar. Cuándo decidirá partir hacia Argentina es aún una incógnita. Las autoridades mexicanas han recomendado al exmandatario boliviano que se desplace siempre desde México en vuelo comercial.

Morales buscaba asistir a la toma de posesión de Alberto Fernández el próximo martes, pero desde Argentina, el equipo del aún presidente electo le ha transmitido que es mejor que espere a que asuma el cargo. El motivo aducido es que antes no le pueden dar todas las garantías de asilo y seguridad, ya que sería una decisión que aún depende de Mauricio Macri. En ese caso, Morales esperará hasta la próxima semana o la siguiente, según las fuentes consultadas, para volar hacia Argentina. No obstante, no está descartado que se desplace directamente desde La Habana. El exmandatario cubano Raúl Castro ha sido invitado a la toma de posesión de Fernández.

El expresidente boliviano aspira al asilo en Argentina para poder tener un contacto más directo con los dirigentes de su formación, el Movimiento al Socialismo. No obstante, uno de los aspectos que más le preocupa al entorno del mandatario, según las fuentes oficiales mexicanas, es la seguridad, ya que dan por hecho que en México está más protegido. Desde que llegó al país norteamericano hace casi un mes, Morales ha pasado la mayor parte del tiempo en una base militar del Gobierno mexicano y en la última semana se había desplazado ya a una casa particular.

Morales llegó como asilado político a México el 12 de noviembre, dos días después de renunciar a su mandato y tras aceptar el ofrecimiento del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. México se hizo cargo de sacar al político boliviano de la región cocalera donde se había resguardado, una odisea en la que estuvieron implicados varios Gobiernos latinoamericanos —el de Perú no permitió que el avión aterrizase en Lima a la vuelta, aunque sí el sobrevuelo del espacio aéreo— y el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández.

El expresidente llegó a México acompañado por su vicepresidente, Álvaro García Linera, quien también estudia la posibilidad de instalarse en Argentina. Según las fuentes consultadas, García Linera, que está en México junto a su pareja y su hija de dos años, tampoco descarta permanecer en México, donde ha recibido ofertas para impartir clases en universidades.

Así lo confirmó el representante en Cochabamba de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, Nelson Cox, quien precisó que los cuerpos son de manifestantes y fueron trasladados al hospital México de Sacaba, ciudad vecina de Cochabamba, “con heridos de bala”, y que fallecieron antes de llegar.

Agregó que las fuerzas conjuntas de policías y militares tuvieron una acción “desproporcionada” ante la manifestación, que en días precedentes ya registró heridos de bala entre quienes protestaban.

Respecto del traslado de heridos, comentó que fueron evacuados a varios centros de salud, los más graves al hospital de Viedma de Cochabamba. Sin embargo, aseguró que las fuerzas de seguridad en los puntos de control no dejaron pasar ambulancias que transportaban a los heridos.

“He estado instando todos los días para evitar que haya movilizaciones, no solamente que no sean violentas, sino evitar movilizaciones”, comentó.

Desde el domingo hubo “una escalada de intervenciones de las fuerzas conjuntas policiales y de las Fuerzas Armadas que han tenido de forma desproporcional sus intervenciones”, sostuvo.

Respuesta de la Policía

Al respecto, la Policía Boliviana informó en Twitter de que los Policías “fueron atacados con armamento letal y armas de fuego improvisadas en el puente Huayllani”, entre las ciudades de Cochabamba y Sacaba.

Un vehículo militar “recibió impactos de armas de fuego”, un hecho bajo investigación indicó la Policía en otro mensaje.

Los enfrentamientos ocurrieron cuando un gran número de cocaleros procedente del trópico de Cochabamba intentaba ingresar en la ciudad, donde las fuerzas del orden habían instalado controles en los accesos.

Los manifestantes tienen al parecer como destino final La Paz para apoyar marchas a favor de Evo Morales, que el pasado domingo renunció al poder y está asilado en México.

Según medios locales, durante los disturbios las fuerzas de seguridad decomisaron dinamita, escopetas y cócteles molotov.

EFE

“Se les dará un plazo para que abandone el país, por haberse involucrado en asuntos internos del Estado, a todo el personal diplomático de la embajada de Venezuela en Bolivia que representa al gobierno del señor Nicolás Maduro”, expresó la diplomática partidaria de la mandataria transitoria Jeanine Añez.

Longaric afirmó que los políticos venezolanos ‘’violaron las normas de la diplomacia y se los declara persona no grata’’, por lo que tomarán medidas durante la jornada para facilitar su retirada.

Cabe resaltar que la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez, reconoció a Juan Guaidó como la máxima autoridad de Venezuela.

“Por supuesto que se van a romper relaciones con Maduro; reconocemos una Venezuela democrática”, declaró la funcionaria.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, acusó a “venezolanos y cubanos” de participar en labores políticas contra la naciente gestión de Añez, recoge AFP.

En tanto, la Policía informó este viernes la detención de nueve venezolanos, a quienes acusó de posesión de armas, con los mismos fines políticos.

Este viernes, la Policía detuvo a nueve ciudadanos venezolanos acusados de poseer armas del Partido Socialista de Venezuela, debido a que están relacionados con el régimen de Nicolás Maduro, según Longaric.

La nueva diplomacia boliviana está dando un giro de 180 grados a la establecida por Evo Morales desde su llegada al poder en 2006. El exgobernante, asilado en México desde el martes, mantuvo estrechos lazos con Venezuela y Cuba y una abierta crítica a Estados Unidos.

La etapa de sucesión de Morales, asilado en México desde el martes, comienza en medio de una profunda, aparentemente insanable, quiebra política y social. El Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de gobierno durante los últimos 14 años, rechazó apoyar la designación de Áñez, senadora elegida en las filas de la oposición y vicepresidenta segunda del Senado. Esta asumió la presidencia porque las demás autoridades de la línea de sucesión previstas en la Constitución habían dimitido. Sin embargo, la presidenta del Senado, la socialista Adriana Salvatierra, reivindicó este miércoles seguir todavía en el cargo porque el Parlamento no debatió ni ratificó su renuncia. Áñez tuvo de su parte el respaldo de los poderes fácticos, empezando por el jefe del Ejército, Williams Kaliman, a quien relevó junto a la cúpula militar después de que este le colocara la banda presidencial. Y también del Tribunal Constitucional, que interpreta que el trámite de la sucesión no tenía por qué obtener el visto bueno de la mayoría del Senado.

La presidenta interina, que se ha garantizado el control de la Policía y las Fuerzas Armadas, mantuvo que su meta es “recuperar la institucionalidad y el orden democrático”. “Como lo he manifestado ya anteriormente, este va a ser un mandato de estricto orden provisional”, prometió. “La labor principal de nuestra gestión de Gobierno será restaurar la paz social, realizar elecciones libres y transparentes en el plazo más breve posible y traspasar el Gobierno a quienes los bolivianos elijan con plena legalidad y legitimidad democrática”, agregó. Áñez y todos los dirigentes que se opusieron a Morales llevan tres días negando que la dimisión del primer presidente indígena del país sea fruto de un golpe de Estado, aunque su salida se produjo después de un pronunciamiento del jefe del Ejército. Desde el Palacio de Gobierno, la política del Frente de Unidad Nacional, de posiciones conservadoras, arremetió contra su antecesor y lo calificó de “caudillo”.

En su Gabinete se sentará la especialista en derecho internacional Karen Longaric como nueva canciller. El ministro de la Presidencia será Jerjes Justiniano, abogado de Luis Fernando Camacho, líder del Comité Cívico Pro Santa Cruz que en las últimas semanas encabezó el sector duro de las protestas contra Morales. O la periodista Roxana Lizarraga como ministra de Comunicación. Pero fueron sobre todo las declaraciones del derechista Arturo Murillo, nuevo ministro de Gobierno, las que desvelaron las prioridades del Ejecutivo. En primer lugar, acabar con la convulsión social.

“Vamos a hacer que la ley caiga con el más fuerte peso, que se cumpla a cabalidad, vamos a reunirnos con el señor fiscal general y le vamos a decir que apoye la patria, que apoye al pueblo de Bolivia, que no mire colores políticos”, afirmó Murillo. “A los que están haciendo sedición vamos a pedir también que se los encarcele. Este no va a ser un ministerio de persecución, para nada, este va a ser un ministerio que va a ayudar a la gente y va a buscar seguridad, pero aquel que trate de hacer sedición, a partir de mañana que se cuide”, manifestó. La advertencia a su predecesor no deja lugar a ningún tipo de matiz. “Vamos a ir a la cacería de Juan Ramón Quintana, porque es cacería, ese es un animal que está matando a gente en nuestro país”, declaró a los periodistas. Quintana es considerado como una suerte de eminencia gris del Gobierno derrocado por la antigua oposición y acusado de orquestar acciones violentas. Murillo también se dirigió sin medios términos a Raúl García Linera, hermano del exvicepresidente Álvaro. “Esas personas que empiecen a correr”, manifestó, haciendo hincapié además en la teoría de la presencia en Bolivia de excombatientes de la ya extinta guerrilla de las FARC y ciudadanos cubanos y venezolanos. “A todas esas personas vamos a aplicarles el mayor rigor de la ley”.

Mientras tanto, los dirigentes y militantes del MAS no abandonan la tesis del golpe de Estado. Este miércoles lo hizo Morales desde México y Adriana Salvatierra, probablemente la joven promesa con más proyección del partido, en La Paz. La política denunció haber sido agredida por las fuerzas de seguridad cuando su bancada intentaba acceder al Senado. “Han pretendido impedir el acceso a los parlamentarios y parlamentarias”, aseguró, antes de calificar como “ilegal” la toma de posesión de Áñez. Salvatierra admitió que presentó su dimisión el pasado domingo, pero explicó que lo hizo en un clima de revanchismo y violencia contra los representantes socialistas y sus familiares. Es decir, sugirió que de alguna manera esa decisión fue una forma de protegerse. “Yo sí hice pública renuncia a la presidencia de la Cámara de senadores y eso ni fue puesto siquiera en consideración [en el Pleno]”, detalló antes de asegurar: “Sigo siendo senadora”.

La agresión ocurrió ayer en la ciudad de Vinto, en la región central de Cochabamba, y es el último episodio de la ola de violencia que sacude a Bolivia desde las contestadas elecciones presidenciales del 20 de octubre y que ya se ha cobrado tres vidas. Aunque la junta electoral dio como ganador al presidente Evo Morales, que de esta manera accedería a un cuarto mandato, la oposición denuncia fraude electoral y exige la repetición de comicios.

El suplicio al que fue sometido la alcaldesa puede verse en varias grabaciones hechas con teléfono móvil por los manifestantes, a quienes se oye gritar “¡Asesina, asesina!” a la aterrorizada mujer. Arce fue obligada a caminar descalza por la calle al menos durante siete kilómetros, según ha informado la prensa local. Los asaltantes, que iban armados con palos y piedras, le obligaron a arrodillarse y le cortaron el pelo. También le hicieron firmar una carta de dimisión.

Los manifestantes antigubernamentales tenían tomado un puente en la ciudad de Vinto cuando comenzaron a circular rumores de que dos manifestantes habían sido asesinados por defensores de Morales que les habían atacado cerca de ahí. (Una de las muertes se confirmó horas después, un estudiante de 20 años con el cráneo roto). Una turba, que acusaba a la alcaldesa de haber mandado a los matones para despejar su protesta, se dirigió al ayuntamiento. Asaltaron el edificio, rompieron todos los cristales e incendiaron el despacho de la alcaldesa, a quien se llevaron a rastras.

La multitud la llevó a la fuerza varios kilómetros más allá de la alcaldía. Fue montada sobre una tarima para cortarle el cabello y echarle pintura roja. Mientras era sujetada por el cuello y agredida, la alcaldesa aseguró que estaba dispuesta a dar su vida por el proceso de cambio, como el oficialismo denomina al movimiento que llevó al poder a Evo Morales en 2006. “No tengo miedo por decir mi verdad. Y estoy en un país libre. Y no voy a callar y si quieren matarme que me maten”, se la oye decir en un vídeo. Tardó cuatro horas en ser rescatada por la policía, que la sacó del lugar en motocicleta.

Otras ciudades de la región, como la propia Cochabamba y la vecina Quillacollo, registraron fuertes enfrentamientos entre afines a Morales, como cocaleros y mujeres indígenas, y detractores del mandatario, con informes de decenas de heridos. La policía empleó material antidisturbios como gases lacrimógenos para dispersar a los violentos.

La situación es extremadamente tensa en Bolivia desde la noche electoral, cuando el recuento de los votos se detuvo de manera inesperada durante 24 horas. Si por la noche la victoria de Morales estaba en el alero, al retomarse el recuento al día siguiente el presidente ya ganaba en primera vuelta. Eso detonó las sospechas entre los seguidores del candidato opositor, el expresidente Carlos Mesa, de que había habido pucherazo.

El Gobierno ha aceptado someter las elecciones a una auditoría de la OEA (Organización de Estados Americanos), que Mesa y el resto de opositores rechazan. Morales acusa a Mesa de estar llevando a cabo un golpe de Estado.

La Organización de Estados Americanos ya había identificado fallas en el proceso electoral y pidió una segunda vuelta en diciembre. La UE dijo que “comparte totalmente” esta opinión.

El presidente declaró su victoria la mañana del jueves, asegurando que los pocos votos pendientes eran de regiones rurales donde cuenta con un fuerte apoyo.

“Ya ganamos en la primera vuelta”, dijo Morales a los periodistas. “Aún no es oficial, oficial, pero ya ganamos”.

Morales es un aliado de Nicolás Maduro, aunque a diferencia de su homólogo venezolano, ha dirigido el crecimiento y la mejora del nivel de vida de su país.

El recuento preliminar de votos se suspendió el domingo por la noche y se reinició 24 horas después. El hecho causó sospechas generalizadas, protestas y acusaciones de fraude. Cuando aún se contaban los votos, el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia renunció y los partidarios de la oposición prendieron fuego a las oficinas regionales de dicha autoridad.

Aunque no existe evidencia clara de fraude, la “confusa falta de transparencia” de la autoridad electoral implica que la oposición no aceptará la victoria de Morales como legítima, dijo Kathryn Ledebur, directora de la Red Andina de Información, un grupo de expertos con sede en Bolivia.

“El pueblo boliviano tiene el derecho de elegir sus líderes en elecciones libres y justas”

Los disturbios en Bolivia se producen después de días de enfrentamientos en Chile, el país vecino, por la subida de los precios del metro, y de más de una semana de violencia en Ecuador a principios de mes, después de que el gobierno aumentara los precios del combustible.

Para evitar una segunda vuelta, el candidato a la cabeza debe obtener la mayoría absoluta o al menos el 40% de los votos y 10 puntos de diferencia sobre el segundo. Tras las declaraciones del gobernante, la página en internet del Tribunal Supremo Electoral (TSE) mantenía sin embargo el conteo en 98,35% de las actas escrutadas y daba a Morales el 46,38% de los votos y a Mesa un 37,03%, con una diferencia que aún no llega a los 10 puntos necesarios.

Polémica por los votos
En la víspera, Carlos había dicho que no reconocería los resultados del TSE, al que acusa de haber manipulado la votación para favorecer al candidato oficialista, por lo que grupos opositores mantienen protestas en todo el país. Incluso había había llamado a los bolivianos a una “movilización permanente”. Por su parte la Organización de Estados Americanos (OEA) había expresado que lo mejor sería ir a una segunda vuelta.

Los resultados del cómputo del Tribunal Supremo Electoral se han divulgado en medio de críticas de los opositores y observaciones de , la Unión Europea y países como Brasil, Argentina y Estados Unidos. Las objeciones radican en que primero dio resultados de un sistema de conteo rápido, denominado TREP, que avizoraba una segunda vuelta entre Morales y Mesa, y luego pasó a un segundo sistema de cómputo oficial. AFP

Más de dos días después del cierre de las urnas y entre denuncias de fraude, un cuestionado escrutinio sitúa a Evo Morales al borde de la victoria en primera vuelta. Si se confirma ese veredicto, el presidente que más años lleva en el poder en América no tendrá que medirse con el opositor Carlos Mesa en un desempate. “Con los votos de las áreas rurales estoy convencido de que vamos a ganar en primera vuelta”, dijo Morales antes de subir el tono: “No estamos en tiempos de colonia ni de monarquía para designar presidentes”. El líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) llamó a “organizarse, prepararse”. “Vamos a defender la democracia”, enfatizó.

Las sospechas generadas por la interrupción del conteo electrónico de los votos, que dibujaba una nueva votación fijada para el 15 de diciembre, han desatado una oleada de protestas que no tiene visos de contenerse. Mesa ya ha anunciado que no reconocerá los resultados porque los considera un “fraude escandaloso” y llamó a la movilización de sus simpatizantes. Mientras tanto, varias instancias internacionales, encabezadas por la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y la Administración de Donald Trump, criticaron el proceso electoral y sembraron serias dudas sobre su transparencia.

La crisis de legitimidad de Morales empezó, según sus rivales políticos, el 21 de febrero de 2016, cuando, después de una década en el poder, perdió un referéndum sobre reelección indefinida. Pudo concurrir a estos comicios, en los que revalida un cuarto mandato consecutivo, porque el Constitucional y el Tribunal Electoral se lo permitieron. Con estas premisas y la pugna en las urnas se ha multiplicado la tensión. Las principales ciudades de Bolivia vivieron escenas de violencia, disturbios y represión.

El mandatario optó por solicitar una auditoría de las elecciones y se dirigió a la OEA. El organismo aceptó verificar el recuento de los votos, pero exigió que sus conclusiones sean vinculantes. El Gobierno boliviano aún no ha aclarado si asume esas reglas del juego y todo el país está a la espera de una comparecencia de Morales ante la prensa prevista para la mañana de este miércoles.

La organización multilateral realizará a través de su misión de observación un análisis “que comprenda, entre otros aspectos, la verificación de cómputos, aspectos estadísticos, verificación del proceso y cadena de custodia”. La estrategia de Morales busca quitarse de encima la presión internacional, de la que siempre se ha librado a diferencia de sus aliados en la región como Nicolás Maduro. También es una forma de disipar las dudas y, a la vez, ganar tiempo después de unos días caóticos en los que la actuación del TSE había hecho saltar todas las alarmas. Este martes presentó su dimisión el vicepresidente de ese órgano, Antonio José Iván Costas, precisamente por la “desatinada decisión […] de suspender la publicación de los resultados”.

Esa fue la razón que llevó a la misión de la OEA —que encabezó el control de la jornada electoral— a dirigir a última hora del lunes una advertencia a las autoridades. El jefe de la delegación, el excanciller de Costa Rica Manuel González Sanz, rechazó la interrupción del escrutinio rápido y manifestó su “profunda preocupación y sorpresa por el cambio de tendencia”. “A las 20.10 de ayer [por el domingo], el Tribunal Supremo Electoral dejó de divulgar resultados preliminares, por decisión del pleno, con más del 80% de las actas escrutadas. 24 horas después, presentó datos con un cambio inexplicable de tendencia que modifica drásticamente el destino de la elección y genera pérdida de confianza en el proceso electoral”, señaló el representante del organismo.

Los resultados electorales parciales en Bolivia están a punto de confirmar este martes la victoria del presidente Evo Morales en la primera vuelta de las elecciones, pero la oposición denuncia un fraude y protesta en las calles, mientras los observadores internacionales cuestionan esta ventaja repentina del jefe del Estado.

Después de una jornada violenta el lunes, en la que manifestantes quemaron urnas y sedes electorales, la oposición, sindicatos, organizaciones empresariales y ciudadanos preparaban nuevas protestas para el martes.

Las movilizaciones en las calles comenzaron cuando las autoridades electorales, sin explicación alguna, reanudaron el lunes por la noche el recuento de votos interrumpido el día anterior.

Y el recuento rápido de actas (TREP) dio sorpresivamente a Morales un 46,87% de los votos y a su rival, Carlos Mesa, el 36,73%, una vez escrutado el 95,30% de los sufragios.

Morales, en el poder desde 2006, está a punto de evitar una segunda vuelta y ser reelegido.

Según la Constitución boliviana, el ganador en primera vuelta debe obtener el 50% más uno de los votos válidos o al menos 40% de los sufragios, con una ventaja de 10 puntos sobre el segundo.

Las protestas no se hicieron esperar. En Sucre (sureste) y en Potosí (suroeste), enardecidas muchedumbres incendiaron los tribunales electorales departamentales. En La Paz se registraron choques con la policía, mientras la oficina del partido gobernante, el Movimiento Al Socialismo (MAS) era destruida en Oruro (sur).

Los incidentes también alcanzaron a las ciudades de Tarija (sur), Cochabamba (centro) y Cobija (norte), donde la policía dispersó a los manifestantes. En Riberalta, departamento Beni (noreste), los manifestantes destruyeron una estatua del fallecido mandatario venezolano Hugo Chávez, aliado de Morales.

Bloquear el país

Y para el martes, la movilización se prevé mayor y más organizada. El sindicato de médicos, que mantuvo una huelga de más de un mes por reivindicaciones laborales, anunció movilizaciones en todo el país. “Hoy se juega la democracia”, dijo su líder, Luis Larrea.

Fernando Camacho, presidente del poderoso Comité Pro-Santa Cruz (rica región del este del país), un colectivo de derechas que agrupa desde empresarios hasta asociaciones de vecinos, llamó a “bloquear el país”.

La influyente plataforma civil Conade, que agrupa a comités cívicos de todo el país, anunció también una “resistencia civil” ante la posible victoria de Morales.

Su líder, Waldo Albarracín, que recibió un golpe en la cabeza en una trifulca callejera con miembros del oficialismo, denunció que “se consuma un fraude monumental” y convocó “al pueblo a estar alerta”.

Ante el clima de violencia, la Iglesia católica llamó a “la paz y serenidad” y urgió al tribunal electoral (TSE) “a cumplir con su deber de árbitro imparcial”.

La ventaja de Morales fue cuestionada por la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA), que llegó a Bolivia para observar las elecciones presidenciales y legislativas del domingo.

“La Misión de la OEA manifiesta su profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares conocidos tras el cierre de las urnas” el domingo, y que estaban orientados hacia una segunda vuelta entre Morales y Mesa, dijo en un comunicado.

El OEP paralizó la difusión del escrutinio el domingo, tras un primer y único informe de conteo rápido del 84% de las actas que daba un 45,28% a Morales y un 38,16% a Mesa, datos que anticipaban un balotaje el 15 de diciembre.

Mesa pide movilización ciudadana

Mesa, que fue presidente de Bolivia de 2003 a 2005, denunció un “fraude” y anunció que no reconocería los últimos resultados provisionales.

“No vamos a reconocer esos resultados que son parte de un fraude consumado de manera vergonzosa y que está colocando a la sociedad boliviana en una situación de tensión innecesaria”, declaró Mesa el lunes en la noche.

Mesa, historiador y periodista de 66 años, llamó a una “movilización ciudadana” hasta que se difunda el resultado definitivo.

El ministro de Gobierno (Interior), Carlos Romero, responsabilizó a Mesa por los disturbios. “No corresponde convocar a la violencia y la confrontación, esa no es una actitud democrática”, señaló.

Estados Unidos expresó su preocupación y llamó a restablecer la “credibilidad y la transparencia” del proceso electoral en Bolivia, una línea a la que se sumaron los gobiernos de Argentina, Brasil y Colombia.

Morales, que cumplirá 60 años el sábado, dijo que confiaba en la votación de las zonas rurales para evitar la segunda vuelta.

Su decisión de volver a postularse es mal vista por un segmento de la población y fuertemente criticada por la oposición, que creen que su victoria conducirá Bolivia hacia una autocracia.

Estas premisas dieron pie a una campaña muy enconada en la que por primera vez en más de 15 años el desgaste del Gobierno abre la puerta a la posibilidad de una segunda vuelta, aun poco probable a tenor de las encuestas. Morales, del MAS, se enfrenta a una oposición muy fragmentada en la que solo hay un contrincante con capacidad real de arañarle apoyos, el exmandatario Carlos Mesa (2013-2015), cabeza del Frente Revolucionario de Izquierda. A él se suma otro aspirante que tuvo discreta visibilidad, el senador Óscar Ortiz.

Los lemas de la carrera electoral dibujan, en sí, un panorama anómalo, en el que el líder de la izquierda, el que llegó al poder para darle la vuelta al sistema, es quien ahora se presenta como garantía de estabilidad frente a la incertidumbre. El presidente exhibe junto a su número dos, Álvaro García Linera, el eslogan “Futuro seguro”, mientras Mesa ha jugado con la idea de que “Ya es demasiado”. Ese llamamiento a la seguridad se apoya, fundamentalmente, en la economía. Las mismas previsiones publicadas esta semana por el Fondo Monetario Internacional (FMI) vaticinan un crecimiento del 3,9% al cierre de este año. Esto es, por encima de los vecinos Chile o Perú, que sin embargo tienen un PIB mucho mayor. Y el Banco Mundial certifica que la pobreza se redujo desde el 60% al inicio de su mandato al 35% en 2018.

Estas cifras no solo convierten a Morales en una excepción en el antiguo eje de Gobiernos bolivarianos, entre los que el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela cayó en una deriva sin precedentes en ese país. También lo distancian de proyectos neoliberales como del de Mauricio Macri. La crisis argentina fue uno de los principales fantasmas de estas elecciones, al igual que el vendaval político generado por la gestión de los incendios en la Amazonia.

“Con el hermano Álvaro pedimos cinco años más para aprovechar nuestra experiencia, terminar las grandes obras en petroquímica, hierro y litio y bajar la extrema pobreza a menos del 5 %”, clamó el miércoles Morales al finalizar la campaña. “Mi sueño es que Bolivia siga siendo primera en crecimiento económico en Sudamérica. No me abandonen”, dijo y reiteró a sus simpatizantes desde las redes sociales. Mesa, que recibió apoyos de exafines de Morales y del exmandatario Jorge Quiroga, puso sus últimas cartas sobre la mesa desde el feudo opositor de Santa Cruz. Aseguró que los ciudadanos se juegan el futuro del país, entre duras críticas al aparato oficialista y los riesgos de que Bolivia emprenda un camino autocrático. Con todo, este político está duramente cuestionado por supuestos cobros ilegales en su etapa como vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada.

Según destaca el profesor y analista político Fernando Mayorga la incógnita de la segunda vuelta –que se daría si el presidente no alcanza el 50% de los votos o no supera el 40% con diez puntos de margen sobre el segundo- quedará despejada con el voto del 15% de indecisos. En su opinión, al igual que la dicotomía estabilidad versus incertidumbre, opera también otra, “continuidad versus cambio”. “Hasta hace seis meses predominaba la idea de cambio por el descontento del referéndum, por eso había un predominio de lo político”. “En este último tramo ha tenido más importancia la idea de la idea de la economía, se ha reafirmado con la crisis de Argentina y por lo sucedido en Ecuador”, apunta en referencia a las protestas contra Lenín Moreno, quien el pasado domingo se vio obligado a retirar un decreto de ajustes económicos con el que buscaba hacer frente a un préstamo del FMI.

A esas circunstancias se añaden las constantes acusaciones cruzadas. Sectores de la oposición, que en algunos casos ni siquiera reconocen a Morales como candidato legítimo, alertan preventivamente de la posibilidad de fraude, mientras el mandatario advirtió a principios de semana de que los opositores “quieren quemar la Casa Grande del Pueblo [sede presidencial, en La Paz] y dar golpe de Estado si Evo gana”.

FUENTE: EL PAÍS

La selección peruana de fútbol ganó 3- 1 a Bolivia en cotejo válido por la segunda fecha del Grupo A de la Copa América y suma cuatro puntos y sigue con opciones de pasar a la siguiente ronda del torneo sudamericano.

Bolivia: Carlos Lampe; Diego Bejarano, Luis Haquin, Adrián Jusino, Marvin Bejarano; Leonel Justiniano, Fernando Saucedo o Diego Wayar, Raúl Castro o Ramiro Vaca, Alejandro Chumacero; Erwin Saavedra o Leonardo Vaca y Marcelo Moreno Martins. Seleccionador: Eduardo Villegas.

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco; Jefferson Farfán, Renato Tapia, Yoshimar Yotún o Andy Polo, Christian Cueva o Edison Flores; Christofer Gonzáles y Paolo Guerrero. Seleccionador: Ricardo Gareca.

Árbitro: el ecuatoriano Roddy Zambrano será auxiliado en las bandas por sus compatriotas Christian Lezcano y Byron Romero.

En el mencionado encuentro regional asistirán los presidentes del Perú, Martín Vizcarra; de Colombia, Ivan Duque; de Bolivia, Evo Morales y Ecuador, Lenín Moreno.

El Consejo Presidencial Andino se realizará al mediodía este domingo. Luego de esta reunión los mandatarios de Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador suscribirán una declaración conjunta.

En la cita regional también se realizará el traspaso de la Presidencia Pro Témpore, que corresponderá este año a Bolivia.

En la reunión en la que participarán los ministros de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de los cuatro países, además del secretario general de la Comunidad Andina, Jorge Hernando Pedraza, se anunciarán importantes decisiones en beneficio de más de 110 millones de ciudadanos de la subregión.

Reunión de ministros de Relaciones Exteriores
Previo a la Cumbre Presidencial, en la sede de la Secretaría General de la Comunidad Andina se realizará el XLV Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

El acto se iniciará antes de las 9:00 horas horas con la colocación de Ofrendas Florales ante el monumento del Libertador Simón Bolívar, para luego proceder a la instalación del mencionado Consejo, cuya reunión se prolongará hasta las 10:30 horas, aproximadamente.