• Expertos destacan la importancia de soluciones sostenibles de saneamiento en entornos rurales y los desafíos al acceso de servicios básicos.

La urbanización en los países de América Latina y El Caribe avanza rápidamente, pero la población rural sigue siendo una parte importante de nuestra sociedad. Se estima que para el año 2030, algunos países de la región tendrán una población rural superior al 30%. Sin embargo, es evidente que las comunidades que carecen de servicios regulados de agua y saneamiento enfrentan mayores niveles de pobreza. El acceso a servicios básicos se vuelve más desafiante a medida que aumenta la dispersión de la población rural.

En este contexto, es crucial ayudar a las familias de menores ingresos a mejorar sus vidas mediante la producción y distribución de productos y servicios básicos accesibles y aspiracionales, de manera culturalmente pertinente, ambientalmente sostenible y económicamente rentable. Afortunadamente, gracias a los cambios sociales, dinámicas económicas y políticas públicas, esto es posible.

“Nuestra experiencia en el desarrollo de soluciones sostenibles de saneamiento en entornos rurales dispersoes nos ha permitido evidenciar las ventajas de priorizar los desafíos de la ruralidad, considerando principalmente el impacto en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como la educación, la salud, la equidad de género y el desarrollo económico, entre otros”, asegura Gisela Murrugarra, directora de Water for People Perú.

Las soluciones importantes a promover desde Perú se enfocan en tres iniciativas clave:

1. Incentivo municipal en saneamiento mediante autoconstrucción: Trabajar estrechamente con los municipios para fomentar la participación de las comunidades en la construcción y mantenimiento de sistemas de saneamiento.
2. Puesta en valor de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) a través de emprendimientos e innovaciones tecnológicas: Promover el desarrollo de emprendimientos y la implementación de tecnologías innovadoras para mejorar la gestión de las PTAR y maximizar su impacto en la comunidad.
3. Acceso a saneamiento digno a través de Instituciones Microfinancieras (IMF): Trabajar en colaboración con IMFs para facilitar el acceso a financiamiento y crédito a las familias de bajos ingresos, permitiéndoles acceder a soluciones de saneamiento dignas.

¿Por qué se celebra el Día Mundial del Inodoro?

El Día Mundial del Inodoro/baño se celebra cada año el 19 de noviembre. Esta celebración anual fue establecida por las Naciones Unidas en 2013, pero la primera vez que se celebró fue en 2001 por la World Toilet Organization. El motivo de conmemorar esta fecha es con la intención de acabar con los tabúes acerca de los retretes y convertir el saneamiento en una prioridad de desarrollo mundial

La campaña de Water For People para el Día Mundial del Inodoro/baño 2023 busca generar una reflexión sobre la importancia de encontrar soluciones sostenibles de agua y saneamiento para mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales en América Latina, El Caribe.

Asimismo, volvió a mencionar su propuesta de que se perdone la deuda a los países en contraprestación a acciones para frenar el cambio climático. También hizo un llamado a la paz mundial como forma de que el mundo se concentre en un objetivo en común.

Al inicio de su intervención, el primer mandatario destacó la labor que han hecho los pueblos indígenas por la preservación del planeta. “Los indígenas, su cosmovisión y su deseo permanente de equilibrio con la naturaleza son supremamente certeros y prácticos para el día de hoy, descubrieron antes lo que la ciencia occidental descubrió siglos después”, expresó Petro.

De acuerdo con Petro, tanto los saberes indígenas como la ciencia occidental llegaron a una misma conclusión, aunque por caminos distintos: “si se saca el petróleo, la humanidad perece”.

En este camino, expresó que parte de la estrategia para la preservación del planeta pasa por empoderar a los pueblos indígenas. “Nosotros en Colombia hemos hecho un gran esfuerzo desde el orden legal para fortalecer y empoderar a los pueblos indígenas de Colombia”, agregó.

En esta línea, destacó la riqueza de cultura indígena en Colombia, “son 115 pueblos, lo que no hace uno de los países con más lenguas habladas”, y señaló que “sabemos que el pueblo indígena puede cuidar la tierra mejor que cualquier cultura”.

Petro hizo énfasis en la necesidad de preservar la selva, sobre todo la selva amazónica: “si la selva desaparece, el equilibrio climático se rompe”. Por eso destacó la cumbre que se realizará en Belém do Para (Brasil) entre los países que tiene soberanía sobre la Amazonia. La intención sería fusionar “el deseo indígena de preservación y la realidad política de los que gobiernos que tenemos soberanía en esos territorios.

“Rehabilitar la selva amazónica se vuelve un imperativo”, reiteró el presidente, que anunció que Colombia dispondrá de 150 millones de dólares, “a pesar de nuestras necesidades”, para decirle al mundo que “la selva amazónica se rehabilita y que aportamos en los grandes equilibrios del clima mundial”.

Sin embargo, el presidente comentó que no todo pasa por la preservación de la selva. Para este, a pesar de que se llegase a lograr una reforestación del “último metro cuadrado del continente”, “el problema no tendría solución allí”. Para este, la única forma de frenar el cambio climático, que calificó como “una crisis civilizatoria” , es “dejando de extraer el petróleo, el carbón y el gas”.

Gustavo Petro expresó que los países están desconociendo el “núcleo central del problema” y para ello están usando los varios conflictos armado que hay en el mundo, aunque no hizo referencia directa a la guerra en Ucrania. “La guerra ha dado la opción para escaparse de las soluciones que se necesitan para la crisis climática”.

En esa senda comentó que era poco lógico esperar que “países que se dedican a la guerra”, se dediquen a preservar la vida, tratando de frenar la crisis climática. Bajo esta premisa señaló que los países deben “presionar la paz mundial”.

“La guerra no conlleva vida, solo conlleva muerte. Nos quita el espacio temporal, corto que tenemos, para que la vida pueda ser en el planeta. La guerra solo está ocultando la incapacidad del poder mundial para frenar la crisis climática”, comentó.

“Cada vez más pienso, como Roberto Cobaría, que por aquí perdemos el tiempo” cuestionó el presidente sobre la efectividad de estos foros, pues, en su diagnóstico, la situación pasa por pedirle “al gran capital (…) que deje de acumular” y lve complejo que esto ocurra.

“Dejar de consumir petróleo, carbón y gas es quitar la base de lo que ha sido en siglo y medio la acumulación de la ganancia en el mundo, la acumulación del capital”, expresó el primer mandatario, que aclaró que no pedía acciones en contra de los grandes capitales.

“No es que pregone la revolución en contra del gran capital, que no hubo y no tenemos tiempo de hacer. Lo que pregono es que tomemos medidas pragmáticas, y este foro sí que podría ayudarnos a que las tomemos. La paz es una, y fundamental”.

“La acumulación del capital mercantil ha causado el mayor daño que la especie humana podría recibir”, sentenció el presidente colombiano, por lo que dijo que la estrategia de frenar el cambio climático debe propender por Estados que se fortalezcan y recurran a la planeación de la economía.

“Pasar a convertirnos en economías descarbonizadas, sin petróleo y sin carbón, y, quien sabe, sin acumulación del capital”, dijo Gustavo Petro, que señaló que el camino debe apunta a hacer grandes inversiones del PIB para “planificar las grandes inversiones”, que permitan ir abandonando las economías carbonziadas.

En este punto reiteró su propuesta ante el Fondo Monetario Internacional de perdón de deuda a cambio de acciones a favor de la lucha contra el cambio climático. “Hemos conversado con el Fondo Monetario y le hemos propuesto, y me gustaría que esta propuesta sea llevada por los pueblos indígenas a los gobiernos del mundo: que se cambie la deuda por acción climática”.

El presidente añadió que esto no debe ser algo de millones de dólares o solo un beneficio para los países pobres: “Tiene que ser por billones de dólares y tiene que cobijar a todos los países de la tierra, solo de esa manera los Estados pueden ser fuertes fiscal y financieramente y solo así podrían planificar las acciones concretas para que en una década se puedan adaptar poblaciones para que sigan viviendo a pesar del cambio climático”.

“La transición ya no da espera, el mercado no lo está haciendo”, concluyó el presidente colombiano, cuyo discurso duró algo más de 16 minutos y fue interrumpido varias veces ante el aplauso del salón.

Fuente: El Tiempo.

A ojos de los jueces, “los rohinyá cumplen los requisitos de las minorías consideradas protegidas por la Convención”, y concluyen que “están desprotegidos en Myanmar y corren un peligro real e inminente de ser víctimas de un genocidio”. Como Myanmar está obligada a prevenirlo, “debe adoptar las siguientes medidas: evitar la muerte de los miembros de esta comunidad en su territorio, y que se atente contra su salud mental y física, o se destruyan sus bienes; asegurarse de que el Ejército birmano, fuerzas paramilitares u otras, no conspiran, intentan o cometen genocidio; conservar todas las pruebas que puedan corroborarlo, y presentar dentro de cuatro meses un informe que muestre la aplicación de las medidas en defensa de los rohinyás, que será elevado al TIJ y a Gambia”, ha dicho Abdulqawi Ahmed Yusuf, presidente de la corte.

El TIJ no ha abordado aún el fondo de caso, que puede tardar años en resolverse, de ahí la importancia de estas medidas provisionales, que obligan a Myanmar a detener de inmediato la violencia contra los rohinyás. En particular, en el Estado de Rajine, que limita con Bangladés, y donde se origina el éxodo de la minoría, perseguida por la policía birmana. Según las alegaciones de Gambia, “han sido víctimas de asesinatos en masa, violaciones y otras formas de violencia sexual, así como la quema de sus poblados, a menudo con la gente dentro de la casa en llamas, en una profunda campaña de deshumanización”. Myanmar niega “cualquier intención genocida”, pero el juez Ahmed Yusuf ha afirmado que “todas las partes firmantes de la Convención están obligadas a prevenir el genocidio, y el TIJ tiene jurisdicción para evitar daños irreparables en el seno de la minoría amenazada”. Por otra parte, el informe presentado por una comisión investigadora de la ONU en 2019, y citado luego por la Asamblea General de la organización, “concluye que hubo persecución sistemática y violencia contra los rohinyá, entre 2016 y 2017 e intento genocida”, y por eso, el tribunal opina que los rohinyá “son muy vulnerables” en territorio birmano.

Poco antes de conocerse la decisión judicial, más de un centenar de organizaciones humanitarias y civiles internacionales publicaron un comunicado donde abogaban por “esclarecer la verdad de lo hechos y que se ponga fin a la impunidad de los abusos en ese país (…) en un caso que señala a los responsables de usar el poder político y la fuerza militar, y no contra el pueblo de Myanmar”, según aclaran.

Las medidas dictadas por el Tribunal, que es el principal órgano judicial de la ONU, suponen un duro revés contra el liderazgo de Aung San Suu Kyi, premio Nobel de la Paz en 1991, y consejera de Estado de Myanmar. Ella acudió a La Haya, sede de la corte, el pasado diciembre y rechazó la acusación de genocidio contra los rohinyá diciendo que se trataba “de un conflicto interno de lucha contra el terrorismo” en su país. La política, de 73 años, llegó al poder en 2016 tras un largo periodo de disidencia marcado por su arresto domiciliario. Hoy es la líder de hecho del Gobierno que representa, pese a que el Ejército birmano mantiene un cuarto de los escaños parlamentarios. De ahí que hiciera hincapié “en nuestro derecho a resolver los problemas sin injerencias externas como en cualquier otro lugar”. Si bien admitió que pudieron cometerse crímenes de guerra contra los rohinyás, en unas declaraciones recién publicadas por el rotativo Financial Times, asegura que “los refugiados en Bangladés han exagerado los hechos, y Myanmar sufre las acusaciones sin pruebas de organizaciones humanitarias y de los investigadores de la ONU”.

Myanmar es un país de mayoría budista que considera a los rohinyás como un grupo bengalí originario de la vecina Bangladés, aunque lleven generaciones asentados en suelo birmano. Sus miembros carecen de derecho a la ciudadanía desde 1982, de forma que no tienen Estado, y tampoco derecho a la educación, salud o de movimiento.

Bolivia está al borde de un abismo. El conflicto institucional, las movilizaciones que no cesan y en las que ya han fallecido más de 20 personas, la represión de las Fuerzas Armadas en las protestas, los episodios de vandalismo, las posiciones encontradas del equipo de Áñez y del Movimiento al Socialismo (MAS), que sostuvo al Gobierno de Morales durante casi 14 años, sitúan al país en un callejón sin salida. El acercamiento entre las partes y el diálogo son, sin embargo, la única vía para desbloquear la situación. Con esta premisa, la Iglesia, la ONU y Bruselas unieron esfuerzos tras días de contactos frustrados.

“El diálogo es el camino apropiado para superar las diferencias entre bolivianos, por ello llamamos a acudir a esta convocatoria. Celebrar nuevas elecciones, transparentes y confiables, es el mejor camino para superar las diferencias en forma democrática y pacífica”, señala el comunicado de la Conferencia Episcopal, impulsora de la iniciativa, que convocó este lunes una reunión que estaba prevista para primera hora de la tarde. La convocatoria debe ir acompañada de una renovación del Tribunal Electoral y el Gobierno interino se ha escudado en la posible falta de acuerdo del Parlamento, donde el MAS sigue siendo mayoría absoluta, para evitar fijar esas fechas. No obstante, ese debate aún no se ha abordado a fondo y la sucesora provisional de Morales tampoco ha apuntado, pese a prometerlo, a unos plazos aproximados. La Constitución le da tres meses para tomar una decisión y este lunes el Gobierno no descartó tener que convocar los comicios a través de un decreto, como sugirió el principal rival de Morales en las elecciones de octubre, Carlos Mesa.

El antiguo partido oficialista no apoyó la asunción de Áñez y lleva una semana denunciando un golpe de Estado. Sin embargo, fue el mismo exmandatario, que tras abandonar el país rumbo a México, donde se encuentra asilado, reclamó un apoyo externo para destrabar la crisis. “Pido a organismos internacionales como la ONU, países amigos de Europa e instituciones como la Iglesia Católica (…) acompañarnos en el diálogo para pacificar nuestra querida Bolivia. La violencia atenta contra la vida y la paz social”, escribió en Twitter, donde formula denuncias constantes contra las nuevas autoridades.

Ante la enorme brecha entre los interlocutores, los mediadores solicitaron a los líderes de opinión y los medios de comunicación “bajar el tono de las declaraciones para facilitar el diálogo y entendimiento entre todos”.

Aumento de la tensión
La escalada verbal ha caracterizado no solo a los seguidores de Morales, que rechazan de plano lo sucedido en los últimos días, sino que también ha marcado los primeros pasos del Gobierno interino. Hay ministros que han tomado decisiones políticas de alcance, como la canciller, que rompió relaciones con Venezuela formulando acusaciones de injerencia. Y otros que se han centrado en arremeter contra sus antecesores, a los que consideran responsables de un intento de desestabilización a través de las protestas.

Es el caso de Arturo Murillo, ministro del Gobierno y responsable de la política de seguridad. Al asumir su cargo anunció una “cacería” de rivales y este lunes elevó la tensión al denunciar públicamente los planes de una organización que quiere atentar contra Áñez. “Hemos identificado un grupo criminal que quiere atentar contra la presidenta y, por eso, hoy día hemos tenido que parar su viaje a su tierra natal”, dijo.

Todos hablan de “pacificar”, pero la realidad es que Bolivia sigue sumida en una durísima confrontación social y golpeada a diario por la violencia. Varios organismos internacionales, empezando por Naciones Unidas, han rechazado esos episodios y condenado decisiones como la despenalización de las acciones cometidas por militares contra los manifestantes.

En este contexto, el secretario general de la ONU, António Guterres, encomendó al diplomático Jean Arnault los contactos con todas las partes y ofrecer el respaldo de la organización en la resolución de este conflicto. Este lunes los bolivianos esperaban que la reunión de los principales actores políticos abriera el camino para poder entablar una mesa de negociación tras el más grave conflicto que sufre el país en su pasado reciente.

Esta comisión deberá trabajar durante un año “con miras a asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”. La resolución, la primera de estas características en América Latina, salió adelante con 19 votos a favor, entre ellos el de España, y 21 abstenciones. Siete países, encabezados por China y Cuba, se opusieron a la iniciativa. La medida fue adoptada en Ginebra a raíz de una propuesta formulada por el Grupo de Lima, integrado por una docena de Gobiernos americanos.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU insta, además, “a las autoridades venezolanas a que cooperen plenamente con la misión de determinación de los hechos, le brinden acceso inmediato, completo y sin trabas a todo el territorio del país, así como a las víctimas y lugares de detención y le faciliten toda la información necesaria para el desempeño de su mandato”. En definitiva, se trata de un pronunciamiento que busca allanar el camino a las investigaciones independientes de lo que ocurre en Venezuela. El país lacerado por una profunda crisis social y política, se encuentra sumergido en un impasse institucional desde que el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, lanzara el pasado enero un desafío a Maduro tratando de forzar su renuncia, la apertura de una etapa de transición y la convocatoria de elecciones libres.

Naciones Unidas exige que el Gobierno colabore con el sistema de derechos humanos de la organización y que coopere con la alta comisionada, Michelle Bachelet. El informe de su oficina, publicado en julio tras su visita a Caracas, denunció graves violaciones de derechos económicos, civiles y políticos y puso negro sobre blanco unas cifras demoledoras de muertos atribuidos a los abusos de las fuerzas de seguridad: casi 5.300 solo el año pasado. El régimen refutó el dossier, pero el pasado martes accedió a firmar un memorando de entendimiento con la alta comisionada que abre la puerta a la apertura de una delegación en Caracas.

Esta nueva resolución, que aumenta la presión internacional sobre el chavismo, fue recibida por la oposición como una victoria. Sin embargo, queda por ver su recorrido, ya que cabe esperar que Maduro oponga resistencia. Su Gobierno destacó más bien otro pronunciamiento del Consejo de Derechos Humanos, que el jueves expresó su preocupación por las sanciones impuestas por las principales instancias internacionales, con Washington a la cabeza. Estas “medidas coercitivas extraterritoriales unilaterales han agravado todavía más los efectos de la crisis económica y, en consecuencia, la situación humanitaria del pueblo venezolano”, mantuvo. La ONU defiende una salida “pacífica, democrática y constitucional” a la crisis y rechaza la “injerencia militar, de fuerzas de seguridad o de servicios de inteligencia extranjeros”.

Estos cuatro casos se presentan hoy en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en un litigio único que ilustra uno de los más dolorosos estigmas de América Latina, la única región del mundo donde aumenta la violencia sexual contra las niñas.

La demanda en contra de los Estados en los que se registraron las violaciones —Guatemala, Ecuador y Nicaragua— la llevan Ginebra Planned Parenthood Global, una organización por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, otras seis asociaciones de la región y el Centro de Derechos Reproductivos estadounidense. La acción pretende impulsar una reforma legal. Los derechos que el comité de la ONU declare violados crearán estándares para todos los Estados que han ratificado el pacto de derechos civiles y políticos. Se prevé que se soliciten medidas generales para cambiar la situación legal en el territorio. “Esto se puede traducir en una despenalización del aborto en Nicaragua o protocolos de implementación en Guatemala”, señala Catalina Martínez, directora regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos.

“Los Estados tendrán que cumplir los estándares que dicte el comité”, explica también Ximena Casas, de Planed Parenthood Global.

Los funcionarios de Naciones Unidas escucharán a las víctimas de Ecuador y Guatemala. La ecuatoriana Norma (nombre ficticio) fue violada a los 12 años por su padre. Sus hermanas y primas también fueron violentadas por su padre, padrastros y tíos. Hoy cuida de su hijo en una casa de acogida donde recibe atención psicológica. En Ecuador, siete niñas menores de 14 años resultan embarazadas al día por la violencia sexual.

Fátima, originaria de Guatemala, tiene 21 años. Hace nueve fue violada por un hombre cercano a su familia que era empleado de la Secretaría de Bienestar Social. Ocurrió en una guardería gubernamental donde la ingresó su madre al morir el padre. Allí estuvo con su hermana y ambas fueron víctimas de aquel hombre. Casi una década después, el violador y padre del hijo de Fátima no ha sido llevado a la justicia. “Si el Estado no lo detiene es porque no quiere”, asegura Paula Barrios, de Mujeres Transformando el Mundo, una de las organizaciones que va a Ginebra.

América Latina tiene la segunda tasa más alta de embarazos adolescentes tras África. Pero es la única región donde aumenta la violencia sexual contra ellas. Faltan medidas en materia de derechos sexuales y reproductivos y está prohibido al acceso a la pastilla del día después.

Planned Parenthood calcula que en la zona se supera el millón de niñas que sufren violencia sexual cada año. La organización documentó en 2015 más de 214 casos en los que detallaron el impacto mental y social entre las víctimas, ahogadas por la depresión, la angustia y los pensamientos suicidas. El suicidio es la segunda causa de muerte entre los adolescentes. En Guatemala, por ejemplo, el embarazo adolescente es la primera causa de abandono escolar.

Las activistas de la organización han encontrado un patrón en el que se desenvuelven estos comportamientos criminales. “En estos países, el Estado falla dos veces. No protege a las niñas de la violencia sexual y les impone un embarazo producto de un delito en donde ellas no pueden tomar sus decisiones”.

Hay 26 países en el mundo que son muy restrictivos con el aborto (lo penalizan o solo lo permiten para salvar la vida de la madre). Entre los que lo castigan totalmente, seis están en América: Nicaragua, Honduras, El Salvador, Surinam, Haití y República Dominicana. En Nicaragua, ocho de cada diez víctimas de violación tienen menos de 13 años, según Planned Parenthood.

La decisión de presentar los casos ante la ONU pretende impulsar cinco estándares: primero, obligar a una niña violada a continuar el embarazo es cruel, inhumano y degradante. El segundo llama a respetar la autonomía y capacidad de juicio de las niñas. El tercero pide tratar este asunto como discriminación de género, pues muchas de las niñas y mujeres no tienen acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. El cuarto es el derecho a la integridad personal: que las menores que quieran abortar no sean tratadas como criminales, el aborto debe ser materia de servicios de salud y no del código penal. El quinto, y último, es el derecho a la vida: las menores de 14 años tienen cuatro veces más riesgo de morir en el parto.

El caso buscará reparaciones pero, para Ximena Casas, “es una oportunidad única para garantizar que las vulneraciones no vuelvan a ocurrir”, añade.

“Se necesita un consenso sólido sobre el enfoque de los proyectos productivos, el tema de la tierra y una combinación adecuada de reincorporación colectiva e individual”, señaló Arnault ante el Consejo de Seguridad reunido en Nueva York. “El Gobierno [de Iván Duque], las FARC y nosotros mismos compartimos algunas de las lecciones aprendidas el año pasado. Entre ellas se encuentran la necesidad de conectar la reincorporación de manera mucho más directa con el desarrollo local, de empoderar a las autoridades locales, y de establecer vínculos más sistemáticos con el sector privado, las universidades y otros actores que están dispuestos y sean capaces de ayudar a la reincorporación a largo plazo”.

La transición de los antiguos miembros de las FARC a la vida civil es un proceso que involucra a cerca de 13.000 personas. La ONU también considera un asunto de “gran preocupación” el hecho de que siga prevaleciendo entre ellos un “sentimiento de inseguridad jurídica”. “Esa sensación de incertidumbre ha permanecido en el proceso de reincorporación en los últimos dos años, debido a la controversia en torno al acuerdo de paz y a los prolongados debates políticos, legales y constitucionales sobre el establecimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Si bien el fallo del mes de agosto de la Corte Constitucional ha confirmado las competencias de la Jurisdicción, persisten los cuestionamientos sobre su papel por parte de algunos sectores”, manifestó el representante especial de Naciones Unidas, que especificó que, en cualquier caso, no se trata de un problema que afecta solo a Colombia.

La petición que formuló sin matices está relacionada, en cambio, el goteo incesante de asesinatos de líderes sociales. Uno de los últimos se registró el pasado fin de semana en el departamento del Cauca (oeste). La víctima era el coordinador de un programa de sustitución de cultivos de coca, que fue asesinado con sus dos hijos. “El hecho”, incidió, “demuestra el descaro de los asesinos y la necesidad apremiante de movilizar a las instituciones estatales para la prevención y el enjuiciamiento de estos crímenes”. La misión de verificación espera, por tanto, “con gran interés” el plan de acción que prepara el Gobierno de Duque, que en agosto suscribió el Pacto Nacional por la Vida y la Protección de Líderes Sociales.

Naciones Unidas señaló que tiene “una visión positiva” de la participación política del partido nacido de la guerrilla, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. “Ocho de los diez representantes de la FARC a los cuales se les otorgó un escaño en las dos cámaras del Congreso han asumido sus responsabilidades y están contribuyendo a los debates y a las actividades legislativas de estos organismos”. La organización también considera “efectiva” la seguridad de los espacios territoriales donde están concentrados aproximadamente la mitad de los excombatientes. No obstante, ve “imperativo” fortalecer las medidas de protección fuera de esas zonas, donde desde el desarme han sido asesinados 74 militantes de la FARC.