La ruptura de las negociaciones pone “en riesgo inminente” la expansión del Canal de Panamá y hasta 10.000 puestos de trabajo, según un comunicado del consorcio, que subraya que “sin una solución inmediata” las partes se “enfrentarán a años de disputas ante los tribunales sobre los pasos que han llevado el proyecto al borde del fracaso”.

La nota fue enviada por Sacyr a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) después de que expirase anoche el plazo para llegar a un acuerdo que permitiese continuar con los trabajos y a pesar de las declaraciones, el pasado lunes, del presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, en el sentido de que las partes estaban cerca de llegar a “una feliz conclusión”.

Tras conocerse la ruptura de las negociaciones, la cotización de Sacyr, que el martes se disparó un 6,19 %, se dejaba cerca de un 6 % una hora después de la apertura de la bolsa de Madrid.

El consorcio añade en la nota que ha estado haciendo propuestas a la ACP de manera continua y casi diaria, y que el martes mismo mandó la última propuesta para alcanzar un acuerdo y permitir que se complete el proyecto -ya ejecutado al 70- en el menor tiempo posible.

Estas propuestas, agrega, se han acompañado de cartas al administrador de ACP, Jorge Quijano, invitando al organismo “a abandonar su posición injustificadamente rígida”, así como reclamando una factura de 50 millones de dólares “para permitir los pagos a las subcontratistas y a los trabajadores y cubrir así las nóminas”.

El embajador panameño en España, Roberto Eduardo Arango, aseguró el martes en Madrid que el Canal de Panamá y sus administradores “tienen que tener opciones claras sobre la mesa” que pasarían por un “Plan B”.

Aunque no habido respuesta, el consorcio subraya este miércoles en la nota que se sigue buscando “una solución integral” y se invita “de nuevo” a la colaboración para la resolución del conflicto.

Todo ello en medio de los rumores que apuntan a contactos entre las autoridades del Canal de Panamá y la constructora estadounidense Bechtel, que perdió el contrato frente al consorcio liderado por Sacyr.

Las propuestas para buscar una solución pasaban por una aportación de 100 millones de dólares y otro nuevo aporte de 400 millones que se financiarían, mientras que la autoridad del canal desembolsaría otros 100 millones y aprobaría una moratoria de la devolución de 785 millones en pagos anticipados.

Con respecto a los más de 1.625 millones de dólares de sobrecostes, el consorcio reitera que “es una carga de tal magnitud que ningún contratista o empresa privada puede soportarla por sí misma”.

“Un acuerdo entre ACP y GUPC ofrece el único camino para terminar el Canal con prontitud y eficiencia con el menor impacto sobre los trabajadores y sus familias, subcontratistas, proveedores y todos los afectados por el abandono de las negociaciones”, según el comunicado.

La Autoridad del Canal no reconoce esa cifra de costes extraordinarios, que considera “desproporcionada”, y exige que el asunto sea dirimido por las instancias internacionales previstas en el contrato firmado en 2009 sin que haya paralización de por medio.

El proyecto del tercer juego de esclusas debía estar listo en octubre de este año, según el contrato, pero ya en el 2013 el GUPC anunció un retraso hasta junio 2015.

Elpais.