“Usted faltó a nuestra confianza, violó nuestra intimidad y la ley. Arruinó nuestras vidas y las de nuestras familias (…). ¿Por qué grabó y publicó encuentros sexuales sin nuestro conocimiento y permiso?”.

Estos son algunos mensaje que, en las últimas semanas, ha recibido Félix Enrique García Chabul, un ingeniero civil de 32 años a quien al menos 15 universitarias, profesionales, trabajadoras y una menor de edad acusan de haberlas grabado en sus encuentros íntimos y subido los videos a páginas porno, sin autorización alguna.

“En mis redes me dicen que soy una zorra, que cuánto cobro, que tengo potencial, y estoy siendo víctima de ‘bullying’”, le dijo a EL TIEMPO otra de las exparejas de García. Y en un audio, una de las excompañeras del ingeniero rompe nerviosamente en llanto y suplica que alguien bloquee los videos, que ya están siendo distribuidos por redes en alta definición, a pesar de ser un delito.

La pesadilla para este grupo de jóvenes –de entre 16 y 26 años– comenzó a mediados de enero. Para esa época, algunos miembros de la pequeña élite que hay en Ibagué empezaron a recibir en sus teléfonos videos sexuales con rostros conocidos. Algunos habían sido subidos previamente a la página Pornohot (donde se comercializa este tipo de videos), y el denominador común era Félix García, quien aparece en las imágenes.

Una de las ex parejas del ingeniero asegura que de inmediato le hizo el reclamo. Sin embargo, él negó tener cualquier responsabilidad en la difusión de las imágenes, que venían acompañadas con fotos de las mujeres, sacadas de sus cuentas de Facebook.

Pero, al poco tiempo bloquearon la URL (dirección en la web) en donde estaban las imágenes, lo que probaría el nexo. Además, casi todos los videos divulgados tienen los mismos ángulos, locación, música y patrón.

Esas son algunas de las evidencias que los penalistas Jaime Lombana y Alfonso Arenas Noreña le van a entregar a la Fiscalía para que investigue la conducta de García, cuyo paradero se desconoce.

“El derecho penal debe ser un medio de coacción y prevención para acciones tan bajas y deplorables como estas”, señaló el abogado Lombana.

Arenas, por su parte, dijo que 11 jóvenes ya les otorgaron poder, una más está definiendo si denuncia de manera individual o en grupo, y tres se encuentran fuera de Colombia, adelantando los trámites para constituirse en víctimas dentro de este caso.

Ambos abogados coinciden en que entre las conductas que pedirán que se investiguen están desde pornografía con menores de 18 años, enriquecimiento ilícito y violación de datos personales hasta injuria por vía de hecho y ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio.

Esta última conducta se debe a que si bien la Fiscalía ya allanó el lugar en donde se grabaron los videos –luego de que una de las señaladas víctimas lo denunció–, no se encontraron ni las cámaras ni el computador en el que se almacenaban. La locación era una casaquinta de la familia de García, en la vía Albania–Boquerón, en las afueras de Ibagué.

“Pero sí se probó que el lugar corresponde a la locación, por su ubicación y mobiliario”, explicó el abogado Arenas Noreña.

Y agregó que las autoridades ya advirtieron que también serán procesados quienes están difundiendo los videos de manera indiscriminada, perjudicando psicológicamente a las afectadas: algunas han tenido que salir de Colombia, mientras que otras dicen haber perdido sus trabajos.

Fuente: El Tiempo de Colombia / GDA.