Los residentes de la aldea de Woro, en el estado nigeriano de Kwara, siguen enterrando a sus víctimas tres días después de que presuntos combatientes yihadistas mataran a 170 personas en una masacre que comenzó con una llamada engañosa a la oración.

“Cuando decían que venían a predicar, la gente creía que venían a predicar; por eso causaron tantas heridas y mataron a tantas personas”, declaró Muhammed Abdulkareem a Reuters. “Cuando empezaron los disparos, la gente dijo que esto ya no era predicar, que no era normal, y empezaron a huir para esconderse”.

Los atacantes atacaron sistemáticamente a hombres mientras secuestraban a mujeres y niñas, según los supervivientes.

“Matan a cualquiera que ven; solo a las mujeres no las tocan, pero si eres hombre, por muy pequeño que seas, te matan”, declaró otro residente. Se llevaron a nuestras mujeres al monte, pero mataron a todos los hombres que vieron, y quemaron todas las tiendas; la casa del jefe quedó reducida a cenizas.

Los hombres envolvieron los cuerpos en telas blancas y los cargaron en camiones para enterrarlos. Aún salía humo del edificio incendiado. La oficina local del Cuerpo de Seguridad y Defensa Civil de Nigeria permaneció cerrada.

“A cualquiera que veían lo mataban, solo a las mujeres no las tocaban, pero si eras hombre, no importaba lo pequeño que fueras, te mataban, pero no mataban a las mujeres, se llevaban a nuestras mujeres al monte, pero a todos los varones que veían los mataban, y quemaban todas las tiendas, la casa del jefe quedaba reducida a cenizas”, declaró Muhammed Abdulkareem.

Umaru Abdullahi dijo que los entierros aún no terminan. “Mataron a más de doscientas personas; mañana seguiremos empacando los cadáveres para ir a enterrarlos”, dijo.

El presidente Bola Tinubu ha desplegado un batallón del ejército en el distrito de Kaiama tras el ataque, el más mortífero de este año en el estado de Kwara, fronterizo con Níger y que ha visto a grupos yihadistas avanzar hacia el sur.

El Gobierno de Estados Unidos condenó este viernes el “terrible ataque” perpetrado el martes en las comunidades nigerianas de Woro y Nulu, en el estado de Kwara (centro-oeste), que causó al menos 175 muertos, según líderes locales.

“Estados Unidos condena el terrible ataque en el estado de Kwara”, reza un comunicado de la Embajada estadounidense en Nigeria, publicado en su cuenta de la red social X, en el que reconoció que aún hay un número de muertos “sin confirmar” y “muchas personas aún desaparecidas”.

La misión diplomática expresó sus “más sinceras condolencias” a las familias de las personas afectadas, y mostró su apoyo al despliegue de un batallón del Ejército nigeriano en Kwara para proteger a las comunidades de la zona, así como para llevar ante la justicia a los autores de esta “atrocidad”.

El Gobierno de Nigeria, que atribuyó el ataque al grupo yihadista Boko Haram, no ha facilitado cifras oficiales de víctimas, mientras el gobernador de Kwara, Abdulrahman Abdulrazaq, habló de “al menos 75”, un número muy inferior a los 175 muertos confirmados a EFE por un líder comunitario de Woro.

(Con información de Reuters)

FUENTE: INFOBAE

Las primeras informaciones de la policía, en la madrugada del domingo, indicaban que estaba buscando a un sospechoso que conducía un coche de policía e iba disfrazado como un agente, pese a no pertenecer al cuerpo de Policía. Nombraba a Wortman y advertía de que estaba considerado “armado y peligroso”.

En su cuenta de Twitter, la policía de Nueva Escocia anunció sobre las 11.00 de la mañana hora local (las 16.00 en la España peninsular) que Wortamn había sido detenido. En la tarde del domingo, dijo en rueda de prensa que el sospechoso había fallecido, pero no aclaró si ha sido por disparos de la policía. En la rueda de prensa, la policía dio la cifra de 10 fallecidos, sin incluir el sospechoso.

La matanza comenzó en la noche del sábado en pequeña localidad de Portapique, que tiene apenas un centenar de habitantes y se encuentra en la costa a unos 130 kilómetros al norte de Halifax. La Policía Montada acudió a una residencia de la localidad y encontró allí varios cuerpos sin vida. Posteriormente, otros cadáveres fueron hallados en distintos lugares. La persecución acabó en una gasolinera de la localidad de Enfield. En ese lugar murió el asesino, abatido por la Policía, según la BBC, aunque no ha habido confirmación oficial. El primer ministro del país, Justin Trudeau, lamentó el ataque y lo describió como “una situación terrible”, según la BBC.

La policía no podía ofrecer el domingo ninguna pista sobre los motivos del autor del ataque. Las víctimas “no parecen tener ningún vínculo con el tirador”, dijo Chris Leather, de la Gendarmería Real, según la agencia France Presse (Afp). “Al parecer, al menos en parte, actuó de forma aleatoria”.

El anterior tiroteo múltiple en Canadá, donde son muy raros este tipo de sucesos en comparación con sus vecinos del sur, EE UU, fue en agosto de 2018, cuando un hombre mató a cuatro personas, incluidos dos policías, en un edificio de apartamentos de New Brunswick. El peor tiroteo en Canadá hasta este domingo había sido el sucedió en diciembre de 1989, cuando un asesino acabó con la vida de 15 mujeres en Montreal.

Desde mayo, el registro central ha emitido al menos 790 partes de defunción, según datos de la Red Siria para los Derechos Humanos (RSDH). Esta ONG cifra en 82.000 los desaparecidos en las celdas gubernamentales durante una contienda que entrado el octavo año arrastra medio millón de muertos —un tercio de ellos civiles—. Tras cinco años de tormentosa espera, sus familias claman justicia para los muertos y libertad para los que siguen entre rejas.

Yahia Charbahi es uno de los jóvenes cuya familia ha recibido el temido parte de muerte. No se especifica ni la causa ni el lugar del deceso. Su nombre ya resonaba entre el reducido grupo de activistas de Siria cuando Bachar el Asad sucedió a su padre en la presidencia en el año 2000. “En 2006 ya había cumplido tres años entre rejas por ‘ataques al orden ciudadano’ y fue expulsado de la Universidad de Damasco”, cuenta su primo Eiad Charbahi en una conversación vía Whatsapp desde EE UU.

Con la ola de revueltas populares que se extendió por la región en 2011 y sacudió Siria en el mes de marzo, Yahia retomó las calles junto al círculo de amigos que se convertirían en prominentes altavoces de las protestas. Contrarios a una deriva violenta de manifestaciones pacíficas, se dieron a conocer por distribuir flores y botellas de agua entre los soldados. El 6 de septiembre de 2011, Guiath Matar, junto con Yahia y Maan Charbaji fueron los primeros en desaparecer a bordo de furgonetas, apresados por agentes ataviados de paisano. “Ese mes, los mujabarat devolvieron el cuerpo de Ghiath a su familia, degollado aunque en el certificado médico ponía ‘muerte por fallo cardiaco’. Tenía 26 años”, dice Eiad Charbahi.

El pasado mes de mayo y sin previo aviso, el régimen sirio comenzó a inscribir en el registro civil central los partes de defunción de jóvenes desaparecidos en el agujero en el que se ha convertido el inextricable sistema carcelario contra el que luchan en vano sus familias. Para algunos expertos se trata de un reconocimiento implícito por parte del Gobierno de Bachar el Asad de la desaparición de miles de jóvenes tras la revolución. ONG como Amnistía Internacional y Human Rights Watch responsabilizan a Damasco de 13.000 muertos bajo su custodia. Y todo esto, en una coyuntura en la que sus tropas prometen ganar la guerra y recuperar el control del país.

En cuanto a Charbahi, es de la idea de que “van a matar a todos los presos porque el régimen no quiere incómodos testigos que empañen su victoria”. Para otros, la repentina emisión de certificados está relacionada con las demandas de la oposición en las negociaciones de Ginebra y Astaná y orientadas a aliviar a las mujeres e hijos de los desparecidos en Siria. Para éstos, emprender todo proceso burocrático, como un registro de propiedad o cobrar una herencia, topa con un callejón sin salida en tanto no dispongan de un documento oficial que ateste la muerte de sus congéneres. Una hoja con una fecha es todo lo que han obtenido. Ni rastro de sus cuerpos o fotos que corroboren su muerte.

Sin cuerpos que enterrar

Para los Jolani, la prueba definitiva llegó en 2014 de mano del informe César; nombre del fotógrafo militar que logró huir de Siria con 55.000 imágenes de 11.000 presos supuestamente ejecutados en cárceles gubernamentales. Este informe supone la prueba más sólida en el caso abierto por allegados para juzgar a los verdugos en Siria. Amina Jolani es una de ellas. Ha perdido a tres de sus cuatro hermanos en las cárceles sirias. Mohamed, de 35 años, Abdulsatar, de 30, Bilal, de 25 y Mayed, de 20, les fueron sucesivamente arrebatados y encarcelados.

“Cientos de miles de libras sirias en sobornos y ocho meses después”, Bilal fue el único que sobrevivió, en un lamentable estado de salud, a la maquinaria carcelaria. “Nuestro hermano Mohamed murió sobre su regazo en la celda al volver de una brutal sesión de torturas”, solloza Amina contactada por teléfono en Gran Bretaña. La foto de un escuálido Mohamed con un número escrito a bolígrafo sobre la frente fue difundida con el informe César. Los Jolani acaban de recibir los partes de muerte de sus otros dos hermanos. Fecha de defunción: el 15 de enero de 2015, a las 22.00.

Estos testimonios coinciden con los de Omar Shogre, uno de los supervivientes del infierno en vida que contra todo pronóstico superó para poder contar los tres años y medio que pasó en 11 centros de detención diferentes. “Allí la muerte es lo mejor que te puede pasar”, resume en una entrevista telefónica desde Estocolmo. Durante un periodo, el joven fue el encargado de acarrear los cuerpos de aquellos presos que sucumbían a la tortura, enfermedades y hambruna en el cuartel 215 para después depositarlos en furgonetas. “Cada mañana sacábamos entre 30 y 40 cuerpos”, rememora. “Teníamos que escribir un número con un rotulador en sus frentes que quedaba asociado a otro en una lista que tenían los carceleros con los nombres”, apostilla.

La solidaridad entre quienes han compartido el infierno en la tierra es inagotable. El Shogre memorizó 120 nombres y direcciones de compañeros de celdas durante sus tres años y medio de encarcelamiento. Algunos de ellos extranjeros. Lo primero que hizo en libertad, con 35 kilos de peso y una tuberculosis aguda, fue localizar a sus familias. “Han pasado tres años y todavía sigo recibiendo en Facebook mensajes de desesperados familiares que me mandan fotos con la esperanza de que pueda ubicar a sus allegados en alguna de las cárceles en las que estuve”, lamenta Al Shogre.

Crece la indignación entre los palestinos a medida que se conocen nuevos vídeos sobre lo sucedido el viernes en la Franja, donde más de 1.400 civiles han resultado heridos en las protestas convocadas por varias organizaciones civiles y políticas palestinas en los territorios ocupados para reivindicar el derecho a volver de todos los refugiados. Las imágenes de jóvenes corriendo o caminando, que finalmente son abatidos por los francotiradores israelíes corrieron como la pólvora, incendiando las redes sociales.

Los militares israelíes se defienden de las acusaciones diciendo que se trata de imágenes que hay que entender dentro de un contexto y niegan que hubiese orden expresa de disparar a la multitud. “No hay instrucciones de tirar a matar salvo que exista un riesgo real (…) No tuvo nada que ver con acciones disuasorias. Se usó la fuerza contra gente implicada en acciones violentas”, asegura Peter Lerner, coronel en la reserva del ejército israelí.

Guterres ha pedido “contención” a las partes. “El secretario general también ha pedido a los actores involucrados se abstengan de llevar a cabo cualquier tipo de acto que podría causar más muertes, en particular medidas que puedan poner en peligro a civiles”, ha informado el portavoz del secretario general de la ONU, Farhan Haq. Un llamamiento al que se han sumado varias organizaciones internacionales y locales, como la israelí B´Tselem, que ya advirtió antes de las protestas de que “Gaza no es un campo de batalla y disparar a los manifestantes en un crimen”.

El Ejército de Israel considera que no se ha hecho un uso desproporcionado de la fuerza e insiste en que no permitirá “ningún intento de dañar la infraestructura de la frontera”. Los militares acusan al Movimiento de Resistencia Islámico(Hamas) —que gobierna en Gaza desde hace más de una década— de instigar la violencia y utilizar a “civiles inocentes como herramientas de terror”. Hamás ha confirmado que 5 de los muertos son de su brazo armado.

Por su parte, el presidente palestino, Mahmud Abbas, responsabilizó a Israel de lo sucedido el viernes, el día más sangriento en el territorio palestino desde la guerra de 2014. La noche del viernes, en un discurso televisado a la nación, pidió a la ONU que actuase para “proteger al pueblo palestino de la agresión israelí”. Poco después se celebró a puerta cerrada una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero los representantes de los 15 países miembros del consejo no alcanzaron a consensuar un texto sobre Gaza.

Según fuentes médicas palestinas en la Franja, este sábado al menos tres jóvenes fueron atendidos por herida de bala. Según los datos facilitados por el Hospital de Shifa, el más grande de Gaza, el viernes recibieron 284 heridos, la mayoría con heridas de bala; 40 de ellos fueron operados y otros tantos esperan entrar en quirófano a lo largo de este sábado. La imagen del día junto a la frontera la protagonizaron decenas de palestinos sentados en señal de luto junto a las tiendas de campaña erigidas para acoger la Gran Marcha del Retorno, una protesta que durará hasta el próximo 15 de mayo y con la que los palestinos reclaman el derecho de los refugiados a regresar a la tierra de la que fueron expulsados tras la creación del estado de Israel, en 1948.