De ocurrir esto, la salida de Petro del Palacio del Liévano estaría o en manos del presidente Juan Manuel Santos, quien ha insistido en que no tomará partido, o en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

De cumplirse este escenario, las elecciones para la revocatoria no tendrían lugar. En este punto, cabe recordar que se trata de una decisión que, jurídicamente, Santos está obligado a acatar pues al momento de posesionarse, juró cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Es decir, jurídicamente, es casi nulo el margen de maniobra que tiene. Por esta razón, los analistas han dicho que la situación más compleja al conocerse el fallo definitivo la tiene Santos a quien Petro le ha insistido, en todo momento, en que sea él quien decida.

“Es importante destacar que Petro ya entendió que el Procurador no se va a echar para atrás, que esta pelea la tiene perdida desde lo legal, lo que él está buscando es ganarse la base social, es decir, el apoyo del pueblo”, explicó Juan Carlos Hernández, investigador del Observatorio de Medios de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana.

Frente al papel de Santos, el académico destacó que efectivamente el mandatario no la tiene fácil y menos en plena campaña de reelección. “Al Presidente solo le queda acatar lo más pronto posible la orden del procurador Ordóñez, es decir, aceptar esa decisión. Algunos analistas sugieren que el Presidente lo que haría es retardar la decisión para esperar qué sucede con la Comisión”.

El constitucionalista Juan Manuel Charry, considera que más allá de lo que se diga, al Presidente no le queda otra alternativa que acatar las decisiones judiciales, y que por lo mismo la incidencia política en su reelección “es muy poca”.

“La incidencia electoral es muy baja, porque jurídicamente no puede hacer nada distinto a respetar la Constitución y la ley, y eso lo sabe todo el mundo”, sostiene Charry a Colprensa.

El politólogo Ancízar Marroquín, del Centro de Altos Estudios para la Administración Pública, agrega que alrededor de Petro se ha venido conformando una especie de respaldo social, inclusive con participación de no petristas, “y eso genera un fenómeno político que no se puede desconocer. El presidente Santos tiene que evaluar muy bien la posición que asumirá frente a este tema”.

El exministro Fernando Cepeda Ulloa enumera otro elemento de juicio: lo que define como “el post Petro”. “Jurídicamente, el presidente Santos no tiene más alternativa que cumplir las decisiones judiciales, bien de la Procuraduría o bien de la Cidh. Lo que lo puede afectar políticamente son las decisiones que pueda tomar después”, dice a la agencia de noticias.

“Santos tiene que decidir si avala la decisión del Procurador o no”.
GUSTAVO PETRO
Alcalde de Bogotá

“El Presidente tiene que decirle al país de qué lado está”.
GUSTAVO PETRO
Alcalde de Bogotá

“Tanto el Procurador como el Alcalde saben que no voy a tomar partido a favor de ninguno de los dos. Tomo partido a favor de las leyes”.
JUAN MANUEL SANTOS
Presidente de Colombia

Informacion Elcolombiano.com

La Fiscalía señaló que en relación con la inspección a la Procuraduría “fue una diligencia en la que la Fiscalía fue a pedir un documento. Fue muy breve”.
Así mismo, dijo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene “todo el poder para ordenarle a Colombia que haga reformas constitucionales y que ajuste nuestro texto constitucional a los principios y valores del sistema interamericano de derechos humanos”.
El jefe del ente acusador criticó duramente la reciente actuación del jefe del Ministerio Público al destituir al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. De hecho calificó de “inquisitivo” el actual modelo de investigación de la Procuraduría. “En materia disciplinaria seguimos anclados en modelos absolutamente medievales, en modelos absolutamente inquisitivos, en modelos absolutamente secretos, modelos que ya están absolutamente superados”, dijo el Fiscal.
Montealegre agregó: “No puede ser posible que el derecho administrativo sancionador, el derecho disciplinario, el mismo funcionario abra la investigación, hace la apertura, formula el pliego de cargos, realiza la audiencia, dicta la sentencia primera y la misma institución falla en segunda instancia”. Dijo que el diseño de la Procuraduría “es un monopolio oprobioso y carente de garantías”.
“Se quedó anacrónico el diseño constitucional de la Procuraduría frente a los desarrollos que el país ha tenido frente a la Constitución del 91″, añadió el Fiscal. “Me parece que el país debe reflexionar profundamente y abrirse a un debate, en eso estoy de acuerdo con el Ministro de Justicia. Es de los pocos casos en los que estoy de acuerdo con el señor Ministro de Justicia, de que hay que reabrir un debate sobre la competencia del Procurador General de la Nación para destituir funcionarios que tienen origen popular”, agregó Montealegre.
“Creo que es altamente antidemocrático que un funcionario elegido popularmente, un senador de la República, un alcalde sea destituido a través de un proceso que no es garantista, mediante un funcionario que no tiene naturaleza judicial”, puntualizó el Fiscal.
El lunes pasado, la Procuraduría General destituyó e inhabilitó por 15 años al alcalde de Bogotá por improvisar en el esquema de aseo que intentó implementar el pasado 18 de diciembre del 2012 y que sumió en un caos a la capital de la República.

‘Fiscalía sí puede investigar al Procurador’
Por su parte, a la salida del foro sobre la reforma de la justicia, en la puerta del Salón Elíptico del Capitolio, el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, se refirió a la decisión del fiscal General, Eduardo Montealegre, de realizar una “inspección judicial” en la Procuraduría, tras el fallo de esa entidad que destituyó al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.
“El señor Fiscal tiene competencia constitucional para investigar al Procurador y si es dentro de ese ámbito que el señor Fiscal lo hace pues el Gobierno no puede emitir juicios de valor”, afirmó Gómez Méndez.
El Ministro, quien también se desempeñó como jefe del ente investigador, agregó que el Gobierno “respeta” la decisión de Montealgre “como hubiese respetado” una decisión “de otro órgano judicial. En Colombia la Fiscalía hace parte del poder judicial y no del Ejecutivo”.
“Hay que recordar que el Fiscal es el investigador penal del Procurador. Eso ha ocurrido en el pasado cuando hubo procuradores que fueron investigados por la Fiscalía”, dijo.
Gómez Méndez recordó el caso del fiscal Alfonso Valdivieso, quien, dijo el Ministro, “si mal no recuerdo procesó a un Procurador y luego lo acusó ante la Corte Suprema. Está dentro del ámbito de las competencias. Ya si eso tiene fundamento o no, eso no le corresponde valorarlo al Gobierno”.
Negó que las recientes decisiones de los órganos judiciales signifiquen un “choque de trenes” y dijo que los trenes “van de otra manera”.

Informacion EL tiempo.com