“El Ejército israelí ha llevado a cabo ahora más asesinatos selectivos de miembros de la prensa que cualquier otro Ejército gubernamental hasta la fecha, siendo la inmensa mayoría de las personas muertas periodistas y trabajadores de los medios palestinos en Gaza”, detalló el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). 

Guerras en Gaza, Ucrania y Sudán

Con 124 muertos en 2024, el año 2025 marca el segundo récord anual consecutivo desde que el CPJ comenzó a recopilar datos.

Según el informe de esta oenegé estadounidense, 86 de las muertes, dos tercios del total, ocurrieron a manos de Israel en la guerra en Gaza, y la mayoría de las víctimas fueron periodistas palestinos.

Además, los otros dos conflictos más mortíferos para la prensa han sido Ucrania (cuatro muertos) y Sudán (nueve muertos), señaló el CPJ.

El informe también destacó un aumento del uso de drones como arma letal contra periodistas, con 39 casos documentados frente a solo dos en 2023. De estos, 28 correspondieron a ataques en Gaza por parte del ejército israelí, cinco a las Fuerzas de Apoyo Rápido en Sudán, uno a un ataque turco en Irak y cuatro en Ucrania por drones militares rusos, la cifra anual más alta desde el inicio de la guerra.

Protección “insuficiente” frente al crimen organizado en México

Fuera de los conflictos armados, la delincuencia organizada también ha resultado especialmente mortífera para los miembros de la prensa. 

En México, por ejemplo, al menos seis periodistas fueron asesinados, a pesar de contar con un mecanismo federal de protección que ha demostrado “ser insuficiente”, con al menos un periodista muerto cada año durante la última década, según recoge el informe.

En Filipinas, tres periodistas fueron abatidos a tiros, de los cuales solo uno ha derivado en un arresto.

El informe también documenta ataques contra periodistas que investigan corrupción y crimen organizado en países de Asia y América Latina como la India y Perú.

En total, el CPJ documentó 47 “asesinatos deliberados” de periodistas vinculados directamente con su labor informativa, el mayor número de los últimos diez años.

Y agregó que en ninguno de los casos se ha responsabilizado a nadie, lo que refleja “una persistente cultura de impunidad”. La organización destacó que la falta de justicia favorece nuevos ataques, incluso en países que no están en guerra.

Ejecuciones en regímenes autoritarios como el de Arabia Saudita

En regímenes autoritarios, se continuó castigando a la prensa con la muerte. Un ejemplo es el de Arabia Saudita, donde el columnista Turki al Jasser fue ejecutado tras siete años en prisión.

Al Jaser fue ejecutado en junio por las autoridades tras haber sido condenado por varios cargos que el CPJ calificó de “acusaciones falaces” utilizadas para castigar a periodistas. Se trata del primer asesinato documentado de un periodista saudí desde la muerte en 2018 de Jamal Khashoggi.

“Indicador clave de vulneraciones de otras libertades”

“Matan a periodistas en un número récord en un momento en que el acceso a la información es más importante que nunca”, afirmó Jodie Ginsberg, directora general del CPJ.

La organización enfatizó que la seguridad de los periodistas es “clave para el acceso a información veraz” y para la defensa de las libertades fundamentales.

Los ataques contra los medios son un “indicador clave de vulneraciones de otras libertades, y es necesario hacer mucho más para impedir estos asesinatos y castigar a sus autores. Todos estamos en peligro cuando se mata a periodistas por cubrir la actualidad”, argumentó.

El CPJ pidió a los Gobiernos una reforma profunda en la investigación de los asesinatos de periodistas, incluyendo la creación de un grupo internacional de investigación y la imposición de sanciones “para garantizar justicia y proteger a los profesionales de la prensa”.

Creado en 1981 en Nueva York para defender la libertad de prensa y a los periodistas en el mundo, el CPJ, financiado por fondos privados y fundaciones,, está dirigido por un consejo compuesto por miembros de la prensa y la sociedad civil.

rml (afp, efe)

FUENTE: DW

Madrid, 15 de Febrero del 2025.- Una niña de dos años y su madre de 37 han muerto este sábado por las heridas sufridas en el atropello masivo que se produjo el jueves en Múnich (sur de Alemania) y que las autoridades investigan como un posible atentado islamista, según informó la cadena regional Bayerischer Rundfunk.

Poco antes, el canciller alemán, Olaf Scholz, había acudido a depositar flores al lugar de los hechos, donde realizó un llamamiento a la unidad e instó a que el autor sea castigado con “toda la dureza de la ley”.

El pasado jueves, un coche atropelló a un grupo de personas en la ciudad alemana de Múnich dejando más de 30 heridos. Aunque inicialmente se informó de al menos una veintena de heridos, la policía ya eleva esta cifra a 39, algunos de los cuales han sufrido heridas de gravedad.

La Fiscalía General del Estado asumió este viernes la investigación de los hechos, después de que la policía hallase indicios que la hacían sospechar de una posible motivación islamista.

El autor, un ciudadano afgano de 24 años, que fue detenido en el momentos, reconoció en el interrogatorio que había embestido de forma deliberada contra la manifestación de empleados públicos convocada por el sindicato Verdi y adujo para ello una «explicación religiosa», según dijeron los investigadores el viernes en una rueda de prensa en Múnich.

La resolución del Gobierno solo afecta a los inquilinos que se consideren vulnerables por el impacto del Covid-19, un colectivo que el Gobierno ha estimado en medio millón de familias. La resolución paraliza también los desahucios hasta seis meses después de que haya finalizado el estado de alarma y prolonga durante este periodo los contratos que venzan durante estos meses.

Los alquileres se prorrogan automáticamente durante seis meses

El Gobierno considerará como vulnerables los parados, los afectados por expedientes de reducción temporal de empleo (ERTE), con reducción de jornada o autónomos que hayan visto reducirse sus ingresos y cuyos ingresos no lleguen al límite de tres veces el Iprem, 1.635,8 euros (incrementado por hijos y personas dependientes a cargo).

La distinción entre pequeños y grandes propietarios ha permitido finalmente llegar a un acuerdo sobre las medidas para afrontar la crisis del coronavirus en el mercado del alquiler, que enfrentaba al equipo de la vicepresidenta Nadia Calviño y el vicepresidente Pablo Iglesias que han comparecido en la rueda de prensa junto con la ministra portavoz, María Jesús Montero. La propuesta final, señalan medios del Gobierno, toma en consideración que el 85% de los propietarios tienen una o dos viviendas en alquiler y que con sus rentas pueden estar complementando otros ingresos como pensiones o rentas laborales que también se hayan visto afectadas por el impacto de esta crisis.

Se destinan 700 millones a cubrir los impagos, de rentas de hasta 900 euro/mes

Los grandes tenedores de vivienda “han de arrimar el hombro y van a asumir como es normal un esfuerzo como todo el mundo” señaló Pablo Iglesias . Estos grandes propietarios (dueños aproximadamente del 5% de las viviendas en España) o realizan una quita del 50% o bien aceptan una reestructuración de la deuda en 3 años. Y en cualquier caso sus inquilino también pueden acogerse a las líneas de ayuda públicas.

Las ayudas se vehicularán a través de microcréditos que dará el Estado a tipo 0 de interés, a devolver en 6 años ampliable a 10. Si después de la crisis se mantiene la vulnerabilidad, el Estado pagará el alquiler (la deuda que haya asumido el inquilino), con un límite de hasta 900 euros al mes y 200 euros mensuales de suministros, comunidad, mantenimiento, etc.

La moratoria en el pago de hipotecas se extiende a los locales y oficinas de los autónomos

El ejecutivo explicó que se han simplificado los criterios de vulnerabilidad para que no den lugar a interpretaciones que limiten derechos, tal y como reclamaban las organizaciones de consumidores, que denunciaron que las entidades financieras rechazaban las moratorias de las hipotecas.

Entre las medidas recogidas ayer, se amplía la moratoria en el pago de hipotecas también para locales y oficinas de autónomos.

Fuentes del Ministerio de Transportes que dirige José Luis Ábalos estiman que se movilizarán unos 700 millones de euros. Todos los microcréditos los gestionarán las entidades financieras a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para que lleguen a los hogares afectados.

La primera víctima que perdió la vida es una mujer joven, indicó el portavoz de la policía, Mark Saunders, en conferencia de prensa, precisando además que una niña estaba en “estado crítico”.

La Policía de Toronto dijo que una de las personas heridas en el tiroteo falleció hoy debido a la gravedad de las lesiones y que el autor del tiroteo, que también murió en el incidente, es un individuo de 29 años de edad.

Las autoridades no identificaron ni a las víctimas ni al presunto autor del tiroteo, aunque se sabe que una de las personas fallecidas es una mujer y que entre los heridos más graves había una niña de ocho o nueve años.

Los vecinos del barrio contaron que escucharon una serie de disparos seguidos de gritos de personas que salían corriendo. “Hubo muchos disparos, luego una pausa, luego más tiros y de nuevo una pausa. Deben haber habido unos 20 o 30 disparos y nos echamos a correr”, declaró un testigo, John Tulloch, citado por el diario Globe and Mail.

Un video publicado en internet, que luego fue suprimido, mostraba a un hombre vestido de negro acercándose a un restaurante y disparando contra el cristal, según informó Radio Canada.

Un testigo, Andreas Mantzios, declaró al Global News que el atacante descargó su arma sobre una joven que huía y luego continuó disparándole mientras su cuerpo estaba en el suelo.

Han pasado casi dos semanas del asesinato del candidato Fernando Purón en Piedras Negras. Purón contendía por un asiento en el Congreso federal por el distrito norte del Estado de Coahuila, que abarca Piedras Negras y otros seis municipios. El viernes 8 de junio, a la salida del debate con el resto de candidatos, un hombre se le acercó por detrás y le pegó un tiro en la nuca. Murió en el acto.

El ataque se produjo a pocos metros de la entrada de la facultad de contaduría. No en un camino de tierra, a las afueras de cualquier poblacho; ni en un bar de mala muerte, rodeado de circunstancias extrañas. Ocurrió nada más salir del debate, celebrado en el auditorio de la facultad. Lo mataron mientras hablaba con un grupo de seguidores, a tres metros, literalmente, de la delegación de la fiscalía federal, a 50 del palacio de Gobierno.

Como ha sucedido con el resto de políticos asesinados a lo largo del proceso electoral, que inició en septiembre, su asesinato provocó todo tipo de reacciones y condenas. Principalmente por parte de sus compañeros de partido, el PRI, pero también del resto. Pausada el fin de semana, la campaña electoral continuó como si nada el lunes, con el nombramiento del sustituto de Purón y la vuelta al trabajo de los otros dos candidatos, Evaristo Lenin Pérez y Claudia Andrade. En los días siguientes mataron a otros tres candidatos en el Estado de Michoacán. La campaña siguió igualmente.

De septiembre a la fecha, 46 candidatos o precandidatos han sido asesinados en México, de acuerdo a cifras de la consultora Etellekt. Desde hace unos meses, atendiendo a la inédita situación de violencia electoral, Etellekt emite informes cada pocas semanas, actualizando los datos. En el último, que se publica este lunes, la consultora compara el actual proceso electoral con el de 2011-2012, fecha de la última elección presidencial. Igual que este año, la contienda coincidía entonces con elecciones a alcaldías, parlamentos, etcétera. Comparado aquel proceso con este, la diferencia es abismal. Si en estos meses México cuenta 46 asesinatos, en el proceso anterior fue solo uno. El aumento es del 4500%. De tomar en cuenta los asesinatos de políticos en general -regidores, alcaldes, exalcaldes-, el resultado es de 122 en el actual proceso por nueve del anterior.

En estos meses de campaña, los candidatos a la presidencia han evitado detallar sus propuestas en materia de seguridad. Y desde luego ninguno ha planteado un cambio de enfoque, apartado de la lógica policial de los últimos dos gobiernos. Solo Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, propuso hace meses promover una amnistía para algunos de los presos de estos años. Ante las críticas, López Obrador no ha vuelto a hablar del tema.

La violencia no afecta solo a los candidatos. La denuncia a lo largo del mandato del presidente Enrique Peña Nieto ha sido que el crimen se ha expandido, que ha copado poco a poco espacios antaño impensables. Resulta difícil hablar siquiera del narco como del único actor responsable. El caso de la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala en 2014 ilustra perfectamente lo anterior. No fue el narco, fue un complejo entramado de delincuentes y policías de diferentes niveles y quizá otros actores. A día de hoy, lo único que se sabe es que las investigaciones de la fiscalía están plagadas de errores, realidad transversal a la impartición de justicia en el país. En México, el nivel de impunidad es superior al 99%, según el informe anual que elabora la Universidad de las Américas, con sede en Puebla.

Más indicadores. México cerró 2017 como el año más violento de su historia reciente, con un tasa de más de 20 homicidios por cada 100.000 habitantes, superior a la media de la región, mayor al pico que había alcanzado en 2011. Además del gremio de los políticos, uno de los más afectados ha sido el de los periodistas. 2016 y 2017 acabaron con 11 y 12 profesionales asesinados respectivamente, más que en cualquier año del Gobierno de Felipe Calderón. En 2018 ya son cuatro. En todo este tiempo, fiscales e investigadores del ámbito local y federal han recibido críticas por apuntar motivos, posibles móviles, en casos de homicidio que acababan de ocurrir. O en casos en que las pesquisas resultaban incompletas o directamente defectuosas.

De acuerdo a expertos consultados por EL PAÍS, la situación de los candidatos, los asesinatos y la prácticamente nula respuesta a los ataques, ilustra la situación que vive el país entero. El sociólogo Andreas Schedler toma de punto partida la “negación” ante la violencia, actitud que permite que las cosas sigan como están. “En general, no sabemos quién mata a quién o por qué, pero pensamos que lo sabemos: ‘fue el narco, fue un ajuste de cuentas’. Ahora, con la violencia política contra candidatos, se mantiene la opacidad de los hechos. Seguimos, generalmente, sin saber quién mata a quién y por qué. Pero además, se nos destruye nuestra claridad imaginaria”.

Matan a un candidato y la gente busca una explicación bajo la lógica de la guerra de las drogas: lo mataron por esto, lo mataron por esto otro, normalizando, racionalizando una realidad inmanejable, el asesinato de casi medio centenar de candidatos a representantes públicos.

En el caso de Purón y de otros candidatos asesinados, la respuesta se parece a la que daba la estudiante Anahí hace unos días en la facultad de contaduría en Piedras Negras: “Mucha gente decía que lo iban a matar”. O como explicaba su contrincante, el candidato Lenin Pérez: “Su mensaje público fue siempre un reto. Festejaba la muerte de los delincuentes: me da mucho gusto, eso se merecen porque eran malandros”. De ahí que la sociedad en Piedras Negras asumiera perfectamente su asesinato. No lo aprueba, pero lo comprende.

Alejandro Madrazo, académico experto en la guerra de las drogas y las narrativas que la envuelven, dice: “Descargamos la muerte como algo ajeno y esos mecanismos -‘en algo andaba el que mataron’- ya no necesitan pasar por la razón. Si preguntas por un caso específico, la gente dirá ‘sí, estaba en eso’. O no. Pero no importa lo que pienses en el caso específico, porque la cultura general ya tienda a explicar la muerte como algo ajeno, algo que no le puede pasar a uno”.

Lenin Pérez cuenta que supo del ataque contra Purón apenas diez minutos después de salir del debate. Ese fin de semana suspendieron la campaña y la reanudaron el martes. El único cambio, tres guardaespaldas que ahora le acompañan a todas partes.

“Me da la sensación”, decía Lenin esta semana en Piedras Negras, “de que los mexicanos empezamos a sentir que esto es normal. Pero no es posible que nos estemos acostumbrando a este nivel de violencia. Me tiene sorprendido que continúe y que los partidos no hayan reaccionado. Tampoco desde la sociedad. Todos asumimos que así es. Este país lleva diez años de guerra, una guerra que no funciona.

FUENTE: EL PAÍS

La policía del “Land” de Renania del Norte-Westfalia no ha confirmado las cifras, pero sí que hay “muertos y heridos” en la zona y ha pedido que se evite el centro de la ciudad. El conductor se ha suicidado de un tiro dentro de la furgoneta, según dijo una fuente policial a la agencia AFP, mientras que agentes inspeccionan el vehículo buscando posibles explosivos.

Investigaciones
Imágenes difundidas por la televisión alemana muestran varios vehículos policiales y de bomberos aparcados en el centro de la ciudad, de más de 300 mil habitantes, cuyo centro es frecuentado por numerosos ciclistas. Policías, algunos fuertemente armados, estaban apostados en las calles, según imágenes de la cadena n-tv.

“Hay muertos y heridos. Por favor eviten el lugar”, señaló la policía a través de su cuenta de Twitter, donde pidió a los vecinos y visitantes que no se acercaran al centro de la ciudad. La prensa alemana, que también cita la versión del suicidio, califica el incidente como un atentado, versión que las autoridades tampoco ha confirmado.

En una de las primeras reacciones al incidente, el Gobierno alemán expresó su solidaridad con las víctimas. “Terribles noticias de Münster. La policía de Renania del Norte-Westfalia les mantiene informados. Nuestros pensamientos están con las víctimas y sus familiares”, escribió la viceportavoz del Ejecutivo, en Twitter, según cita el diario El País.

(Con información de EFE y AFP)

El poderoso temblor ocurrió a las 23:49 horas locales del jueves (04H49 GMT del viernes) cerca de la localidad de Tonalá (Chiapas), a unos 100 kilómetros de la costa del Pacífico de México, a una profundidad de 19 kilómetros y desató una alerta de tsunami para los estados de la porción central y sur de la costa del Pacífico mexicano. Pero ésta fue levantada poco después.

El terremoto es el “mayor registrado en el país en los últimos 100 años”, afirmó el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, en un mensaje televisivo momentos después del movimiento telúrico.

El pánico se apoderó, de norte a sur, de gran parte de los 120 millones de habitantes del país. Muchos salieron a las calles en pijamas, cargando a sus hijos o a sus mascotas.

Diez personas fallecieron en una zona montañosa del estado de Oaxaca (sur), cuatro más en el vecino Chiapas, en cuya costa fue el epicentro, y dos menores en Tabasco.

Las autoridades advierten que este número puede aumentar en las próximas horas. En Juchitán, también en Oaxaca, “hay casas colapsadas con gente al interior de las mismas”, dijo Luis Felipe, coordinador general de protección civil federal, a la cadena Televisa.

De momento, en los estados del centro del país y en Ciudad de México, una megalópolis con 20 millones de habitantes, no se registraron mayores daños materiales ni se reportaron víctimas.

Las autoridades alertaron además sobre una réplica superior a 7 en las próximas horas.

“Otro más no”

El temblor hizo revivir a muchos la pesadilla del sismo de 8.1 grados del 19 de setiembre de 1985 que devastó a Ciudad de México y dejo unos 10,000 muertos.

“Otro más no, Dios, por favor no”, rezaba de rodillas una mujer de unos 60 años.

En las calles del centro de la capital se escucharon gritos al ver cómo algunos vidrios se reventaban durante el sismo.

“Iba manejando cuando empezó a temblar, ¡se meneaba el coche!”, contó a la AFP Cristian Rodríguez, un conductor de Uber de 28 años que circulaba por el norte de la ciudad.

El temblor también sacudió a la mayor parte de Guatemala, donde no se reportaban hasta la madrugada víctimas o daños. La prensa local guatemalteca informó de cortes de electricidad en algunos poblados del oeste, fronterizo con México.

México se ubica entre cinco placas tectónicas, cuyos movimientos convierten al país en uno de los que registra mayor actividad sísmica en el mundo.

Tras el sismo de 1985, se endurecieron las reglamentaciones en materia de construcción y los planes de protección civil.

Estos son los datos detrás de sucesos como el de este miércoles en Alexandria (Virginia), en que un hombre abrió fuego contra congresistas republicanos que jugaban al béisbol. Hubo cinco heridos, incluido el líder de la bancada conservadora en la Cámara de Representantes, Steve Scalise.

La Campaña Brady lleva el nombre de James Brady, que era el jefe de prensa y portavoz de Ronald Reagan cuando en 1981 él y el presidente recibieron un impacto de bala de un hombre. Reagan se recuperó pero Brady quedó postrado en una silla de ruedas. Se convirtió en un ferviente defensor de un mayor control de armas y logró que el Congreso aprobara en 1993 una ley, bautizada con su nombre, que endureció los requisitos. Desde entonces, se han denegado tres millones de ventas.

El caso de Brady ilustra cómo el impacto de tiroteos es el único factor que desencadena reformas significativas en el acceso a pistolas y rifles en EE UU. La clave, sin embargo, es que solo ocurre con determinados tiroteos. La cultura de las armas, cuyo uso queda amparado por la Constitución, la presión de votantes y del lobby de los fabricantes lastra los intentos de reforma en el Capitolio. El último cambio legal significativo en todo el país es de 2007, cuando se amplió la prohibición de venta a personas con trastornos y delincuentes. Las mayores iniciativas en los últimos años las han impulsado los Estados.

En 2011 ya resultó herida por disparos una congresista, la demócrata Gabrielle Giffords. Desde entonces, sufre una discapacidad mental y encabeza una cruzada a favor de un mayor control a las armas, pero su caso no logró propiciar el consenso necesario entre los legisladores.

Tampoco lo propició la muerte en 2012 de 20 niños y 6 adultos en una escuela de Connecticut. Tras la matanza, el presidente Barack Obama propuso extender el control de antecedentes, prohibir los rifles de asalto y limitar el número de balas. No logró los votos suficientes en el Congreso. El día en que la votación fracasó, Obama leyó un comunicado en la Casa Blanca. A su lado estaba Giffords.

Es una incógnita el impacto que puede tener el tiroteo a Scalise en el Partido Republicano que en los últimos años se ha opuesto a endurecer los controles de venta. El derecho a portar armas es un principio sacrosanto para los conservadores. Y tras cada matanza, han defendido que haya más personas armadas para defenderse, no lo contrario.

A falta de esclarecerse los hechos, algunas informaciones apuntan a que el tirador de Alexandria utilizó un rifle semiautomático de estilo militar. Ese tipo de fusil fue el que empleó en junio de 2016 un simpatizante yihadista que mató a 49 personas en una discoteca de Orlando, en el peor tiroteo de la historia de EE UU. Entonces, resurgió el debate político sobre la prohibición a la venta de esos rifles, que se levantó en 2004. Un año después, nada ha cambiado.