La intención oficial es doble: por un lado, Macri lanza señales a las clases media y baja, que le dieron la espalda en las primarias. Por el otro, intenta neutralizar una nueva escalada inflacionaria. El Indec, la oficina pública de estadísticas, informó el jueves de una inflación de 2,2% para el mes de julio, en línea con las previsiones, y una tasa interanual del 54,4%. El Gobierno confiaba en mostrar en agosto una cifra por debajo de la última cifra, pero todas las esperanzas volaron por los aires. Se trata, ahora, de aguantar.

Macri resiste a los grupos, internos y externos, que exigen cambios en su equipo de Gobierno. El peronista tránsfuga Miguel Ángel Pichetto, candidato a vicepresidente en la papeleta oficialista, tuvo que desmentir su nombramiento como nuevo jefe de Gabinete, en lugar de Marco Peña. Y el tradicional almuerzo que los ministros celebran todos los viernes en la residencia presidencial de Olivos se convirtió en fuente de todo tipo de especulaciones. Las miradas apuntaron al ministro de Economía, Nicolás Dujovne, presente en el encuentro y, al menos hasta anoche, ratificado en el cargo. Dujovne ocupa el sitio más expuesto a los vaivenes de la crisis.

Tras el lunes negro que siguió a la derrota, cuando el peso perdió casi el 30% de su valor y la Bolsa se derrumbó 38%, la economía argentina tiende a estabilizarse. Los mercados cerraron el viernes con un dólar alrededor de los 58 pesos, contra el cierre de 63 pesos de mitad de semana. Fue crucial el diálogo telefónico que el miércoles mantuvieron Macri y Fernández, tras 48 horas de idas y vueltas en la que ninguno quiso someterse a la voluntad del otro. No habrá foto conjunta, pero al menos el candidato peronista a la presidencia tendió una mano a Macri y llevó algo de calma en medio de la tormenta.

La situación no puede ser más compleja para la economía argentina. La derrota de Macri por 47% a 32% en las primarias lo vaciaron de poder, pero el presidente está aún en campaña para vencer en las generales de octubre al mismo hombre, Fernández, que puede ayudarlo a calmar a los mercados. A horas de la derrota, y todavía aturdido por un golpe inesperado, Macri achacó el lunes negro a los 11,6 millones de argentinos que habían votado al peronismo. “Esto es una muestra de lo que puede pasar si gana el kirchnerismo”, dijo el lunes, con tono de reproche y los ojos vidriosos. El martes se arrepintió y pidió perdón. El miércoles anunció medidas de alivio económico y el jueves reunió a 1.000 dirigentes de su partido . Notablemente recuperado, les dijo que seguía en campaña y gobernando. “No hay un presidente virtual, el presidente soy yo”, clamó sobre el escenario, en una referencia a Alberto Fernández, el hombre que ahora acapara toda la atención política nacional.

El presidente argentino anunció la bajada del IVA mediante un vídeo que distribuyó en las redes sociales oficiales. “Mi única prioridad es cuidar a los argentinos y llevarles alivio. Tomé una decisión excepcional que nunca antes se había tomado en la historia del país: vamos a eliminar el IVA de los principales alimentos que compran las familias argentinas”, dijo Macri. Y advirtió que el Gobierno controlará su aplicación hasta el 31 de diciembre, cuando vence el decreto.

Su ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, dijo más tarde que de ninguna manera se trató de imponer un control de precios, sino de promover una “baja transitoria de la tasa” de algunos elementos básicos. El Gobierno no espera una bajada en el precio de los supermercados, pero sí, al menos, que la medida sirva para absorber los efectos inflacionarios del derrumbe del peso.

La decisión oficial mereció críticas del rival peronista, Alberto Fernández. En un hilo que publicó en Twitter, dijo que la bajada del IVA sólo beneficiará a las empresas. “No parece razonable reducir el IVA indiscriminadamente como se ha hecho. Ello no redundará en una merma de los precios. Seguramente se convertirá en una ganancia adicional para las empresas. Hubiera sido mejor devolver el IVA a los sectores más postergados”, escribió Fernández.

La eliminación parcial del IVA elevará a al menos 50.000 millones de pesos (850 millones de dólares) el costo fiscal de las medidas post electorales decididas por Macri. El Gobierno no ha dicho de dónde sacará el dinero. El agujero fiscal rompe, en los hechos, con el acuerdo de austeridad fiscal que pactó Argentina con el FMI el año pasado, a cambio de un rescate financiero de 57.000 millones de dólares. Macri espera que con más dinero en sus bolsillos los argentinos reactiven el consumo, que está por los suelos, y ayuden a sacar de la parálisis a la economía. Lo necesita para llegar a octubre con chances para forzar a Fernández a una segunda vuelta, prevista para noviembre.

Fitch reduce la calificación de la deuda argentina
Era solo cuestión de tiempo. La calificadora Fitch puso en duda este viernes la capacidad de pago de Argentina y redujo de B a CCC la nota de su deuda. Según el informe de la agencia, la nueva calificación “refleja la alta incertidumbre política tras las primarias y un grave endurecimiento de las condiciones de crédito”. Desde las abrumadora derrota de Macri el domingo, la agencia ve en el país sudamericano “una expectativa de deterioro macroeconómico y mayor probabilidad de un incumplimiento soberano o reestructuración [de deuda] de algún tipo”.

Según la tabla de calificaciones, CCC supone que el riesgo de default es “una posibilidad real”. “Las presiones financieras sobre Argentina podrían intensificarse a partir de 2020, cuando se acaben los desembolsos del FMI”, dijo Fitch. Sobre las previsiones para este año, la agencia elevó de 1,7% a 2,5% la caída del PIB.

EFE

Argentina celebró 35 años ininterrumpidos de democracia desde que Raúl Alfonsín se convirtió en el primer presidente de la Nación elegido democráticamente tras la última dictadura cívico-militar (1976-1983).

Alfonsín, integrante de la Unión Cívica Radical, tomó el mando del país el 10 de diciembre de 1983 después del sangriento régimen de facto, caracterizado por la represión y tortura de personas contrarias al Gobierno, encabezado en los primeros cinco años por Jorge Rafael Videla.

Así, el actual presidente, Mauricio Macri, celebró un acto en su residencia con escolares, con los que repasó los principales valores de la democracia que han logrado establecerse en el país.

Caputo asumió el cargo el pasado 14 de junio, después de la renuncia de Federico Sturznegger y de que el Gobierno unificase el Ministerio de Finanzas, del que Caputo era titular, con el de Hacienda. Su llegada al Banco Central fue vista como un triunfo de los sectores más cercanos a Macri, tanto que se temió un deterioro de la independencia de la entidad. Caputo enfrentó la crisis cambiaria de finales de agosto, cuando el peso se depreció hasta 15% frente al dólar en una sola jornada. El Banco Central subió entonces las tasas de interés del 45% al 60%, récord a nivel mundial, y aplicó intervenciones controladas en el mercado pese a las reticencias del FMI, que cuando en junio aprobó un rescate de 50.000 millones de dólares para Argentina puso como condición un escenario de flotación libre de la divisa. Las nuevas negociaciones con Fondo, iniciadas ante el fracaso del primer rescate, terminaron por deteriorar su imagen. De poco sirvió a Caputo su formación en Wall Street y su fama de experto en el trato con los inversores, un club del que formó parte antes de sumarse a la función pública.

Con todo, su renuncia fue una sorpresa, sobre todo por el momento elegido. Macri participa hoy en la apertura de sesiones de la Asamblea General de la ONU como parte de un viaje que convirtió en una intento de seducción de los inversores que temen por el futuro de su dinero en Argentina. El lunes, en una reunión que mantuvo en las oficinas en Nueva York del Financial Times, prometió continuidad política y un plan sostenible que cuente con la garantía del Fondo como prestamista de última instancia. El presidente argentino negó en una entrevista con Bloomberg el riesgo de una suspensión de pagos, uno de los fantasmas que el país sudamericano agita ante cada crisis. La memoria del corralito de 2001 está aún fresca en el exterior, y Macri decidió utilizar la confianza que su Gobierno cosechó entre los inversores para despejar cualquier temor de una catástrofe semejante.

La salida de Caputo no suma puntos a esta estrategia. Encuentra a Macri fuera del país, sin posibilidad de reacción política, y el nuevo acuerdo con el FMI no está aún cerrado. Macri deberá ahora firmar cuánto antes con el Fondo para que el organismo adelante a 2019 el dinero que había prometido a 2021. No se descarta, incluso, que el nuevo texto sume más recursos, necesarios para despejar las dudas que el plan económico ha despertado a mediano plazo. Macri se ha comprometido a reducir el déficit fiscal primario (antes del pago de intereses de la deuda) a cero el año próximo, como evidencia de que su país reducirá su dependencia del dinero externo. Pero un acuerdo con el FMI con fecha de cierre a 2019 no ha llevado tranquilidad sobre la continuidad del ajuste en 2020, cuando ya habrá un nuevo Gobierno.

El escenario no puede ser más complejo. El año próximo hay elecciones generales y Macri debe superar la crisis si espera alguna chance de reelección. El problema es que cualquier plan de recuperación incluye una reducción de gastos y no hay nada en Argentina que espante más al electorado. La calle ha esperado hasta ahora a Macri, pero el tiempo se acaba. Argentina vivió ayer un día de grandes movilizaciones callejeras, lideradas por organizaciones sociales, partidos de izquierda y sindicatos de empleados públicos. Hoy se le ha sumado una huelga general de la CGT, la central que agrupa a los gremios peronistas. La adhesión de los sindicatos de transporte ha sido total y la parálisis de Buenos Aires absoluta, incluso en puertos y centrales aéreas. Macri hace equilibrio entre los desafíos políticos y las urgencias económicas.

AFP

El peso argentino siguió en caída libre al depreciarse 13.52% ante el dólar sin que el gobierno del presidente Mauricio Macri logre recuperar la confianza del mercado pese al explícito respaldo del FMI.

El peso sufrió su mayor pérdida diaria del año al cerrar a 39.87 por dólar. En dos días acumula una depreciación de cerca de 20% y de 53% en el año.

El Banco Central reaccionó elevando a 60% la tasa de interés de referencia, que ya estaba en 45%, una de las más altas del mundo. Al mismo tiempo, aumentó los encajes de los bancos para así reducir la liquidez de moneda en la plaza.

Presiones

Para la calificadora de riesgo Moody’s, esa medida “es una clara señal de que los planteamientos de política económica no han sido suficientes para contener las presiones financieras que enfrenta Argentina”.

Además, la agencia cuestionó que ese nivel de tasas: “en combinación con un ajuste más severo en las cuentas fiscales, acentuará y prolongará la recesión que ya se ha iniciado”.

Afectada por el contexto internacional, Argentina lucha contra la depreciación de su moneda y la inflación, pero desde que empezó el año el peso ha perdido más de 50% y no parece que haya aún un freno.

El miércoles, la moneda había caído 6.99%, justo después de que Macri anunció que el Fondo Monetario Internacional (FMI) adelantará desembolsos del programa de auxilio por 50,000 millones de dólares que pactó a tres años en junio.

Con esos anticipos, Buenos Aires cubriría sus compromisos de deuda hasta fines de 2019, según el Gobierno.

El escenario internacional

Las monedas de las economías emergentes sufrieron por el aumento de los intereses en Estados Unidos, hacia donde emigraron capitales en busca de más seguridad. Argentina y Turquía fueron los más perjudicados.

La lira turca perdió 5% frente al dólar y acumula una depreciación de 45% en el año. El real brasileño también sufrió en la jornada, obligando al Banco Central a intervenir, y terminó finalmente con una pérdida de 0.91%, a 4,157 reales por dólar. El peso mexicano cedió 0.78% a 19.13 por dólar.

Cristina Fernández de Kirchner volvió a los tribunales. Lo hizo sola, sin el baño de masas que la arropó en ocasiones anteriores. A las 10 de la mañana de hoy, dejó un escrito ante el juez Claudio Bonadio, al que acusó de ser un “brazo de persecución” política en una nueva “estrategia regional para proscribir dirigentes que permitieron salir de la pobreza a millones de personas”. Se comparó así con Lula de Silva, preso desde abril en Brasil en la víspera de una elección presidencial que lo tiene como favorito. Fernández de Kirchner se presentó por quinta vez ante Bonadio, esta vez en una causa por presunto cobro de sobornos. El juez la acusa de ser la líder de una organización que desde el Estado montó un esquema de recaudación de dinero negro, aportado por las empresas que durante su Gobierno se beneficiaron con millonarios contratos de obra pública.

La expresidenta llegó a media mañana a los tribunales federales de Comodoro Py, en el centro de Buenos Aires, y presentó un escrito ante Bonadio. Una hora después abandonó el edificio y volvió a su casa. No hubo militancia acompañándola porque ella lo pidió así. En abril de 2016, Kirchner convirtió su primera declaración ante Bonadio, en una de las seis causas que enfrenta, en un gran mitin político. Sus seguidores montaron un escenario y desde allí habló a la multitud. Dijo entonces que era una perseguida política, los mismos argumentos que desgranó hoy por escrito. Pero esta vez puede ser diferente.

Los cuadernos de la corrupción
Esta nueva investigación se inició tras la difusión pública de ocho cuadernos manuscritos en los que un chófer del poder, Oscar Centeno, detalló los supuestos viajes que durante 10 años hizo con bolsos cargados de dólares producto de sobornos. Los cuadernos llegaron primero a un periodista del diario La Nación, que tras cuatro meses de investigaciones los derivó al juez Bonadio. Hace dos semanas, el juez ordenó una serie de detenciones que activaron una verdadera ola de delaciones cruzadas entre empresarios pagadores y exaltos cargos cobradores. Argentina está ahora ante una versión vernácula del Lava Jato brasileño de consecuencias políticas aún imprevisibles.

Caía la noche en Buenos Aires cuando la policía ingresó al edificio de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el barrio de Recoleta, en Buenos Aires. Tenían una orden de registro firmada por el juez Claudio Bonadio, a cargo de la causa de los “cuadernos de los sobornos”. Los uniformados no fueron al 5° piso, donde vive Kirchner, sino al 1° y al 2°

.Fernández de Kirchner está a salvo de cualquier registro judicial de su casa porque la protegen sus fueros como senadora nacional. El juez, sin embargo, parece decidido a acorralarla todo lo que le sea posible en busca del dinero que, según presume, puede ocultar la expresidenta en su residencia de Buenos Aires. Los pisos en los que ingresó hoy la policía pertenecen a Osvaldo De Sousa, hermano de Fabián De Sousa, socio del empresario ultrakirchnerista Cristóbal López.

De Souza está preso en una causa por enriquecimiento ilícito y Bonadio sospecha que parte del dinero de los sobornos que investiga pueden estar ocultos en los dos pisos que su hermano tiene en el mismo edificio que Kirchner, El abogado de la expresidenta, Gregorio Dalbón, consideró “un circo y un amedrentamiento” la visita de la policía. Aclaró además que Kirchner no se encontraba en ese momento en su domicilio.

Los cuadernos de Centeno llevaron a la cárcel a ocho exaltos cargos, entre ellos el número dos del ministerio de Planificación, a cargo de las obras de infraestructura financiadas por el Estado, y siete empresarios de la construcción acusados de pagar las coimas. Otros nueve empresarios están libres porque declararon como arrepentidos ante el juez, incluido Angelo Calcaterra, el primo del presidente Mauricio Macri. La ola de arrepentidos generó un terremoto político. Los cuadernos, pese a la acumulación de detalles apuntados con obsesión por Centeno, quedaron pequeños al lado de las delaciones premiadas.

El viernes declaró como arrepentido el expresidente de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner. Ante el juez se presentó como el facilitador de lo que llamó “el club de la obra pública”. Según su testimonio, Néstor Kirchner lo puso al frente de la Cámara en 2003, apenas asumido el poder, y le ecomendó que organice a empresarios amigos alrededor de un sistema de aportes de dinero negro. Las empresas elegidas se reunían en un piso de Buenos Aires y se repartían a dedo los contratos. A cambio, debían aportar al Gobierno entre el 10% y el 20% del anticipo del dinero destinado al inicio de obra. Para compensar los sobornos, las obras se cotizaban con sobreprecios, según los detalles que dio Wagner. Para convencer al juez de su buena voluntad como arrepentido, el constructor dijo que Néstor y Cristina estaban al tanto de toda la maniobra.

En un texto que publicó en sus redes sociales esta mañana, Cristina consideró “ridículo hacernos creer que haya sido Néstor Kirchner quien organizó el sistema de cartelización de la obra pública a partir del 25 de mayo de 2003, en un país cuyo presidente es Mauricio Macri”. La expresidenta recordó que Macri integra una familia que hizo fortuna desde los años 70 gracias a los negocios de sus constructoras con el Estado. El primo del Presidente, Calcaterra, exdueño de Iecsa, reconoció ante el juez que pagó sobornos durante el kirchnerismo. Fernández de Kirchner dijo ahora que la “persecución juidicial” que padece es “sólo comparable a aquella que se llevó a cabo en tiempos en que se encontraba suspendida la vigencia de la Constitución Nacional”, en época de dictadura militar.

Cristina Kirchner no puede ir presa porque sus fueros de senadora la protegen. Bonadio pidió al Congreso que se le retire esa protección, algo que no sucederá, al menos en el corto plazo. El peronismo, con mayoría de votos en la Cámara Alta, defiende la opinión de que los legisladores merecen los fueros hasta que haya una condena firme, algo que está lejos de suceder en el caso de Kirchner. El impacto político, sin embargo, es enorme.

El año que viene hay elecciones presidenciales y la expresidenta no descartaba, al menos hasta ahora, ser candidata. Por el lado del Gobierno, en tanto, temen que el Lava Jato argentino afecte a la economía. En momentos en que la inversión huye de los mercados emergentes, producto de las altas tasas de interés que paga Estados Unidos, el terremoto que afecta a decenas de empresas contratistas del Estado no es una buena noticia.

La Argentina del siglo XXI e integrada al mundo que pregona Mauricio Macri seguirá con una deuda histórica con las mujeres: el aborto legal. La ley vigente data de 1921 y sólo permite el aborto en caso de violación o riesgo de vida para la madre, dos supuestos que suponían un avance hace 97 años pero que hoy no responden a las nuevas demandas sociales. El presidente argentino habilitó por primera vez el debate parlamentario sobre la interrupción voluntaria del embarazo, pero Cambiemos, la coalición que encabeza fue la que más votos aportó en contra para rechazar la iniciativa. El resultado negativo enmudeció a las decenas de miles de personas que desafiaron la lluvia bajo paraguas y plásticos verdes, el color que identifica a los partidarios de la legalización, y fue aplaudido en el lado celeste de la plaza, donde se concentraron los detractores del proyecto.

La victoria en la Cámara de Diputados, pero en especial la multitudinaria movilización que acompañó al ‘sí’ el pasado 14 de junio, hicieron pensar en un primer momento que la marea verde se impondría también en el Senado, una Cámara mucho más conservadora, donde están representados los intereses de las provincias de interior del país. Pero con el paso de las semanas, la presión de la Iglesia católica y los evangélicos ganó terreno hasta decantar la votación. En sus discursos antes de definir el voto, numerosos senadores se escudaron tras sus creencias religiosas y la necesidad de salvar las dos vidas —la de la madre y la del feto— para justificar su voto en contra.

El debate se inició temprano por la mañana, en un intento por evitar que las discusiones se extendiesen más allá de la medianoche. Fue un intento vano, porque la sesión duró casi 16 horas y cerró cerca de las 3.00 de la madrugada. Pese a lo caldeado de las posiciones en la calle, el tono dentro del recinto fue mesurado, fiel al protocolo del Senado. “No será menos trágico un aborto porque se haga en un quirófano. No, será igual de trágico. El objetivo es que no haya más abortos en Argentina, eso es aspirar a más”, dijo el senador Esteban Bullrich, exministro de Educación de Mauricio Macri, ferviente católico y defensor del ‘no’ a la ley. Su presentación resumió la posición de los grupos antiabortistas: el embrión tiene derechos constitucionales desde el momento de la concepción y, aunque el aborto es un hecho, no podrá reducirse con una ley que lo regule.
Los portavoces del proyecto aprobado en la Cámara de Diputados concentraron sus argumentos en el reconocimiento de una realidad que existe, con o sin ley. “Las mujeres están solas. El varón aborta antes, desapareciendo. Por eso este es un problema de mujeres. Los abortos se hacen y el debate hoy es por el aborto legal o ilegal”, dijo la senadora peronista Norma Durango. Su par por Tucumán, Beatriz Mirkin, fue más directa. “Estoy acá para legislar, y acá en Argentina se aborta, lo he visto porque he trabajado en los hospitales. He visto muchos más legrados uterinos de los que ustedes imaginan”, dijo, visiblemente emocionada.

El cineasta Pino Solanas, de 82 años, dio sin duda uno de los discursos más emotivos. Consideró que “el goce es un derecho humano”, pidió que se respete el derecho de los pobres “a amar” y reveló que una novia de su adolescencia tuvo que abortar “porque entró en pánico”. Solanas asumió la derrota de la ley, pero pidió a las decenas de miles de jóvenes que esperaban el final del debate bajo la lluvia que no se den por vencidas. “¡Bravo chicas! Esta noche es sólo un pequeño descanso. Será ley, nadie podrá parar a la oleada de la nueva generación”, gritó Solanas para cerrar su discurso.

Otros senadores a favor de la norma denunciaron la presión de la Iglesia, como el entrerriano Pedro Guastavino. “Ayer, en mi cuenta de WhatsApp recibí una enorme cantidad de mensajes que, en nombre de Dios, me calificaban de manera irreproducible. Me lo pasé atajando y esquivando crucifijos”, dijo. Las posiciones atravesaron a todos los partidos políticos. Guastavino es peronista, como Rodolfo Urtubey, polémico en sus argumentos contra el aborto, incluso en casos de violación, uno de los supuestos legales del aborto en Argentina. “La violación también está clara su formulación, pero habría que ver. Hay algunos casos donde la violación no tiene esa configuración clásica de la violencia sobre la mujer, a veces la violación es un acto no voluntario”, dijo.

Los portavoces del no se concentraron en el oficialismo, pero hubo excepciones. La senadora Gladys González, cercana a Macri, defendió con vehemencia la ley. “No podemos proponer como solución al aborto ilegal que se cierre el sistema. Queremos salvar a las dos vidas y no estamos salvando ninguna”, dijo González, en referencia al lema de los contrarios a la ley. La escuchó atenta su par, la vicepresidenta y presidenta del Senado, Gabriela Michetti, contraria al aborto incluso en caso de violación a una menor. Particularidades de un debate basado en la libertad de conciencia de los legisladores.

Entre los grandes partidos, sólo el kirchnerismo votó mayoritariamente a favor. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien se opuso a tratar el tema del aborto mientras fue presidenta por estar en contra, explicó por qué ahora votó a favor. “No fue por mi hija que cambié de opinión. Las que me hicieron cambiar de opinión fueron las miles y miles de chicas que se volcaron a la calle. Esta ley no va a salir esta noche, no saldrá este año, pero saldrá el que viene o el otro”, dijo Kirchner.

Abortos con agujas de tejer
La decisión de mantener el aborto como un delito no evita que numerosas mujeres decidan interrumpir embarazos no deseados. Según estimaciones extraoficiales, entre 350.000 y 450.000 mujeres abortan cada año en Argentina. Lo hacen en la clandestinidad, con riesgo para sus vidas, en especial las gestantes con menores recursos, que recurren a médicos no profesionales o métodos peligrosos como sondas, perchas, agujas de tejer y hasta tallos de perejil.

Mientras los senadores debatían, una mujer de 35 años y madre de cinco hijos luchaba por su vida tras ser sometida a un aborto clandestino en Mendoza, al oeste del país. Hace menos de una semana, Liliana Herrera, de 22 años, falleció de una infección generalizada por la misma causa. Cada año, casi 50.000 mujeres sufren complicaciones derivadas de interrupciones del embarazo y cerca de medio centenar mueren. El ministro de Sanidad, Adolfo Rubinstein, llamó a los legisladores a poner fin a estas muertes evitables votando a favor de una ley que garantiza que las mujeres puedan abortar de forma segura. También la defendió, sin éxito, el ministro de Ciencia, Lino Barañao.

Con el paso de las horas, el ambiente en la calle se volvió más tenso. “Si no hay aborto legal, que quilombo se va a armar”, advertían las miles de mujeres partidarias del aborto legal que aguantaron bajo la lluvia todo el debate. “Es doloroso que no nos escuchen, que hablen de intervenciones quirúrgicas cuando las mujeres hoy abortan en casa con misoprostol”, lamenta Clara, una estudiante universitaria de 20 años.

Las encuestas muestran una gran división de la sociedad argentina sobre el aborto, con una ligera ventaja a favor de su legalización, que se dispara entre los más jóvenes. Los estudiantes han sido el gran motor de la campaña a favor y volvieron a manifestarse ayer masivamente con pañuelos verdes. El Congreso no puede volver a tratar el tema hasta dentro de un año, pero la reivindicación a favor del aborto legal, seguro y gratuito seguirá en las calles. Es cuestión de tiempo que las argentinas no sean forzadas a dar a luz, sino que puedan elegir cómo y cuándo ser madres.

Liderados por los camioneros, un centenar de sindicatos y organizaciones sociales se manifiestan este miércoles en Buenos Aires contra el gobierno de Mauricio Macri, a quien acusan de querer cargar sobre los trabajadores el ajuste económico.

Enormes filas de manifestantes con las banderas de sus agrupaciones gremiales se desplazaron por las autopistas y las principales avenidas del sur de Buenos Aires hasta confluir en el centro.

En plena temporada de negociaciones para definir los aumentos salariales de 2018, la demostración de fuerza convocada por el más poderoso e influyente de los sindicalistas argentinos, Hugo Moyano, intenta frenar las medidas de corte liberal de Macri.

“El gobierno menosprecia a los trabajadores”, declaró Moyano, líder de los camioneros y de un nuevo frente opositor que incluye a la expresidenta Cristina Kirchner.

La concentración nuclea a sindicatos combativos, a kirchneristas (peronistas de izquierda), a izquierdistas y a la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, que incluye a pobres y desocupados, entidad cuyos líderes tienen como referente al papa Francisco.

Gremios importantes de tono conciliador con el gobierno se abstuvieron de participar en el acto.

Argentina registró una inflación de 24,8% en 2017, según cifras oficiales, y aunque la meta este año se fijó en 15% las consultoras privadas esperan otro tanto para 2018. Pero Macri intenta controlar el costo de vida con una menor recomposición de los salarios, medida que los sindicatos rechazan de plano.

Macri vs Moyano

Moyano fue aliado del kirchnerismo. Después se alió con Macri contra la expresidenta. Pero el romance con el mandatario se rompió cuando dirigentes macristas empezaron a acusarlo en la justicia para que se investiguen sus bienes.

Incluso lo involucran con presuntas maniobras turbias con el popular club de fútbol Independiente, último campeón de la Copa Sudamericana y del cual es presidente.

“Que me investiguen todo lo que quieran. No me arrodillo ante nadie”, se defendió Moyano. Macri, de su lado, ignoró con su silencio el mitin y participó este miércoles de un foro técnico del G-20, cuya cumbre de 2018 se realizará en Argentina.

El macrismo asegura que el acto es una “reacción desesperada” frente a las denuncias judiciales.

“Sería bastante idiota si creyera que con una marcha puedo evitar las causas” judiciales, respondió Moyano.

“La marcha no es en defensa de Moyano sino en contra del gobierno”, dijo Emilio Pérsico, del Movimiento Evita Perón, de pobres y desocupados.

Puja salarial

El gobierno recomienda a las empresas negociar con los sindicatos un tope de recomposición de sueldos de 15%. Pero el índice de precios subió 1,8% sólo en enero. Las consultoras lo proyectan cerca del 6% en el primer trimestre.

De cara a la muchedumbre que protesta, ronda el temor a incidentes con la policía, luego de los graves choques en dos manifestaciones en diciembre contra una reforma que recortó el alza de las jubilaciones y subsidios a la pobreza. La impulsó Macri para bajar el agudo déficit fiscal de 3,9% del PIB. La represión dejó un saldo de centenares de heridos y detenidos.

“Esperemos que sea una movilización madura, en paz y hayamos aprendido de lo que pasó en diciembre”, declaró el ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Los organizadores han montado vallas y métodos propios de seguridad en el acto para evitar la acción de provocadores y grupos ultras.

A la marcha y el mitin se han plegado organizaciones de maestros, médicos e investigadores científicos. Denuncian despidos en hospitales, reducción de recursos para las escuelas y el desmantelamiento del Polo Científico creado por el kirchnerismo.

Cae imagen presidencial

El freno al aumento de salarios y jubilaciones han provocado una caída en la imagen de Macri, según los institutos de sondeo.

“En el conurbano (cinturón de la capital) y en la provincia de Buenos Aires (la más poblada), cerca del 55% de la población desaprueba la gestión de Macri”, dijo a radio 10 el sociólogo y encuestador Sebastián Senlle, de la consultora Analogías.

Consultoras como Rouvier, Aresco y M&F han medido sensibles bajas en la imagen de Macri, aunque se mantiene por arriba del 40%.