Cuando solo quedan cuatro semanas para que los israelíes voten en las terceras elecciones legislativas que se suceden en menos de un año, la historia se acelera en Oriente Próximo en un damero de estrategia política y poder territorial de consecuencias imprevisibles. En la misma jornada en la que Netanyahu tiene previsto asistir en la Casa Blanca a la presentación del plan de paz del presidente Donald Trump, considerado de antemano como la propuesta más favorable para los intereses de Israel en toda la historia del conflicto entre israelíes y palestinos, la oposición, la justicia y los líderes palestinos estar redoblando sus acciones para poner término a una larga década de hegemonía política.

El fiscal general Mandleblit, que fue nombrado por Netanyahu después de haber ejercido como asesor legal de su Gobierno, no ha vacilado en presentar ante el Tribunal del Distrito de Jerusalén el pliego de cargos que hizo público el pasado 21 de noviembre, en el que imputaba al primer ministro en tres casos de corrupción por soborno, fraude y abuso de poder. Este trámite legal pone en marcha el procesamiento penal de Netanyahu, quien sin embargo no está obligado a dimitir mientras no haya sentencia firme del Supremo en su contra, en un procedimiento que puede demorarse varios años antes de su eventual encarcelamiento. Para el líder del Likud las acusaciones de la fiscalía obedecieron a “un intento de golpe de Estado” para apearle del poder sin pasar por la urnas.

Mientras el jefe del Gobierno seguía en Washington a la espera de que se conozca el contenido del llamado acuerdo del siglo, en el que la Administración Trump ha trabajado los últimos tres años, la Kneset se aprestaba a votar la constitución del comité que examina las peticiones de inmunidad parlamentaria. Esta comisión de asuntos internos de la Cámara no se había podio formar a causa de los tres procesos electorales que se suceden en Israel desde hace más de un año, con dos comicios de resultados no concluyentes, en abril y septiembre del año pasado, y una nueva repetición electoral convocada para el 2 de marzo.

“Todo esto [la votación parlamentaria de petición de inmunidad] esta en línea con la campaña ‘cualquiera menos Bibi [su apodo familiar]’ en marcha”, escribió el mandatario en Facebook para anunciar que renunciaba a pedir la inmunidad, al tiempo que aseguraba a sus partidarios que iba a ser absuelto de todos los cargos. “En lugar de estar por encima de las consideraciones políticas ante la seriedad del momento histórico”, argumentó en alusión al plan de paz de Trump, “otros siguen dedicándose al politiqueo fácil”.

Nada más regresar de Washington, donde también se reunió el lunes con el presidente de EE UU, su principal rival en las urnas, el centrista Benny Gantz, desveló cuál va a ser el eje central de su campaña a partir de ahora: “Netanyahu va a ser procesado. Los israelíes tienen que elegir: nadie debe poder dirigir el Gobierno mientras afronta tres graves acusaciones criminales”.

El desgaste de imagen que inevitablemente acarreará sur procesamiento por un tribunal amenaza con privarle de votos en el bloque conservador y reforzar las expectativas del centroizquierda, a la que los sondeos ya asignan ventaja, aunque sin una clara mayoría “Lo mejor que puede hacer es ocuparse de sus problemas legales”, apostilló Gantz, ex general jefe del Ejército, en una nueva invitación para que Netanyahu –que se enfrenta a una condena de hasta 10 años de prisión–  abandone de una vez la carrera por el poder.

Las manifestaciones, que congregaron a estudiantes de alrededor de 10 universidades, entre las que se incluyen la Javeriana, la Piloto, el Externado, la Distrital, la Pedagógica de Bogotá y la Universidad del Rosario, partieron de diferentes ubicaciones de la ciudad, hasta congregarse en las inmediaciones de la Universidad Distrital y la Javeriana, en la Carrera 7ma con Calle 40, espacio en el que esta semana se han presentado plantones de parte de los estudiantes de la Distital, en rechazo a la corrupción, y de la Javeriana, en protesta a los excesos de las autoridades para mitigar esta situación.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, hacia las 2:30 pm, la concentración, que registraba un aforo aproximado de 2.500 estudiantes, empezó a movilizarse a lo largo de la Carrera 7ma con Calle 32, con dirección hacia la Av Caracas. El destino de la concentración es el Parque de los Periodistas en el centro de la ciudad.

Las autoridades informaron que en acompañamiento a las marchas el Distrito dispuso de gestores de convivencia y grupo operativo en vía de la Secretaría de Movilidad. Así mismo, de reportó afectación a la movilidad sobre el corredor de la CR 13 al sur, y se sugiere tomar Av. Circunvalar como vías alternas. Posteriormente, se informó que la manifestación se encontraba sobre la intersección de la Av Caracas X Cll 19, y los manifestantes invadían ambos sentidos de la Cll 19 al Oriente.

Hacia las 4:40 pm Movilidad confirmó que el aforo de manifestantes llegó a aproximadamente 5.000 personas que se concentraron en el Parque de los Periodistas. Según la entidad, “se tiene afectación vial en la Glorieta de la Cr 3 con Cl 19”, pero que en el corredor de la Cl 19 se recupera movilidad en ambos sentidos. Así mismo, se reportaron cierres en las estaciones Aguas y Museo, a pesar de que no se presentan novedades en el desplazamiento ni en el punto de reunión.

Mientras que López Obrador ha puesto sobre la mesa el problema de la inseguridad, la coalición que forman PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, por la que Anaya opta a la presidencia, se vuelca en evidenciar los desmanes de la corrupción. En general, las respuestas que se ve obligado a dar el aspirante del PRI son esquivas o justifican, por omisión, la actuación del Gobierno, en el que Meade ha ocupado tres carteras distintas. “Es difícil que vaya a cambiar su posición, en su personalidad no está la confrontación y además necesita la estructura del partido”, opina Carlos Elizondo, profesor del Tecnológico de Monterrey.

El último caso ha sido la supuesta trama por la que el Gobierno habría desviado 246 millones de pesos (12.7 millones de dólares) a principios de 2016 del ministerio de Hacienda, encabezado por el hoy canciller, Luis Videgaray, a las arcas del PRI para reforzar al partido en las elecciones locales de junio de 2016, en las que el tricolor sufrió finalmente un importante revés. Uno de los Estados que perdió fue el de Chihuahua, cuyo actual gobernador, Javier Corral, del PAN, adelanta una investigación contra funcionarios del PRI supuestamente involucrados en esa trama de desvío de dinero público. Esta semana, Corral, en una conferencia de prensa que más parecía un acto electoral del Frente, denunció represalias por parte del Gobierno, a quien acusa de retener una transferencia de 700 millones de pesos (36.4 millones de dólares) como consecuencia de la investigación.

El precandidato del PRI se vio obligado a salir al paso y acusó a Corral de engañar a la ciudadanía e, incluso, de torturar a Alejandro Gutiérrez, exsecretario adjunto del PRI, detenido en diciembre en Chihuahua por participar en el presunto desvío de recursos durante el gobierno del antecesor a Corral, César Duarte, hoy huido de México.

La inseguridad también pone a Meade contra las cuerdas. El final del sexenio de Peña Nieto está bañado de sangre. A falta de contabilizar los datos de diciembre, el número de asesinatos entre enero y diciembre es de 26.574, 80 al día. Con esta media mensual de más de 2.000 homicidios dolosos, México está a punto de superar los 27.199 de 2011. Este escenario lo ha aprovechado López Obrador, líder de Morena y puntero en todas las encuestas desde hace meses, para obligar a sus rivales a hablar de las posibles políticas de seguridad. Tanto Meade como Anaya, más que proponer planes concretos, han reaccionado en contra del dos veces candidato presidencial, que ha sugerido aplicar una amnistía a implicados en narcotráfico y la creación de una guardia nacional.

La principal bandera del candidato del PRI había sido su buen manejo de la economía. La candidatura del exsecretario de Hacienda está bien vista por un amplio sector empresarial. Sin embargo, la cuesta de enero se le está haciendo dura en términos políticos también en este ámbito. La inflación se ha disparado, alcanzando el nivel más alto en 17 años y el aumento del precio de la gasolina, aunque no tiene nada que ver con los del pasado año, han servido a los rivales políticos para recordarle el “gasolinazo”, la elevada subida de las tarifas, que se vio obligado a adoptar a principios de 2017 a su llegada a Hacienda. A todo ello hay que sumar la cada vez mayor incertidumbre que pesa sobre el futuro del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, que supondría un golpe económico para el país y político para el PRI.

El tricolor trató de vender a finales de noviembre la candidatura de Meade como un soplo de aire fresco. Con su elección, el partido hegemónico en México durante 70 años, que recuperó el poder en 2012 tras dos sexenios de presidentes panistas, apostaba por primera vez por alguien que no militaba en el tricolor. Un alto cargo, a diferencia de otros del PRI, con buena fama y con un perfil tecnócrata, que parecía permitir a la formación ocupar el centro del tablero político. La decisión de Peña Nieto de decantarse por Meade abrió heridas dentro del partido, que aún están por cicatrizar.

La imagen que se buscó transmitir con Meade se fue disuadiendo con el tiempo. De hecho, el aspirante de la renovación, pocas horas después de que Peña Nieto lo destapase, le pedía al partido que lo hiciese suyo. Con los meses la situación no ha cambiado. “En términos metafóricos se puede decir que su campaña no termina de prender, con la inseguridad y la corrupción tiene que andarse con tacto, pero no parece lograr ganarse la centralidad”, opina José Woldenberg. El politólogo y académico advierte que la carrera electoral “apenas está arrancando” y que, formalmente, Meade aún es precandidato. “Quizás después pueda tomar distancia de la actual Administración”.

Pese al escenario desfavorable, en el PRI confían en que la potente estructura que ya está en marcha sirva para relanzar al candidato. Además, están a la espera de ver, en febrero, cuántos candidatos independientes logran conseguir las firmas necesarias para poder optar a la presidencia. Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, que abandonó el PAN por su disputa con Anaya y El Bronco, gobernador de Nuevo León, son los que más opciones tienen, seguidos del senador Armando Ríos Piter. “Tanto el PRI como Morena creen que la fragmentación les beneficia, porque tienen más negativos que positivos; la gran pregunta será ver cuántos votos les quitan a las coaliciones”, afirma Woldenberg. “La mejor noticia para el PRI es que los independientes pueden quitar más votos a sus adversarios que a él”, opina Elizondo, quien completa: “Aún queda mucho recorrido, en las últimas elecciones, solo en un caso [Peña Nieto, en 2012], el candidato que iba por delante en las encuestas en enero terminó siendo presidente”.

El magistrado federal Julián Ercolini, en línea con lo expresado por la Fiscalía, consideró que “se encuentra acreditado (probado)” que la exmandataria, entre otros miembros de su equipo y el empresario constructor Lázaro Báez, integraron una asociación “destinada a cometer delitos para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz”.

Ercolini, que dictó además contra Fernández un embargo de 10.000 millones de pesos (unos 664 millones de dólares), ordenó también el procesamiento de, entre otros, Báez, del exministro de Planificación Federal entre 2003 y 2015 Julio De Vido y del exsecretario de Obras Públicas en el mismo periodo José López, quien está en prisión preventiva desde que en junio fue sorprendido “in fraganti” cuando trataba de esconder casi 9 millones de dólares en un convento.

El expediente, abierto tras una denuncia formulada en 2008 por, entre otros la diputada oficialista Elisa Carrió -entonces opositora-, estudia un supuesto esquema de “beneficios exclusivos” a favor del grupo Austral, propiedad de Báez -cercano al fallecido expresidente Néstor Kirchner y ahora detenido por otra causa por presunto lavado de dinero-, en detrimento de las arcas del Estado.

“Se empieza a hacer Justicia”, expresó hoy Carrió a través de la cuenta oficial de Twitter de Coalición Cívica, su agrupación política.

Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, fiscales del caso, ya habían apuntado contra los imputados por presuntos delitos de “administración infiel” y de negociaciones incompatibles con la función pública, al ver indicios de que existió un supuesto plan para realizar millonarias obras públicas en la sureña provincia de Santa Cruz (cuna del kirchnerismo) que beneficiaron a Báez.

Aunque la ex jefa de Estado ya suma otro procesamiento por presuntas irregularidades en la venta de futuros de dólar por parte del Banco Central durante su gestión, es la primera vez que es procesada por una causa propiamente relacionada con delitos considerados de corrupción.

“Estamos con mucha tranquilidad, porque era algo esperable. Es una causa del año 2008, han pasado dos periodos constitucionales, nunca la han llamado a (declaración) indagatoria en estos dos periodos y ahora que está el Gobierno de Macri la llaman a indagatoria y la procesan”, criticó, en declaraciones a Efe, Gregorio Dalbón, uno de los abogados de la expresidenta.

A su juicio, y en la misma línea de discurso que desde hace meses realiza su representada, todo esto “es típico de una persecución absolutamente política y judicial”.

El letrado adelantó que “posiblemente” se presentará una apelación ante la Cámara Federal al considerar que lo expuesto por Ercolini es “de una calidad realmente paupérrima” y supone tomar “livianamente” un procesamiento de una expresidenta, lo que en su opinión puede ser objeto de sanción hacia el magistrado.

En una extensa resolución de casi 800 páginas, el juez ordenó el procesamiento de Fernández como “coautora penalmente responsable del delito de asociación ilícita en concurso real con el de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública”.

Ercolini considera que la ex jefa de Estado “habría perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado que estaban bajo la órbita de su responsabilidad, en función de su calidad de jefa de Gobierno y responsable política de la administración general del país”.

Entre los procesados se encuentra también el exadministrador general de la Dirección Nacional de Vialidad de Argentina, Nelson Periotti y el exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Santiago Kirchner.

A su salida de los tribunales, cuando fue llamada a declarar por esta causa, el pasado octubre, Fernández reiteró, como ha hecho en múltiples ocasiones, que se siente víctima de “una maniobra formidable de persecución política y de hostigamiento mediático” puesta en marcha por el Ejecutivo de Macri, que intenta, en su opinión, “tapar el desastre económico y social que tiene la Argentina”.