AFP

El presidente de Brasil, Michel Temer, ordenó que las fuerzas armadas dirijan la lucha contra el crimen organizado en el estado de Río de Janeiro, para evitar que esa “metástasis” se siga propagando por todo el país.

La intervención federal en el área de seguridad de Río es una medida inédita desde la restauración de la democracia en 1985, pero que, según Temer, se justifica por el descontrol imperante en el segundo estado más rico de la mayor economía latinoamericana.

“El crimen organizado casi tomó el control” de Río y se ha convertido en “una metástasis que se propaga por el país y amenaza la tranquilidad de nuestro pueblo”, advirtió el mandatario tras firmar el decreto en Brasilia.

La medida, que regirá hasta fines de diciembre, cuando concluya su presidencia, supone que las fuerzas armadas asuman el control total de las operaciones de seguridad y comanden a los distintos cuerpos policiales y el sistema carcelario.

Tiene efecto inmediato, aunque el Congreso deberá ratificarla en un plazo de diez días.

El interventor al mando de todas las tropas será el general Walter Souza Braga Neto, actual comandante de la región militar del Este, que se había ilustrado como coordinador de operaciones durante los Juegos Olímpicos del 2016.

La grave situación de violencia en Brasil se vio agravada en Río por la virtual bancarrota del estado, que paga con meses de atraso los salarios de sus funcionarios, policías incluidos.

Balas perdidas

Solo en el 2017 hubo más de 18 homicidios intencionales por día en ese estado, según el oficial Instituto de Seguridad Pública.

Los tiroteos entre traficantes y agentes se volvieron constantes en las empobrecidas favelas cariocas, con muertos por balas perdidas aumentando cotidianamente.

“No podemos aceptar pasivamente la muerte de inocentes. Es intolerable estar enterrando padres y madres de familia, trabajadores, policías, jóvenes y niños y viendo barrios enteros sitiados, escuelas bajo la mira de fusiles y avenidas transformadas en trincheras”, proclamó Temer.

Desborde

El desencadenante de la intervención de Río de Janeiro fueron los desbordes del reciente carnaval, durante el cual se multiplicaron los asaltos a mano armada y las agresiones.

El propio gobernador de Río, Luiz Fernando Pezao, admitió que las cosas se le habían ido de las manos. “No estábamos preparados”, declaró.

Collor de Mello y Rousseff acabaron destituidos pero en su caso se trató de procesos políticos, no de una actuación de la justicia con una denuncia formal que imputa al presidente un delito común, el cobro de sobornos. No es lo único en lo que Temer ha conseguido empeorar las marcas de los dos mandatorios depuestos por la vía del impeachment. Ni Collor ni Rousseff habían llegado a cosechar un índice de popularidad tan raquítico como el del actual presidente, apenas el 7%, según una encuesta de la mayor empresa de sondeos del país, Datafolha, publicada el pasado domingo. En su peor momento, Rousseff tenía un 13% de aprobación. Y su entonces vicepresidente Temer llegó a proclamar en público que alguien con tan escaso apoyo popular no podía mantenerse en el cargo.

Año y medio después, Temer ha optado por atrincherarse pese a la ferocidad de la tormenta. Este lunes, cuando ya todo el mundo esperaba que Janot concretase su denuncia, Temer afirmó en una ceremonia en el palacio presidencial de Planalto: “Nada nos destruirá. Ni a mí ni a nuestros ministros”. Ocho de esos ministros están también siendo investigados por corrupción.Y casi no hay día en que no aparezca una noticia bochornosa para el Gobierno, incluso con tintes entre inauditos y rocambolescos: la última, revelada este lunes por el Ejército del Aire, es que un helicóptero interceptado con 500 kilos de cocaína había despegado de una finca de la empresa familiar del ministro de Agricultura, Blairo Maggi.

La denuncia contra el presidente viene acompañada de demoledores informes del propio fiscal y de la policía federal. Janot acusa a Temer de corrupción pasiva porque, basándose en la confesión pactada del dueño del conglomeradoro cárnico JBS, Joesley Batista, y en las posteriores comprobaciones policiales, concluye que el presidente pactó con el empresario el cobro de sobornos a cambio de favores del Gobierno. Y todo eso, el pasado marzo, cuando el país asistía atónito a otra confesión, la de los directivos de la constructora Odebrecht, que detallaron una gigantesca red que había corrompido a lo más granado de la clase política del país. La prueba principal para la fiscalía es el caso del ya famoso “diputado de la maleta”, Rodrigo Rocha Loures, asesor especial del presidente. Temer había señalado a Batista que Rocha Loures sería su contacto para negociar beneficios del Gobierno, como atestigua una conversación entre ambos grabada por el empresario en la residencia oficial del mandatario. Poco después, la policía filmó al asesor de Temer recibiendo de un ejecutivo de JBS una maleta con 500.000 reales (unos 150.000 dólares). En un intento desesperado por frenar la investigación, el presidente intentó que la grabación de Batista fuese descartada alegando que había sido manipulada. Pero el peritaje policial acreditó su veracidad.

El ex ministro de Hacienda de los Gobiernos del PT y hombre fuerte de los Gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff, Antônio Palocci, ha sido condenado este lunes a más de doce años de prisión por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero. En este proceso (el ex ministro petista tiene otros pendientes) estaba acusado de haber favorecido a la constructora Odebrecht en contratos con Sete Brasil y para un astillero destinado a la construcción de sondas de perforación marítima. En la sentencia, el juez Sérgio Moro, responsable de los procesos que tienen que ver con el caso Lava Jato en Curitiba, afirma que Palocci movió más de 10 millones de de dólares en sobornos, valiéndose de cuentas en el exterior. Esta es la primera condena de Palocci por el esquema de corrupción de Petrobras, lo que acrecienta las expectativas para que se concrete su acuerdo de delación premiada que negocia con la Fiscalía desde principios de año.

Esa grabación dará pie al fiscal a presentar en los próximos días al menos otra denuncia contra Temer por obstrucción a la justucia. De algunas partes de la conversación los investigadores deducen que el presidente pudo haber dado su aprobación a pagos del empresario Batista para comprar el silencio de un antiguo aliado político de Temer, el expresidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, uno de los grandes muñidores del impeachment contra Roussef, que cumple condena de cárcel por corrupción. De lo que no cabe ninguna duda es de que en otro momento del diálogo el empresario relata al presidente sus maniobras para comprar jueces y fiscales. La respuesta de Temer -quien suele jactarse a menudo de su brillante carrera como experto en derecho constitucional- es anonadante: “Ótimo, ótimo”. “Temer tenía, como cualquier agente del Estado tiene, por fuerza legal, la obligación de llevar a las autoridades competentes las revelaciones de Batista”, le recuerda la policía en uno de los informes remitidos a la fiscalía. Por el momento, Janot ya solicita para el presidente una multa de 10.000 reales por “daños morales al pueblo brasileño”.

El presidente parece dispuesto ahora a dar la batalla en el terreno que mejor conoce, las sinuosidades de los pactos a media luz que conforman la enmarañada política brasileña. Temer, bregado por años de conspiraciones en los pasillos del Congreso, confía en impedir que dos tercios de los parlamentarios avalen la denuncia. Su mejor argumento será que la amenaza de los procesos judiciales por corrupción se cierne tambén sobre decenas de ellos y que lo más conveniente será una maniobra defensiva general para evitar ser barridos del mapa político, cuando no acabar directamente en la cárcel.