Jesús Santrich, uno de los negociadores de la guerrilla, se unió a la manifestación. Él está libre y reclama que sus compañeros procesados por delitos políticos o conexos salgan de las cárceles. Pide que se cumpla lo que se pactó en la ley que las FARC exigían como el último empujón para su proceso de desmovilización y desarme. Lo pactado señala que los excombatientes en cárcel que no queden libres de forma inmediata serán llevados a las zonas veredales, en donde harán el tránsito hacia la vida civil. Otros deberán ser liberados de forma condicional. Tordecilla, a pesar de su situación de discapacidad, no ha logrado ninguno de esas opciones.

Nadia Gabriela Triviño, abogada de la Fundación lazos de dignidad, que acompaña a guerrilleros detenidos, cuenta que el caso de Tordecilla es uno de los tantos en que la justicia ha negado la libertad con el argumento de que no hay certeza de que hayan sido miembros de las FARC. Toda una contradicción. “Aunque los condenaron por pertenecer a la guerrilla, ahora lo desconocen y les niegan la libertad”. Santrich, que lleva más de cuatro días en huelga de hambre, asegura a ELPAÍS que la petición es clara. Esperan que, como se anunció, una vez aprobada la amnistía, los guerrilleros detenidos salgan de las cárceles. “Ese es el compromiso, lo demás han sido dilaciones. Los jueces de ejecución de penas parecen mercenarios contra la paz. No pueden argumentar con un tema de presupuesto para otorgar la libertad”.

Fredy Machado, presidente de Asonal, la instancia que reúne a los funcionarios judiciales del país, asegura que se necesita dinero para que el proceso se agilice. Habla de 20.000 millones de pesos (más de 6 millones de dólares) y dice que el gobierno solo les ha dado 5.000 millones de pesos. Afirma que los jueces tienen voluntad, pero la carga a la que se suman los procesos ordinarios no da para que los más de 4.000 casos se resuelvan con la salida de los detenidos en poco tiempo. “Esto es un problema de improvisación”, advierte. Los congresistas y líderes sociales que hacen veeduría a la implementación de los acuerdos de La Habana, a través del Congreso nacional de paz, han hecho un llamado al presidente Juan Manuel Santos para que no se prolongue más la puesta en libertad de según ellos 3.400 presos políticos que se encuentran aún en las 23 cárceles del país.

“Estos hombres y mujeres deben ser cobijados rápidamente por la ley de amnistía e indulto sancionada por usted del 30 de diciembre de 2016, hace más de 6 meses”, reclaman en una carta. En total, desde que la ley quedó validada por el gobierno han recobrado la libertad al menos 900 personas. Algunas bajo la figura de amnistía, otras en libertad condicional y algunas con su traslado a zonas veredales de transición. Sin embargo, según la Fundación lazos de dignidad, la Oficina del alto comisionado para la paz todavía no ha entregado la certificación de 970 prisioneros y ese retraso – dicen – complica la solicitud de excarcelaciones.

En el Ministerio de justicia aseguran que desde que se aprobó la ley, el gobierno ha apoyado su implementación sobre todo con el desarrollo normativo y en la capacitación a los operadores judiciales. Para la guerrilla no ha sido suficiente.

Diego Martínez, asesor jurídico de las FARC, aseguró en W Radio que más del 70% personas privadas de la libertad por ser de la guerrilla sigue en cárceles. “El compromiso era que después de la dejación de las armas, la totalidad de ellos estaría fuera de las prisiones, en las zonas veredales”. Según él, los jueces no han entendido el proceso y el gobierno no ha sido ágil en informar quiénes pueden acogerse. Santrich insiste en que no se trata de un asunto de procedimiento sino de voluntad. Mientras tanto, miles de reclusos continúan en huelga. Algunos se han cosido la boca como muestra de resistencia. Una más, pero esta vez sin armas.

Particularmente, señala las Farc, que el 8 de marzo en horas de la mañana, unidades de las Fuerza Pública establecieron un retén “a escasos 250 metros de la sede del MMV local, donde detienen a la gente que circula por allí y le exigen número de cédula y nombres, igual que otros datos personales, convirtiéndose este hecho en un empadronamiento que además de vulnerar el derecho al libre tránsito, genera un clima de desconfianza en las comunidades y en nosotros mismos, pues muy frescas están las experiencias de lo que generó la política paramilitar de levantar listas de personas que circulaban por esta región, con sus conocidas consecuencias”.

Por esto, los mandos guerrilleros de la zona veredal “Aldemar Galán”, ubicada en Alto La Paloma, Betania y Policarpa, departamento de Nariño, solicitaron al MMV local y regional, así como a la Comisión de Seguimiento Impulso y Verificación de la Implementación (CSIVI) realizar una investigación profunda sobre los hechos denunciados y tomar los correctivos necesarios para evitar futuros riesgos al cumplimiento del cese bilateral y definitivo del fuego y las hostilidades.