La oficina del fiscal neoyorquino inició su investigación hace cuatro meses. En la demanda asegura que se violó de manera repetida la legislación vigente y que tanto los ejecutivos como los miembros del consejo de administración pusieron en peligro a las empleadas de la productora, porque fracasaron a la hora de protegerlos de la conducta abusiva, intimidatoria y discriminatoria de Harvey Weinstein.

Las alegaciones que presenta Schneiderman son extensas al exponer como Harvey Weinstein “maltrató y explotó de manera despiadada” a los empleados de la compañía durante el tiempo que ejerció de consejero delegado. Se basan en entrevistas realizadas con empleados, ejecutivos y supervivientes del acoso sexual del fundador de la productora. También se examinó de manera exhaustiva todos los correos electrónicos y registros.

Weinstein, que fue acusado por primera vez en octubre de asalto sexual, utilizó un lenguaje amenazante con su entorno y con el que trataba de mostrar hasta donde estaba dispuesto a su llevar poder para obtener lo que buscaba. También señala que contaba con un grupo de empleadas que le acompañaba a todos eventos con la misión de facilitar “sus conquistas” sexuales y que enseñaban a las asistentes como “tenían que vestirse y perfumarse para ser más atractivas”.

Este grupo de asistentes organizaba, a su vez, la agenda del productor para que tuviera tiempo libre para ejercer sus actividades sexuales. Se cita también a un grupo de más alto nivel que se encargaba de ofrecer oportunidades a actrices para que pudieran avanzar en sus carreras si respondían a las pretensiones de Weinstein. La fiscalía asegura que los choferes debían siempre llevar preservativos e inyecciones contra la disfunción eréctil del jefe.

La demanda cita un caso de abuso a una empleada que data de 2015, que fue denunciado al departamento de recursos humanos y al consejo pero que nunca fue investigado por la compañía. Por eso le acusa de no haber hecho nada para impedir que se repitieran. “La cultura del acoso y la intimidación quedó tapada por el secretismo debido a las prácticas de Weinstein y su firma de asegurarse los silencios a través de acuerdos de confidencialidad”, añade.

Cada violación de la legislación expuesta en la demanda está sancionada con hasta 250.000 dólares. Schneiderman busca con la demanda, además, que las víctimas de los abusos de Weinstein sean debidamente compensadas y protegidas. También hace referencia al proceso de venta de la sociedad, al indicar que la demanda pretende evitar que los directivos que permitieron estos actos abusivos no podrán sacar provecho de la operación.

El estudio lleva desde la pasada Navidad en conversaciones para venderse a un grupo de inversores que lidera Maria Contreras-Sweet, una antigua funcionaria de la Administración de Barack Obama. Había ofrecido 500 millones de dólares para hacerse con el control de la productora de Hollywood y su intención era formar un consejo integrado solo por mujeres. La demanda deja ahora todo en suspenso.

El demócrata emprendió hasta la fecha un centenar de medidas legales y administrativas contra las decisiones del Gobierno de Trump o de los republicanos en el Congreso. La acción legal más reciente la inició contra la decisión de la agencia de las comunicaciones por la que revocaba las medidas adoptadas bajo la presidencia de Barack Obama para garantizar el acceso neutro a Internet.

Basta con remontar varios años atrás en la cuenta de Twitter del empresario para entender la dura confrontación que había entre ambos antes de que se iniciara la campaña a las presidenciales. Trump cita a Schneiderman en medio centenar de mensajes en los que le calificaba de “perdedor”, “corrupto”, “incompetente” y de ser un “chiste”. Llegó decir que era un adicto a la cocaína.

El fiscal nunca tuvo motivos para creer que Trump cambiaría al llegar a la Casa Blanca, ni que se volvería más presidencial tras jurar el cargo. “Tenía una expectación más realista”, comenta en una entrevista con The New York Times en referencia a sus ataques, “he visto su estrategia de tierra quemada”. Por eso se preparó para afrontar una presidencia que anticipaba movida.

Eric Schneiderman no está solo en su cruzada contra Donald Trump. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, que también fue fiscal general del Estado, no aprovecha la oportunidad para adoptar medidas que tratan de limitar las decisiones de los republicanos en Washington. El tridente opositor demócrata desde el Empire State lo completa el alcalde neoyorquino, Bill de Blasio.

Coinciden en que los recortes presupuestarios, la reforma fiscal, el veto migratorio, la desregulación en el ámbito del medioambiente y el financiero o los ataques contra la reforma sanitaria son un peligro para los ciudadanos. “La mayor amenaza ahora mismo para los neoyorquinos es el gobierno federal y la estamos respondiendo”, afirma el fiscal en la entrevista con el Times,

Acciones legales
Schneiderman abrió a solo dos meses de las elecciones una investigación para determinar si las donaciones que la familia Trump realizaba a través de su fundación eran legítimas. Llegó a ordenar incluso el cese de las operaciones de la organización caritativa porque carecía del certificado adecuado. El fiscal también lideró un expediente por un caso de fraude en la Trump University.

Aquel caso se resolvió con un pacto al margen de los tribunales. Con el presidente en el Despacho Oval, empezó dando la batalla cuestionando su autoridad para cortar fondos a las ciudades santuario, desafió las prohibiciones de viajes y demandó la decisión de poner fin al programa que proteger de la deportación a jóvenes indocumentados que llegaron a EE UU cuando eran niños.

Schneiderman lideró también una demanda de 15 fiscales generales contra la agencia que en EE UU es responsable de la protección del medioambiente, por congelar durante un año las acciones en la lucha contra la contaminación atmosférica. La consideró una medida vital para proteger la salud de los neoyorquinos. Además retó la retirada de la cobertura sanitaria a los anticonceptivos.

Trama rusa
El fiscal cumple ahora siete años en el cargo. El pasado verano inició el proceso para presentarse a la reelección en noviembre de 2018. Negó que fuera a postularse para el cargo de gobernador. Eric Schneiderman está investigando en paralelo al antiguo jefe de campaña de Donald Trump por blanqueo de dinero. Paul Manafort es uno de los acusados en el marco de la trama rusa.

El demócrata dice tener un gran respeto por el trabajo que está realizando Robert Muller para aclarar el papel que jugó Rusia en las elecciones. Y aunque sigue todo el desenlace desde la distancia, deja claro que actuará si el presidente usa su poder para hacer descarrilar el proceso. “Haremos lo que haga falta para que se haga justicia”, afirma, “pero espero no tener que afrontar ese problema”.