Entró en vigencia este jueves la Ley de Precios Acordados en Venezuela, una propuesta del presidente Nicolás Maduro para regular los precios, estabilizar la economía y estimular la producción del país sudamericano. La norma también contempla alianzas entre el Estado y sectores productivos, así como análisis de costos. La medida comienza a regir luego de ser aprobada por la Asamblea Constituyente este miércoles.

El presidente Maduro agradeció a la Constituyente por la normativa e hizo un llamado a los ciudadanos a recorrer las calles para vigilar el cumplimiento de la misma.

“¿Quién va a aplicar la ley? La constituyente, el Gobierno revolucionario con la fiscalización que estamos haciendo con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el pueblo en la calle”, declaró Maduro.

El mandatario ordenó al vicepresidente Tareck El Aissami a reunirse este jueves con los fiscalizadores y la Comisión de Economía para diseñar el plan que garantice la aplicación de la nueva regla, según confirmó la presidencia en un comunicado oficial.

Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, dijo que “esta ley es un instrumento para aislar a los factores especulativos que han penetrado terroríficamente el sistema de precios en Venezuela”.

La Constituyente pidió a los sectores productivos, al Gobierno y a la ciudadanía trabajar en conjunto “para erradicar la corrupción en materia económica, donde los precios de los productos básicos son alterados por los comerciantes formales e informales”.

Rodríguez explicó que la Ley supone una instancia de diálogo entre todos los sectores productivos del país y señaló que los comerciantes que fijen productos con “precios ficticios podrán ser denunciados”.

“Esta ley es para hacer frente a la guerra económica inducida por sectores de la derecha nacional e internacional”, agregó.

Más de 2.500 millones de dólares han invertido en Nicaragua empresarios colombianos en los últimos cinco años, atraídos por los bajos costos de operación y los acuerdos comerciales con Estados Unidos, Europa y México, informó el viernes un gremio empresarial.

“Nicaragua es un país que ofrece muchas oportunidades a los inversionistas extranjeros por la excelente relación que hay entre los empresarios y el gobierno, la disponibilidad de tierras para invertir y mano de obra calificada barata”, afirmó a la AFP el vicepresidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin) Mario Amador.

También han contribuido a atraer capitales a Nicaragua los tratados de libre comercio que Centroamérica tiene con Estados Unidos, Europa y México, destacó.

Señaló que la inversión colombiana más grande se concretó en 2010, cuando el Grupo Aval, la corporación financiera más fuerte de Colombia, compró a General Electric todas las acciones de BAC Credomatic, con sede en Managua, por un valor de 1.920 millones de dólares.

En 2013, la colombiana Mineros S.A. adquirió la compañía minera Hemco, que estaba en manos de capital canadiense y nicaragüense, por la suma de 95,4 millones de dólares.

Mientras que el año pasado la azucarera colombiana Mayagüez compró el 60por ciento de las acciones de la Compañía Nicaragüense Azucarera del Sur, por la suma de 100 millones de dólares, precisó.

El ingenio buscó socios porque “tenía necesidad de inversiones de capital para aumentar” sus planes de producción y expansión, explicó Amador.

La inversión colombiana más reciente es la compañía de servicio de transporte selectivo Efytaxi, que empezó a funcionar este año con un capital de medio de millón de dólares.

Se estima que las empresas colombianas generan más de 4.000 empleos en el país centroamericano, que registra altos niveles de desempleo (53por ciento) y pobreza (45 por ciento). La inversión extranjera en Nicaragua ascendió el año pasado a cerca de 1.500 millones de dólares, el triple de hace cinco años, procedentes principalmente de Estados Unidos, México, Canadá y Venezuela y España, según datos oficiales.

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