“Somos respetuosos de los entes de control y ellos mismos nos han acompañado en todos los procesos. Vamos a aclarar las dudas que tiene la Procuraduría y recordamos que donde se pide la aclaración es tan solo un punto específico, y no a lo largo de los 20 kilómetros del proyecto. Vamos a hacer las mesas de trabajo respectivas para aclarar que el proyecto esta armonizado”, afirmó la directora del IDU.

El documento presentado por el organismo de control aducía “falta de certidumbre sobre la armonización de los estudios y diseños de la troncal de Transmilenio por la Carrera Séptima, con las obras a ejecutar del plan parcial El Pedregal”, por lo cual podrían presentarse una eventual parálisis del proyecto.

En ese sentido, Mantilla también aclaró que la entidad respeta los organismos de control y acatará la solicitud de suspender de manera preventiva la licitación para construir el Transmilenio por la carrera Séptima, y se permitió aclarar que la solicitud de suspensión de la Procuraduría solamente hace referencia “a un aspecto urbanístico relacionado con las obras (cargas urbanísticas) a cargo de un privado mediante el Plan Parcial El Pedregal”, ubicados en solo uno de los ocho tramos del proyecto, correspondiente a la Carrera Séptima con Calle 100.

Pero no solo porque Jesús Eduardo Díaz, alcalde de Rosas, había hecho una advertencia hace un año sobre los riesgos de derrumbes en esta zona y en otras del área rural de la localidad caucana, sino porque la comunidad de esta región fue afectada en años anteriores por deslizamientos.

Por ejemplo, entre 2010 y 2011, las familias damnificadas por la ola invernal fueron censadas por el Gobierno Nacional y muchas de ellas todavía esperan la vivienda prometida en una obra que, según pobladores de Rosas, quedó a media marcha de construcción y debía estar lista en el segundo semestre del 2018.

Además, la Personería de Rosas sostuvo que no se han cumplido las promesas a otros campesinos damnificados de hace 19 años de construirles nuevas viviendas en la vereda La Violeta, que sería una zona más segura. El caso fue puesto en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación.

El mandatario de Rosas, que lamentó cómo de la tierra, aquella de donde brotan el plátano, el café y la caña para la subsistencia de estos caucanos, eran sacados los 17 cadáveres, declaró la calamidad pública, con miras a recibir recursos del Gobierno para atender esta emergencia, que también deja al menos 13 desaparecidos. Según el capitán del cuerpo de Bomberos de Popayán, Jaime López, se rescataron los cuerpos de tres menores, además de siete mujeres y siete hombres.

En la mañana de este lunes fue rescatado el cuerpo de una menor de edad y otra persona, con lo que la cifra de decesos por este alud llegó a 19.

El campesino Roberto Rojas dijo este domingo que la emergencia en Portachuelo ocurrió a eso de las 3 de mañana. Agregó que escuchó un fuerte ruido proveniente de la montaña y luego se vino la borrasca que arrasó con ocho viviendas. Organismos de socorro buscan en el barro a por lo menos diez personas más desaparecidas.

Otros campesinos de Portachuelo señalaron que tienen miedo de un nuevo derrumbe, pero dijeron que no tienen a dónde ir y no han escuchado alternativas sólidas y posibles del Estado, pues muchas de las familias viven de la agricultura y tendrían que pensar en trasladarse a otra zona de la misma área rural para llevar sus animales.

“El problema viene desde hace años. Por aquí pasa la falla Romeral. Desde el 2010 y 2011, debido a la ola invernal que hubo, hemos venido capacitando a la comunidad con el tema de desalojar. Es muy difícil trasladar 25 viviendas, pero hicimos trabajos para que tomaran conciencia, además de capacitaciones con la comunidad”, dijo el alcalde Díaz.

Según el mandatario local, hace un año también se declaró la calamidad pública por un tema muy parecido en esta misma zona.

En medio de este panorama de dolor y luto en Rosas, de la tierra también surgió la esperanza, cuando miembros de organismos de socorro rescataron a siete personas con vida. Bomberos de Timbío, La Sierra, Santander de Quilichao y Popayán también atendieron la tragedia.

Asimismo, hay clamor de traslado de familias de la zona rural de El Tambo, municipio vecino de Rosas, que temen que la tragedia también se presente en esta zona, pues allí ya se reportaron deslizamientos, aunque sin afectación en las viviendas.

“Difíciles momentos vivimos en este instante. Organismos de socorro han rescatado algunos cuerpos sin vida y se sigue en la búsqueda de personas”, indicó el gobernador del Cauca, Óscar Rodrigo Campo.
El presidente Iván Duque viajó este domingo en la noche a la zona junto al ministro de Vivienda, Jonathan Malagón; la ministra de Transporte, Ángela Orozco, y el equipo de la Unidad de Gestión del Riesgo para atender a esta situación.

“Hemos establecido, desde esta mañana (este domingo), protocolos de asistencia con la Unidad de Gestión del Riesgo (…). Estamos para darles a las familias no solamente apoyo, sino que sientan la presencia del Estado. Colombia hoy está de luto, pero está unida”, precisó.

Bomberos de Timbío, La Sierra, Santander de Quilichao y Popayán también atendieron la tragedia en Rosas con 19 personas, cuatro caninos, una máquina extintora para apoyo en lavado, una ambulancia médicalizada y tres máquinas de rescate.

Funcionarios de la Administración Distrital, con toda clase de documentos jurídicos, técnicos y financieros, le recomendaron a Petro decretar el alza, como es una obligación, pero el entonces alcalde ignoró esas directrices durante cuatro años. Hasta en la última semana sus funcionarios le sugirieron tomar la medida, pero Petro no hizo caso.

Por ignorar y guardarse esos conceptos y teniendo en cuenta el hueco fiscal de TransMilenio, Petro se expone a una nueva investigación por parte del Ministerio Público. Petro en varias oportunidades anunció que la tarifa de transporte público de la ciudad se mantendría tal y como estaba, a pesar de que el gerente del sistema, Sergio París, sugería el incremento basado en un estudio hecho por la Subgerencia económica, que hablaba de la necesidad de incrementar la tarifa.

TransMilenio, en su momento, reconoció problemas financieros y manifestó que este desequilibrio podría implicar una modificación a la tarifa cobrada a los usuarios.

El pasaje de Transmilenio tendrá que subir y podría ser el alza más alta en sus 15 años de funcionamiento: $200. Este monto lo sugirió el gerente del sistema Sergio París. La decisión tendrá que empezar a regir lo antes posible, pues la realidad es que las cuentas del sistema no cuadran y el aumento es inaplazable.

Sergio París pidió un aumento de $200 al alcalde Enrique Peñalosa, teniendo en cuenta las condiciones financieras del sistema. El alza tan alta es necesaria, en gran parte, producto de las decisiones de la administración Petro, como la rebaja que ordenó el alcalde Petro en 2012, cuando dividió las tarifas según horarios ($1.700 en hora pico y $1.400 en horario valle).

Como lo ha contado este diario, evidentemente la intención de rebajarles el pasaje a los ciudadanos era buena, pero la tomó sin tener ninguna fuente financiera para cubrir el hueco que iba a dejar esa rebaja. El impacto no se hizo esperar y hasta julio del año pasado iba en $400 mil millones. Por eso el alcalde tuvo que echarse para atrás y aunque no subió el pasaje, como se lo sugerían los estudios de la subgerencia económica de Transmilenio, sí eliminó las horas valle en este sistema y fijó una tarifa plena de $1.800 en julio pasado.

Será al gabinete Peñalosa al que le quedará la tarea de reorganizar las cuentas de Transmilenio. Expertos en movilidad critican en esta historia es que en los últimos años la tarifa de Transmilenio se haya sometido a los caprichos políticos, más que a los aspectos técnicos, como funcionó en principio. El primero en decidir que no haría un aumento al pasaje del sistema fue Samuel Moreno, y cuando Clara López autorizó un incremento en el último día de 2011, lo ordenó sólo por $50 y no por los $100 previstos. Y aunque las rebajas o las decisiones de no autorizar un alza son presentadas como un “regalo” para los ciudadanos, lo cierto es que el impacto económico les termina costando a todos los ciudadanos, porque al final el Distrito tendrá que buscar recursos para cubrir el déficit que dejará este tipo de medida.