Además, informó de otras 22 órdenes de aprehensión que solicitarían, tras las incursiones que iniciaron el pasado domingo, y por las que ha apuntado también a Colombia y a los Estados Unidos, aunque ambos países se han desligado del hecho.

En su declaración, el fiscal venezolano también reveló la cifra, hasta ahora desconocida, del total de detenidos hasta la fecha, y que asciende a 31 supuestos implicados, “entre mercenarios y equipo de apoyo”, dijo, entre ellos hay dos estadounidenses.

A los venezolanos detenidos se les imputará por conspiración con gobierno extranjero, terrorismo; traición a la patria; rebelión; tráfico ilícito de armas de guerra; financiamiento al terrorismo y asociación.

A los extranjeros se les imputará por terrorismo, conspiración, tráfico ilícito de armas de guerra y asociación. Todos estos delitos en perjuicio del Estado venezolano.

El acto, realizado en la sede del diario El Nacional, se llevó a cabo para desconocer rotundamente la junta instalada la mañana de este domingo por parte de los diputados chavistas en una sesión convulsa y sin precedentes, en la que Luis Parra quedó elegido por la bancada chavista para ocupar la presidencia. Parra desertó de las filas de la oposición venezolana en diciembre al quedar en descubierto su participación en un plan que buscaba traicionar a Guaidó con la compra multimillonaria de votos y otorgar indulgencias a empresarios vinculados con el régimen en la gigantesca red de corrupción del sistema de alimentación CLAP.

Guaidó calificó el incidente de este 5 de enero como un «show bochornoso» y aseguró que la «dictadura de Maduro cometió una torpeza política, porque un pequeño grupo quiso vender la tesis de tomar el control de la Asamblea sin reglamento, sin Constitución, militarizando el Palacio Fenderal Legislativo, sin votación y sin quórum», dijo el ratificado presidente del Parlamento. En ese sentido, dijo que el próximo martes sesionarán contra todo pronóstico.

«Agradezco la honra que me confieren», dijo Guaidó minutos antes de ser reelegido por unanimidad e iniciar de esa manera un segundo mandato como gobierno interino. «Juro ante Dios y ante el pueblo de Venezuela hacer cumplir esta Constitución y los deberes inherentes al cargo de presidente del Parlamento y presidente encargado de Venezuela, para hacer valer los derechos de nuestros hermanos venezolanos», dijo luego de hacerse oficial su ratificación en el cargo.

Guaidó no logró atravesar el piquete de la Guardia Nacional (GNB) que lo retuvo durante más de dos horas, impidiéndole la entrada a uno de los puntos de accesos que conecta con la sede del Parlamento venezolano, en Caracas. Hoy se debía instalar la nueva Junta Directiva a la que Guaidó se había postulado para la reelección, y así continuar como jefe del Parlamento, y como Presidente interino, por segundo año consecutivo. Junto al líder opositor, un grupo de diputados también estuvieron esperando la autorización para entrar, mientras los funcionarios permitían el acceso a otros pocos legisladores, reunidos en pequeños grupos.

Junta directiva chavista

La Junta Directiva instalada por el chavismo estará conformada por los diputadaos opositores que fueron comprados por el régimen de Nicolás Maduro por un millón de dólares: Luis Parra en la presidencia; Franklin Duarte como primer vicepresidente y José Gregorio Noriega (recién expulsado del partido de Guaidó por aceptar los sobornos) en la segunda presidencia.

Desde muy temprano, funcionarios de la GNB formaron un cordón, entre tantos otros, a dos manzanas de la Asamblea Nacional, y prohibieron a Guaidó la entrada. Ante el impedimento, el presidente interino sentenció que «realizaría la sesión en cualquier lugar, así sea aquí en la calle». Las sesiones especiales para instalar una Junta Directiva deben realizarse todos los 5 de enero de cada año y ha sido respetado por la oposición desde que en el año 2016 asumió el control del Parlamento, tras arrasar en las elecciones de diciembre 2015 y dejar al chavismo sin poder legislativo alguno. Pero este año parece ser diferente, y por órdenes del régimen chavista.

Parra fue señalado en un trabajo periodístico del portal Armando.info por otorgar indulgencias a Alex Saab y a otros empresarios que han sido sancionados por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Las cartas que entregó el diputado en cuestión habrían lavado la reputación de los empresarios y habría solicitado a organismos internacionales retirar las sanciones. También se le acusa de orquestar la “Operación Alacrán Rojo” para sobornar a otros legisladores con un millón de dólares para que votaran contra Guaidó.

Los agentes, encapuchados y con armas largas, entraron en las oficinas de VP y pidieron a los presentes entregar sus teléfonos móviles y tirarse al suelo, según se observa en un vídeo difundido por el partido, y abandonaron el lugar unos 40 minutos después sin identificarse.

El dirigente Roland Carreño dijo a periodistas que los supuestos funcionarios robaron ordenadores, teléfonos móviles, documentos de identidad y una cantidad de dinero indeterminada por ahora. Otro de los activistas de VP, que estuvo detenido en el lugar, denunció que los encapuchados los «golpearon».

Antes, el subsecretario del Parlamento venezolano, Roberto Campos, informó de que los agentes pertenecen a la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), una división de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) acusada por Naciones Unidas de violar derechos humanos de manera sistemática.

Cerca de 30 personas, colaboradores y militantes del partido, se encontraban en el lugar ultimando detalles de la manifestación de este sábado, cuando Guaidó ha convocado a una gran protesta contra el Gobierno de Nicolás Maduro, al que considera ilegítimo.

Guaidó acudió al sitio y aseguró que este tipo de actos fortalece las razones para participar mañana, cuando también el chavismo gobernante ha convocado a movilizaciones «en defensa de la revolución».

El líder de la oposición ha asegurado que el encuentro y los selfis con los delincuentes fueron fortuitos, uno más entre los cientos que ocurren a diario en sus recorridos, y que desconocía la identidad de las personas. En un acto este viernes bromeó con una mujer que le pidió una foto preguntándole si tenía antecedentes penales. Para el fiscal del chavismo, Tarek William Saab, son suficientes evidencias para iniciar una investigación penal contra Guaidó por “presuntos vínculos con narcotraficantes y paramilitares”.

“Ese cuento de que eran seguidores no se lo cree nadie. Los Rastrojos es una banda formada por disidentes de las Autodefensas Unidas de Colombia, desmovilizadas en 2006. Son criminales a sueldo aliados con el uribismo, el santismo y ahora con Duque, que actúan en conjunto con el Cartel de Sinaloa. ¿Cómo es que él no sabía que eran los criminales más buscados de Colombia?”, dijo el funcionario.

Saab también enfiló acusaciones contra el presidente Duque. “¿Sabía el Gobierno de Iván Duque que estos narcotraficantes les iban a hacer la guardia de honor a Guaidó? Podemos suponer que lo sabían y no hay ninguna sorpresa porque Colombia tiene una fama planetaria de ser un narcoestado”. El mandatario colombiano, sin embargo, dio su respaldo al venezolano y aseguró que cuando llegó al territorio colombiano fue su gobierno el que le prestó protección. “Guaidó es un héroe, un defensor de la democracia, de su pueblo. Ha tenido la valentía de enfrentar a una dictadura que ha perseguido a todos los opositores. Más allá de las explicaciones que pueda dar, ofrecemos el respaldo irrestricto a Venezuela para que recupere su libertad”, aseguró este viernes.

Para el fiscal otra de las supuestas evidencias de la vinculación de la oposición con grupos paramilitares colombianos es la detención de Wilfrido Torres Gómez, un miembro de Los Rastrojos, ocurrida en marzo pasado en la ciudad de Valencia, en el centro de Venezuela. De acuerdo con Saab, la captura se logró gracias a la delación de Roberto Marrero, jefe del despacho de Guaidó y su más cercano colaborador, detenido arbitrariamente por funcionarios del Sebin el pasado 21 de marzo.

La semana pasada la Fiscalía abrió una pesquisa contra Guaidó porque supuestamente parte de su equipo de representantes diplomáticos estaba negociando el territorio del Esequibo, en disputa con Guyana, a cambio de apoyo político para la transición política y la realización de elecciones libres en Venezuela, para lo que ya cuenta con el respaldo de Estados Unidos y medio centenar más de países. Antes ya le habían retirado la inmunidad parlamentaria y lo acusaron de estar detrás del mega apagón de cinco días que sufrió el país en marzo, también de violar la prohibición de salida del país que le dictaron en febrero y la Contraloría lo ha amenazado con investigaciones patrimoniales. Pese a los señalamientos, el régimen de Maduro no le ha detenido. En cambio, ha ido contra su círculo. Además de Marrero, han apresado y perseguido a parte de su equipo, a un primo y desde el Supremo se ha emprendido una cacería contra los parlamentarios: el primer vicepresidente, Edgar Zambrano, está preso desde mayo en una prisión militar y más de una veintena de diputados está resguardada en embajadas o en el exilio.

En la narrativa del chavismo sobre decenas de atentados y ataques que aseguran se ha intentado para forzar la salida de Nicolás Maduro suelen involucrar a los paramilitares colombianos sin aportar mayores pruebas. De hecho, un grupo de 59 colombianos detenidos en 2016 y acusados de ser paramilitares y conspirar con líderes de la oposición fueron deportados en junio de este año sin cargos, luego de la mediación de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michele Bachelet.

La acusación parte de un audio que difundió la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en el que se escucha a dos supuestos colaboradores de Guaidó decir que si la oposición venezolana dejaba de reclamar los 160.000 kilómetros cuadrados del Esequibo, obtendría mayor respaldo del Reino Unido. Según la segunda al mando en el régimen de Maduro, la conversación la mantenían Vanessa Neumann, representante diplomática de Guaidó en Londres, y Manuel Avendaño, identificado como un asesor del parlamentario.

Esta es la tercera investigación que abre la Fiscalía contra Guaidó desde que la Asamblea Nacional Constituyente, de forma ilegal, le retiró en abril pasado la inmunidad parlamentaria como parte de la persecución del régimen contra la oposición. El vicepresidente del Parlamento, Edgar Zambrano, está preso desde mayo y 21 diputados están resguardados en Embajadas o exiliados.

Esta región, pintada con rayas en los mapas, estuvo bajo mediación de la ONU desde la firma del Acuerdo de Ginebra en 1966, pero históricamente ha estado bajo el mando de Guyana pese al conflicto por el lugar con Venezuela. La tensión territorial se agudizó en 2015 después de que Exxon Mobil descubriera yacimientos de petróleo en aguas de la zona y de que Guyana presentara una demanda en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para resolver el conflicto estancado desde hace más de medio siglo. Este país angloparlante reclama que se valide un laudo arbitral de 1899 sobre la frontera de ambas naciones, que Venezuela alega que se firmó de forma fraudulenta.

Los intentos de resolución de la ONU fracasaron y ante la llegada del conflicto a La Haya, el régimen de Maduro respondió de forma pasiva y negligente, como han calificado varios analistas internacionales. Durante dos décadas, la revolución bolivariana retuvo el apoyo político de la Comunidad del Caribe sobre el conflicto a través de la diplomacia petrolera y mantuvo su inacción sobre el tema, pero en abril pasado venció el plazo dado por la Corte Internacional de Justicia para que Venezuela presentara sus alegatos.

Maduro se negó a acudir porque aseguraba que esta instancia carecía de jurisprudencia para este caso. Un argumento que también utilizó la oposición para rechazar el juicio. Esta es prácticamente la única coincidencia entre ambos sectores. El Parlamento designó una comisión para impulsar con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, una nueva mediación. Ahora, en medio de la crisis institucional que atraviesa Venezuela, el Esequibo se convierte en gasolina para el conflicto interno. El comisionado presidencial para Asuntos Exteriores de Juan Guaidó, Julio Borges, rechazó las acusaciones contra Guaidó y replicó que Maduro entregó a Cuba la región del Esequibo a cambio de apoyo político. “Quienes entregaron el Esequibo fueron ustedes a cambio de apoyo político para el proyecto dictatorial y desestabilizador de la región”, dijo.

El Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, que reúne a especialistas del área, ha señalado que Venezuela debe volver al terreno diplomático mediado por la ONU pues no se han agotado todas las vías para solucionar el conflicto. Además, refieren que Guyana votó a favor de la resolución de la Organización de Estados Americanos en la que se rechaza y se declara ilegítimo el nuevo mandato para el que se juramentó Maduro el 10 de enero pasado, basándose en los fraudulentos comicios de 2018. Guyana, sin embargo, ha sido ambiguo en su reconocimiento al Gobierno interino de Guaidó. En opinión de los internacionalistas venezolanos, la CIJ debe reconocer la imposibilidad material del interinato de Guaidó de defenderse por la situación de usurpación del poder que ha declarado el Parlamento en Venezuela.

Este domingo Guaidó, reconocido como mandatario interino por más de 50 países, hizo dos anuncios aparentemente antitéticos. En primer lugar, aseguró que pedirá la Organización de los Estados Americanos (OEA) la reincorporación al llamado Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), un mecanismo que abre la puerta a una intervención militar en caso de agresión a la soberanía de una nación. Y horas después, aseguró que esta semana sus enviados reanudarán el diálogo con el Gobierno en una mesa auspiciada por Noruega y que en este caso se celebrará en la isla caribeña de Barbados.

“Desde la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela nos dirigimos al país y a la comunidad internacional, a fin de anunciar que en atención a la mediación del Gobierno del Reino de Noruega para poner fin a la tragedia que padecemos los venezolanos, se asistirá a una reunión con representantes del régimen usurpador para establecer una negociación de salida a la dictadura”, reza el comunicado emitido por su despacho. Eso sucede una semana después de haber suspendido esas conversaciones por la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, detenido por una supuesta conspiración contra el sucesor de Hugo Chávez y fallecido con evidentes indicios de tortura.

La conmoción por ese suceso congeló los contactos, pero no acabó no los rompió de forma definitiva. Guaidó insiste en que su plan no ha cambiado. “Reiteramos la vigencia de la ruta planteada para ponerle fin al sufrimiento de los venezolanos: cese de la usurpación, Gobierno de transición y elecciones libres con observación internacional”. Sin embargo, el político enmarcó la cita de Barbados en la búsqueda urgente de una salida. “No tenemos un tiempo ilimitado, cada día que pasa la situación empeora. La profunda crisis que vivimos, y que plasmó en su último informe la alta comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, resalta el sentido de urgencia que tenemos”.

Se trata del tercer encuentro en el que participan sus enviados. Las primeras reuniones, celebradas después de la acción militar que llevó a la liberación de su arresto domiciliario del dirigente opositor Leopoldo López, hoy refugiado en la residencia del embajador español en Caracas, consistieron en una mera exploración. Por parte de la oposición acudieron el exrector del Consejo Nacional Electoral Vicente Díaz, el exministro del Gobierno de Carlos Andrés Pérez Fernando Martínez Mottola, el actual vicepresidente de la Asamblea Nacional, Stalin González, y el exalcalde del municipio Baruta (Caracas) Gerardo Blyde. El Gobierno estuvo representado por el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, y el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez.

El Ejecutivo aseguró, a través de un comunicado, que el objetivo de la cita es “avanzar en la búsqueda de una solución acordada y constitucional para el país”. Esa solución, no obstante, choca con los planteamientos encontrados de Guaidó y de Maduro. El primero quiere elecciones presidenciales sin la participación del presidente. El segundo está dispuesto a convocar comicios legislativos, lo que la Asamblea Nacional considera insuficiente y hasta un engaño.

Diálogo se ha convertido en una palabra casi prohibida en algunos sectores de la oposición. Eso se debe a los intentos del Gobierno por controlar el formato de las últimas presidenciales en la mesa instalada en República Dominicana en 2018. Por eso, el líder del Parlamento se vio obligado a justiciar esta decisión. “Nuestra principal motivación es ponerle fin al sufrimiento de los venezolanos y es por ello que seguiremos trabajando hasta lograrlo. También recibiremos en Caracas al representante especial de la Unión Europea para Venezuela, Enrique Iglesias, como parte de la ofensiva internacional que hemos emprendido”, señala la nota de su despacho. “Pedimos a nuestra gente no ceder a intrigas de un aparato de propaganda que busca generar desesperanza y división. Juntos tenemos que defender a Venezuela y su futuro, en todos los espacios y de todas las maneras posibles”, enfatiza el mensaje de Guaidó.

FUENTE: EL PAÍS

Por medio de Twitter, el líder opositor prendió las alarmas al detallar: “Ante denuncias, pido al Embajador @calderonberti ( Humberto Calderón Berti, representante de Guaidó en Bogotá) solicitar formalmente a organismos de inteligencia colombiana la investigación necesaria. íTransparencia ante todo!”.

La petición de Guaido se da luego de que el medio digital Panam Post publicara un reportaje en el que se señala que dos delegados del presidente interino en Colombia desviaron “recursos destinados a costear gastos de militares que retiraron su apoyo al mandatario Nicolás Maduro y desertaron a Colombia en febrero pasado”.

Ese medio de comunicación señaló que una de las irregularidades son las “facturas que demuestran excesos”, gastos “de ropa en carísimas tiendas de Bogotá y en Cúcuta”, además de alquiler de vehículos y pago de hoteles con “sobreprecio”.

Frente a estas denuncias, Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), le pidió a la jurisdicción competente que se adelante una investigación.

La decisión supone un alivio para miles de venezolanos que incesantemente cruzan hacia Colombia para emigrar por tierra o abastecerse de medicinas, alimentos y productos necesarios para la subsistencia. El flujo se trasladó a los caminos clandestinos, conocidos como trochas, tras el cierre de los puentes fronterizos. Pero estas vías están rodeadas de peligros porque son controladas por mafias que cobran a los transeúntes y, en ocasiones, provocan cruentos enfrentamientos armados.

Maduro había ordenado cerrar la frontera para evitar la entrada de ayuda humanitaria propiciada por la oposición. Fue el 22 de febrero, un día antes de la anunciada llegada de donativos internacionales y de fuertes confrontaciones por el bloqueo impuesto por el chavismo.

Franklyn Duarte, diputado opositor de la Asamblea Nacional, opina que la presión internacional, el creciente colapso de la situación en el país y el malestar de la población venezolana incidieron en la decisión de Maduro. “No es un favor. Fue una obligación. Ni estas medidas ni otras que vienen nos pueden distraer (…) de lograr el desalojo de Miraflores [palacio presidencial]. Estamos cerca de una catástrofe humanitaria”, dijo.

Horas antes, Juan Guaidó, jefe del Parlamento y reconocido por más de 50 países como presidente interino de Venezuela, aprobó un decreto para extender durante cinco años la vigencia de los pasaportes venezolanos vencidos. Estados Unidos ha reconocido casi de inmediato la medida. Según una nota del Departamento de Estado, la extensión de la validez del documento será útil para la emisión de visados y otros trámites consulares. “La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza también reconocerá los pasaportes cubiertos por este decreto”, dice un comunicado del organismo.

La crisis migratoria sobresale entre las consecuencias de los errores de la revolución bolivariana. Las fronteras se han desbordado desde 2016. La mayoría suele tener como destino Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina. El éxodo ha afectado a países de América Latina que no estaban preparados para recibir miles de desplazados por la carestía en Venezuela.

Para los venezolanos el drama no es menor. Muchos no poseen documentos legales producto de las deficiencias del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería para emitir pasaportes. Aunque varios Gobiernos se han comprometido a aceptar pasaportes vencidos, las dificultades para acceder a empleos, servicios de salud y educación son una constante.

La resolución será presentada por Estados Unidos y un grupo de países durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente en Washington. En su texto, la resolución lo que hace es aceptar a Gustavo Tarre, el funcionario que nombró Guaidó para representarlo ante este órgano, como el vocero legítimo del estado venezolano.

Al hacerlo, el Consejo Permanente estaría sentenciando la expulsión de los funcionaros que hoy se sientan ante este órgano y que son adscritos al gobierno de Nicolás Maduro.

Así mismo, la resolución toma nota de la carta del pasado 22 de enero en la que Guaidó afirma su intención de permanecer en la OEA, lo que suspendería el proceso que inició Maduro hace dos años para salirse del organismo cuando denunció la carta interamericana y que debía materializarse este 27 de abril.

Esta nueva movida del Consejo Permanente de la OEA ha generado controversia y es el resultado de varias semanas de intenso cabildeo para reunir los 18 votos que serían necesarios par alcanzar la mayoría simple y aprobar la resolución.

“Para que haya justicia en nuestro país y sea garantía de la paz hay que darle continuidad a la solicitud de la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia”, dijo Diosdado Cabello, presidente de esa institución. “Se ha autorizado formalmente al Tribunal Supremo la continuación del juicio y la investigación penal contra Juan Guaidó”.

Tras conocer la decisión, Guaidó siguió adelante con la ruta que ha establecido. Minutos después, desde una asamblea en la comunidad donde vive señaló que ha recibido llamadas de apoyo de cancilleres del Grupo de Lima y presidentes de otros países. “Es muy serio lo que está pasando y requiere la seriedad de los ciudadanos para seguir en las calles. Somos mayoría y debemos ejercerla en la calle. Cuando comencé esta lucha, en el movimiento estudiantil, no tenía inmunidad parlamentaria y así enfrentamos una y otra vez a la dictadura. Si el régimen se atreve a secuestrarme, si alguien de la Fuerza Armada se atreve a dar un golpe de Estado, estaría atentando contra el país. Las Fuerzas Armadas tienen una decisión que tomar, tienen todos los elementos en la mesa”.

Además, Guaidó volvió a llamar a los ciudadanos a participar este sábado en una masiva protesta en todo el país, que ha explicado como un simulacro de la llamada Operación Libertad con la que pretende presionar a Nicolás Maduro para que salga de Miraflores. “Pase lo que pase, seguimos”, aseguró. “Si el régimen se atreve a secuestrarme, la orden para el pueblo de Venezuela es seguir movilizados en la calles hasta el cese de la usurpación. Señores de la Fuerza Armada Nacional: permitir mi secuestro es ponerse en contra de la República”, ha rematado.

La persecución desde el aparato judicial del chavismo ha sido en cámara lenta. A finales de enero se ordenó el congelamiento de sus bienes y cuentas y se le prohibió la salida del país. La semana pasada la Contraloría, organismo encargado de fiscalizar las finanzas públicas, lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por 15 años. El lunes el Supremo dictó una sentencia en la que solicita a la Asamblea Nacional Constituyente revocar la inmunidad parlamentaria del líder político por haber “quebrantado” una sentencia de prohibición de salida de Venezuela, lo que lo despojaría de cualquier protección frente a un posible juicio y arresto, y le impuso una multa por 200 unidades tributarias (unos 3 euros). La víspera

La comunidad internacional que ha dado respaldo a Guaidó se ha anticipado a los planes del chavismo rechazando la medida. El ministro de exteriores español, Josep Borrell, escribió este martes en su cuenta de Twitter: “España continúa demandando que se respeten la libertad e integridad física del presidente encargado, que se restauren las competencias de la legítima Asamblea Nacional de Venezuela y que se preserve el fuero de los diputados”.

Maduro ha señalado a Guaidó como responsable de la durísima crisis eléctrica vive al país desde principios de marzo, acusándole de ser parte de un ataque al sistema diseñado en Estados Unidos, que ha obligado a aplicar un racionamiento y que también costó la salida del ministro de la cartera anunciada el lunes.

Jurídicamente, el procedimiento que intenta el chavismo está fuera de la norma constitucional, según varios intérpretes de la Ley Fundamental. Esa lectura establece que solo la Asamblea Nacional que dirige el propio Guaidó está facultada para retirar el fuero del que gozan los diputados y algunos altos funcionarios. Para los juristas se trata de un acto de usurpación de poderes públicos por parte del Supremo y de la Constituyente que se suma al bloqueo judicial que ha hecho el chavismo del Parlamento desde que quedó en manos de la oposición en 2015. El Parlamento del chavismo, electo en julio de 2017 en unos comicios señalados por fraude y que no fueron reconocidos por la oposición ni la comunidad internacional, no podría entonces emprender este proceso. Pero el aparato oficialista aún mantiene el control de los poderes fácticos.

No se conocen las sentencias que recogen los presuntos delitos por los que se enjuiciaría a Guaidó. Pero el chavismo ha señalado que sería por la violación de la prohibición de salida del país, cuando salió el pasado 23 de febrero hacia Colombia, realizó una gira por países sudamericanos y regresó por el aeropuerto Internacional Simón Bolívar sin ser detenido. Otros portavoces lo han acusado de traición a la patria, apropiación indebida de bienes de la nación y de usurpación de funciones. Este último señalamiento es el mismo con el que Guaidó ha desafiado Maduro, tras continuar en el cargo de presidente de la República luego de las elecciones del 20 de mayo pasado, que se celebraron sin observación internacional independiente.

En el debate se exigieron ser más severos. “Es muy poco el allanamiento [levantamiento de la inmunidad], porque no es constitucional quitarnos el agua y la luz. ¿Cómo se trata a los traidores de la patria? No merecen llamarse venezolanos. Yo pediría hacer tribunales populares, que el pueblo diga qué hacer con quien traiciona la patria”, dijo la diputada constituyente María León. “A Guaidó le espera un resort en Tocorón [cárcel del centro del país]”, amenazó el chavista Gilberto Pinto.

La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) aún no se ha pronunciado al respecto y tampoco lo ha hecho el Gobierno de Nicolás Maduro, que atribuyó los anteriores cortes a un sabotaje de Estados Unidos y de la oposición y a un incendio. La respuesta de las autoridades fue, en cualquier caso, muy lenta debido a las carencias estructurales de un sistema que fue nacionalizado hace más de una década por el expresidente Hugo Chávez y que paga desde entonces las consecuencias de la desinversión.

Los apagones que sufrió Venezuela repercutieron en las operaciones del aeropuerto de Maiquetía, en el transporte y en el funcionamiento de los hospitales, que se mantienen a flote en medio de una crisis sanitaria sin precedentes. Durante la primera crisis eléctrica, de unas 100 horas de duración, murieron al menos una veintena de personas, según organizaciones próximas a la oposición, principalmente en centros que se quedaron sin suministro. También se produjeron cientos de saqueos, sobre todo en Maracaibo.

Juan Guaidó ve en estos episodios un reflejo del fracaso de la gestión del chavismo. El presidente de la Asamblea Nacional, reconocido como mandatario interino por más de 50 Gobiernos, había llamado a marchar este sábado precisamente en contra de los apagones y la “usurpación” de Maduro. Este también convocó marchas para protestar contra las que considera injerencias extranjeras. Los cortes eléctricos, en cualquier caso, contribuyen a elevar la ya altísima tensión política, multiplican el hartazgo de venezolanos pero también sumen a la mayoría de la población en el agotamiento. A estos fallos se suele sumar la falta de agua, que complica no solo las actividades comerciales y congela la escasa producción industrial, sino que supone también una condena para la rutina y la logística diaria de millones de personas.

“Lamentablemente llegaron hasta mí, pero sigue la lucha. Cuiden al presidente y que sea lo que Dios quiera”, alcanzó a decir Marrero en un audio en el que se oyen golpes de fondo, antes de llevárselo esposado. “En estos momentos los mantienen secuestrados”, escribió Guaidó en Twitter, al denunciar la presencia del SEBIN en casa de sus colaboradores. Según Guaidó, a Marrero la policía le puso en casa dos fusiles y una granada para decir que eran suyos y detenerlo.

Vergara, que no fue detenido, ha contado más tarde, a través de una declaración desde su domicilio, cómo fue el registro: “Rompieron la puerta de mi casa, cuando entraron los dos primeros funcionarios, que me apuntaron con unas pistolas, les dije que yo soy diputado de la Asamblea Nacional y tengo inmunidad parlamentaria. Me tiraron al piso, y allí me mantuvieron con la cabeza hacia abajo mientras revisaban la casa y violentaban un armario. Les pedí una y otra vez que entendieran que el proceso que estamos llevando es un proceso pacífico que busca liberar a toda Venezuela”. En la detención se emplearon diez vehículos y agentes uniformados con armas largas.

“Después de que salieron de mi casa comenzaron a golpear la puerta de la vivienda de Roberto Marrero, que está a unos cuantos metros de mi vivienda, hasta que lograron entrar. Cuando se llevaban a Roberto, él me gritó que le habían metido dos fusiles y una granada, ellos lo mandaron callarse. Le dije que tuviera mucha fuerza”, añadió Vergara.

Marrero y Vergara son dos de los hombres clave de Guaidó en su relación con el resto de partidos y los dos diputados más cercanos al presidente interino. Ambos militan en Voluntad Popular, el partido del preso político Leopoldo López, y acompañaron a Guaidó durante su reciente gira internacional a finales de febrero. Guaidó había salido del país y regresó a Caracas a principios de marzo por el aeropuerto de Caracas en un claro desafío al régimen de Maduro. A mediados de este mes, el Ministerio Público inició un segundo proceso contra Guaidó por su supuesta vinculación con un ataque al sistema eléctrico que generó un apagón nacional que se extendió por cuatro días.

Las reacciones de la comunidad internacional a la detención de Marrero no se hicieron esperar.  El Secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, condenó la escalada represiva en lo que calificó como “redadas” del servicio de inteligencia (Sebin) que responden a órdenes de Nicolás Maduro. “Estados Unidos condena las redadas realizadas por los servicios de seguridad de Maduro (…) Pedimos su liberación inmediata. Haremos responsables a los involucrados”, señaló Pompeo vía Twitter.

El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams exigió la libertad inmediata de Marrero y señaló que habrá consecuencias directas para los responsables de su detención. Para el senador republicano Marco Rubio, la detención de Marrero supone una escalada de la represión y “podría indicar el comienzo de los esfuerzos para arrestar al propio Guaidó”, escribió en Twitter.

En nombre del Gobierno de Colombia, el canciller Carlos Holmes Trujillo rechazó la detención del colaborador de Guaidó e hizo un llamamiento a la comunidad internacional para exigir respeto a la libertad, a la vida y la integridad de los opositores.

Desde el exilio, Luisa Ortega Díaz, exfiscal de la República, aseguró que el secuestro a Roberto Marrero es la respuesta del régimen de Nicolás Maduro al informe de Naciones Unidas sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela.

La detención del colaborador de Guaidó llegó solo unas horas después de que el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y la Organización de Estados Americanos hicieran una dura denuncia sobre las detenciones ilegales y torturas como método de represión contra opositores y disidentes empleados por el gobierno de Maduro. Michel Bachelet señaló desde Ginebra que las fuerzas de seguridad venezolanas, respaldadas por los “colectivos armados” y grupos paramilitares afines al Gobierno, han reprimido a la disidencia pacífica con uso excesivo de la fuerza, muertes y torturas documentadas por su oficina. Paralelamente, la expresidenta de Chile citó denuncias que acusan a la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES) de ejecutar a 37 personas en enero en Caracas, en redadas ilegales en casas de zonas pobres que apoyaban a la oposición.

José Ignacio Hernández, recientemente nombrado procurador especial del creciente gobierno paralelo de Guaidó, dijo que hay “graves errores de cálculo” en la indemnización, derivada de la decisión del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) que apoyó la afirmación de Conoco de que Venezuela expropió ilegalmente en 2007 sus proyectos de crudo pesado Hamaca y Petrozuata en la cuenca del río Orinoco.

La apelación sería un paso más en los esfuerzos de Guaidó, reconocido por unas cincuenta naciones, entre ellas EE.UU., como legítimo presidente de Venezuela, por controlar las finanzas del país, lo que suprimiría al régimen del presidente Nicolás Maduro. Guaidó ha nominado juntas interinas de la estatal Petróleos de Venezuela SA y su filial estadounidense Citgo Petroleum en un intento por controlar la industria petrolera de la nación, fuente de la mayoría de los ingresos de Venezuela.

Ambas partes tienen 120 días desde la fecha del fallo para apelar la decisión, dijo Hernández.

“Es demasiado pronto para especular sobre cuándo podríamos recuperarnos de Venezuela”, dijo por correo electrónico Daren Beaudo, un portavoz de Conoco. “La compañía buscará todas las vías legales para obtener la recuperación completa de la indemnización”. El CIADI declinó hacer comentarios.

La indemnización llega en un momento en que EE.UU. pretende aumentar la presión sobre la administración de Maduro, tras sancionar a Pdvsa y reconocer a Guaidó como líder interino de la nación. La economía de Venezuela ha estado en crisis debido a la caída de la producción de petróleo, una hiperinflación en descontrol y la inestabilidad de los servicios públicos.

Además, la Cámara de Comercio Internacional adjudicó a Conoco US$2.000 millones el año pasado por la incautación de sus activos. Tras dicha decisión, la compañía se empeñó enérgicamente en tomar posesión de las instalaciones de PDVSA en las islas caribeñas de Bonaire, Curazao, San Eustaquio y Aruba. Los buques que transportaban crudo venezolano recibieron la orden de retirarse de los puertos del Caribe, lo que generó una aglomeración de barcos y dificultó las exportaciones petroleras de la nación.

El expresidente Hugo Chávez ordenó la expropiación entre 2007 y 2009 de aproximadamente US$30.000 millones en participaciones mayoritarias en varios proyectos energéticos, incluidas cuatro operaciones de petróleo en la cuenca del río Orinoco. El gobierno dijo en ese momento que los proyectos jugaban un papel estratégico en el desarrollo y la soberanía del país.

El servicio se restableció poco a poco este sábado en la capital y en los estados de Miranda y Vargas, aunque muchas regiones -como Táchira, Zulia y Barinas- seguían sin electricidad y otras reportaban inestabilidad en el suministro. Las autoridades aún no dan un balance de la situación, pero en Caracas aún estaba suspendido el servicio del Metro -que moviliza a diario a unos dos millones de personas-, lo que obliga a la gente a largas caminatas. Las telecomunicaciones también comenzaron a normalizarse y los comercios seguían cerrados.

El apagón obligó a suspender las actividades laborales y escolares, causando zozobra en la población, que tampoco ha tenido agua y ha estado prácticamente incomunicada por la inestabilidad de las redes de telefonía e internet. Los hospitales han vivido situaciones dramáticas; los que tienen plantas generadoras las usan solo para emergencias. Los vuelos fueron cancelados y cientos de personas quedaron varadas en el aeropuerto internacional Simón Bolívar y otras terminales aéreas.

Tras pasar la segunda noche a oscuras, los opositores y oficialistas se preparaban para marchar. “Convoco a todo el pueblo venezolano a expresarnos masivamente en las calles contra el régimen usurpador, corrupto e incapaz que ha puesto a oscuras a nuestro país”, tuiteó la noche del viernes Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente interino de Venezuela.

Diputados denunciaron que en la madrugada fueron detenidos dos colaboradores que cargaban en sus vehículos la tarima desde donde hablaría Juan Guaidó. Esta mañana hay fuerte presencia policial, con equipo antimotines, y del servicio de inteligencia en el lugar. No obstante, los legisladores aseguraron que la marcha sigue en pie.

Nicolás Maduro, quien también había convocado hace unos días a sus seguidores a una marcha “antiimperialista”, atribuye el apagón a una “guerra eléctrica” promovida por “el imperialismo estadounidense”. “Cada intento de agresión imperial se encontrará con una respuesta contundente de los patriotas”, escribió en Twitter Maduro, quien no ha declarado públicamente durante el apagón.

Nicolás Maduro mantiene un duro enfrentamiento con la administración de Donald Trump, que reconoció al jefe parlamentario Guaidó como presidente encargado de Venezuela, al igual que más de 50 países. Sin dar mayores detalles, el gobierno denunció un “ataque cibernético” al sistema de control de la hidroeléctrica de Guri, ubicada en el estado Bolívar (sur), la mayor de Venezuela y la segunda de América Latina, superada solo por la de Itaipú (Brasil-Paraguay). El apagón también afectó al vecino estado brasileño de Roraima.

La oposición y expertos responsabilizan al gobierno chavista por falta de inversiones y mantenimiento y por la corrupción ante recurrentes interrupciones del servicio eléctrico, principalmente en el interior del país, pero las autoridades denuncian constantes actos de “sabotaje”. El asesor de seguridad nacional de Donald Trump, John Bolton, consideró que “el sistema eléctrico de Venezuela colapsó” debido “a años de una gestión corrupta de Maduro”.

El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, anunció que Venezuela denunciará a Estados Unidos por el apagón ante una misión de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU que visitará el país en los próximos días. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, calificó al apagón de “agresión deliberada” por parte de Washington y anunció un “despliegue de seguridad” de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

La colapsada economía de Venezuela se paralizó por el apagón, ya que nadie puede retirar dinero de los cajeros ni usar ningún tipo de tarjetas, en un país donde las transacciones electrónicas son indispensables incluso para operaciones pequeñas.

Caos en Venezuela

Marielsi Aray, una joven de 25 años ingresada en cuidados intensivos del Hospital Universitario de Caracas, murió en la madrugada del viernes luego de que los equipos que la mantenían respirando se detuvieron. “Los médicos trataron de reanimarla de forma manual, pero se descompensó y murió a las dos de la madrugada”, contó a la AFP su tío José Lugo, mientras esperaba que le entregaran el cuerpo en la puerta del centro médico.

La oposición denunció decenas de muertes debido al corte eléctrico, lo que el ministro Rodríguez calificó de “falso”. La colapsada economía está paralizada, ya que nadie puede retirar dinero de los cajeros ni usar ningún tipo de tarjetas, en un país donde las transacciones electrónicas son indispensables incluso para operaciones pequeñas como comprar una barra de pan por la escasez de efectivo.

“El poquito salado (carnes) que se tenía se tuvo que cocinar para que no se pusiera malo tan rápido. Dormimos afuera, no tenemos señal, todos los abastos cerrados. Esto es un caos”, declaró Elena Bermúdez, de 31 años. Algunas personas sacaban gasolina de sus vehículos para alimentar plantas generadoras, pues muchas estaciones de servicio estaban cerradas y en las muy pocas que estuvieron abiertas había largas filas de vehículos.

AFP

“Sabemos los riesgos a los que nos enfrentamos, eso nunca nos ha detenido. Estamos aquí en Venezuela. Estamos aquí mas fuertes”, dijo el opositor, mientras sus simpatizantes gritaban “¡Guaidó, Guaidó!”, “¡Sí se puede!”, según imágenes de canales de televisión por internet.

El embajador de Francia, Romain Nadal, declaró a la prensa que el grupo de diplomáticos le acompaña “como testigos de la democracia y la libertad para que pueda entrar el presidente Guaidó”.

“Esperamos que no haya ninguna escalada y que los venezolanos sean capaces de llegar a una solución pacífica y acordada”, dijo el embajador de España, Jesús Silva, al recordar que Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional, goza de inmunidad parlamentaria.

Vestidos de blanco, con banderas de Venezuela, cientos de sus seguidores se concentran en una plaza del este de la capital, donde un animador les pedía paciencia a través del micrófono.

Las marchas iniciaron hacia el mediodía en todo el país, donde este lunes es feriado de carnaval. Guaidó salió en secreto hace diez días, según él, ayudado por militares venezolanos en la frontera con Colombia.

“Si se atreve a secuestrarme el régimen, será sin duda uno de los últimos errores que cometa”, dijo el opositor la noche del domingo, en un mensaje a través de las redes sociales, desde un lugar que no reveló.

Estados Unidos -que no descarta una opción militar en Venezuela-, la Unión Europea y varios gobiernos latinoamericanos expresaron preocupación por su seguridad.

Reconocido por más de 50 países como presidente interino de Venezuela, Guaidó, de 35 años, regresa de una gira por Colombia, Brasil, Paraguay, Argentina y Ecuador, que inició el 22 de febrero en la ciudad colombiana de Cúcuta en el marco del fallido intento de ingreso de ayuda humanitaria.

Su vuelta a Venezuela pone en un dilema al gobierno: si lo detiene desataría una fuerte reacción internacional e interna, y si lo deja libre, el costo menor según los analistas, evidenciaría cierta debilidad.

En su periplo por Sudamérica, Guaidó fue recibido con honores de presidente y se reunió con migrantes venezolanos, que hacen parte del éxodo de unos 2,7 millones que huyeron de la crisis desde 2015, según la ONU.

En Venezuela encontrará a un sector de la población ansiosa por un cambio, agotada de pasar trabajos por la falta de medicinas y alimentos, y una hiperinflación que el FMI proyecta en 10.000.000% para este año.

Además, Guaidó regresa tras una frustrada operación para hacer entrar toneladas de medicamentos y medicinas, bloqueadas por los militares en medio de disturbios que dejaron siete muertos y cientos de heridos.

“Tengo esperanza. Si lo detienen sería muy grave para Maduro, tendrá que vérselas con la gente y la comunidad internacional”, declaró a la AFP Javier Salas, estudiante de diseño gráfico, de 23 años, en la plaza caraqueña donde esperan a Guaidó.

Para Félix Seijas, académico y director de la encuestadora Delphos, el opositor debe “ahora buscar una idea alrededor de la cual mantener la esperanza”. “Debe dar los pasos que alejan a la comunidad internacional de una acción más radical como intervenir” militarmente, dijo a AFP.

Guaidó reiteró su llamado a la Fuerza Armada, principal sostén de Maduro, “a ponerse del lado de la Constitución”, y precisó que unos 700 efectivos militares y policiales han desconocido al gobierno en los últimos diez días.

– Advertencia internacional –

Maduro dijo la semana pasada que Guaidó debe “respetar la ley” y que si regresa a Venezuela “tendrá que ver la cara de la justicia”.

“Guaidó se ha planteado entrar sí o sí. Eso es otra batalla política y ahí va a depender hasta donde sienta Maduro que puede llegar, una cosa es que quiera detenerlo y otra que pueda”, comentó a AFP el politólogo Luis Salamanca.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Fiscalía General, aliadas del gobierno, abrieron investigaciones contra el jefe parlamentario por “usurpación” de funciones y dictaron, además del impedimento de salida, el congelamiento de sus bienes.

“Cualquier amenaza o acto contra su retorno seguro encontrará una fuerte y significativa respuesta de Estados Unidos y la comunidad internacional”, advirtió en Twitter el consejero de seguridad estadounidense, John Bolton.

La representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, advirtió que cualquier medida que ponga “en riesgo la libertad, la seguridad o la integridad personal” de Guaidó sería “una gran escalada de tensiones”.

Guaidó se autoproclamó presidente interino el 23 de enero luego de que el Congreso declarara a Maduro “usurpador” por asumir el 10 de enero un segundo mandato que la oposición, como gran parte de la comunidad internacional, considera ilegítimo y originado en una reelección “fraudulenta”.

El embajador francés en Venezuela, Romain Nadal, también está en el aeropuerto para “recibir” a Juan Guaidó y facilitar “una salida pacífica” a la crisis. “Venimos para estar seguros de que no se va a atentar contra la integridad física y la libertad de movimiento y circulación del presidente Guaidó”, ha dicho el diplomático. “La Unión Europea tiene temor”, ha declarado sobre la posibilidad de que se detenga al líder opositor a su llegada.  

Varios embajadores de países europeos y latinoamericanos han acudido este lunes al aeropuerto de Caracas para esperar a Juan Guaidó. El embajador de España en Venezuela, Jesús Silva, uno de los diplomáticos presentes, ha dicho tener “la esperanza de que no suceda”, en referencia a la posible detención del líder opositor si regresa. Sobre la hora de llegada de Guaidó, Silva ha dicho que puede ser hacia el mediodía. En la imagen, el embajador atiende a los medios de comunicación en el aeropuerto. 

Esta es una de las últimas imágenes de Juan Guaidó (AFP). El domingo, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y su esposa, Fabiana Rosales, fueron despedidos con honores en el aeropuerto General Ulpiano Páez, en Salinas (Ecuador). Desde entonces, su paradero es desconocido, aunque se espera su regreso inminente a Venezuela. 

“No sabemos cuánto tiempo estaremos acá pero vinimos a esperar a Juan Guaidó”, dice un presentador en la manifestación opositora en Caracas. El misterio rodea el regreso del presidente de la Asamblea Nacional a Venezuela. No se sabe por dónde llegará ni por qué medio, ni tampoco qué pasará una vez dentro del país. Informa Florantonia Singer desde Caracas.

La plaza Alfredo Sadel en el barrio comercial de Las Mercedes en Caracas se empieza a llenar de manifestantes como Ronald Ortegano.”Mi presidente es Guaidó”, dice el cartel que sostiene este venezolano de 28 años. La periodista de EL PAÍS Florantonia Singer está allí para contar esta jornada clave de movilizaciones antichavistas. 

El chavismo mantiene sus cartas escondidas ante el regreso inminente de Juan Guaidó a Venezuela. Hasta el momento, ni la Fiscalía, ni el Tribunal Supremo, ni ningún alto cargo del Gobierno ha dicho que se vaya a detener al líder opositor, que desobedeció la prohibición de salir del país y ha pasado varios días de gira por América Latina. La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, (en la imagen/AFP, junto al ministro de Exteriores ruso) apenas hizo un comentario al respecto durante una entrevista en Rusia en la que acusó a Guaidó de conspirar junto a otros Gobiernos en contra del Ejecutivo de Maduro. “Las instituciones venezolanas están actuando, las instituciones venezolanas seguirán preservando el Estado de derecho en el país”,

apuntó. EFE