El Rey ha evitado responder a una petición incómoda para España, que es país fundador y firme defensor del tribunal penal internacional. La fiscal de la corte, Fatou Bensouda, aseguró en diciembre pasado disponer de “indicios racionales” de la comisión de crímenes de guerra por ambas partes en Palestina desde junio de 2014 (incluyendo la operación Margen Protector contra Hamás en Gaza, los disparos desde el muro que rodea la franja y los asentamientos ilegales) y anunció la apertura de una investigación. El procedimiento está pendiente de que se delimite su alcance geográfico, pues Israel no se somete a la jurisdicción de la CPI, pero sí Palestina, cuyo territorio reconocido internacionalmente abarca Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza.

Aunque al proceso le queda aún un largo trámite burocrático, Israel teme que concluya con órdenes internacionales de detención que limitarían la capacidad de sus líderes de viajar fuera del país, por lo que ha lanzado una campaña diplomática mundial para frenarlo. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, amenazó esta semana con imponer sanciones a la Corte si prosigue con lo que él considera “un ataque frontal al derecho de una democracia a defenderse y al derecho del pueblo judío a vivir en su tierra ancestral de Israel”.

Rivlin se ha entrevistado con Felipe VI tras reunirse con la presidenta de la Cámara de Representantes de EE UU, Nancy Pelosi, y el presidente italiano, Sergio Mattarella, y antes de recibir al príncipe de Gales, asistentes todos ellos al Vº Foro Mundial del Holocausto que se celebra este jueves en el Museo Yad Vashem de Jerusalén. En presencia de la nueva ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, el presidente israelí ha dicho que sabe que los españoles son “muy amigos de los palestinos” y ha pedido su ayuda para que estos entiendan que el Estado de “Israel es un hecho y el único hogar que tienen los judíos en el mundo”.

El Rey ha reiterado el compromiso de España contra el discurso del odio, la xenofobia y el antisemitismo y ha recordado la aprobación de un marco legal para combatirlo, además de facilitar la recuperación de la nacionalidad por parte de los descendientes de judíos sefardíes expulsados hace más de 500 años. Felipe VI ha justificado la escasez de contactos bilaterales en los últimos años alegando que los dos países han vivido un “contexto político algo complejo”, en alusión a la larga etapa con gobiernos en funciones, pero “ahora empieza un nuevo ciclo”, ha añadido. Israel, sin embargo, aún debe celebrar a primeros de marzo sus terceras elecciones en menos de un año. “Y puede que no sean las últimas”, ha bromeado Rivlin.

FUENTE: EL PAÍS

A ojos de los jueces, “los rohinyá cumplen los requisitos de las minorías consideradas protegidas por la Convención”, y concluyen que “están desprotegidos en Myanmar y corren un peligro real e inminente de ser víctimas de un genocidio”. Como Myanmar está obligada a prevenirlo, “debe adoptar las siguientes medidas: evitar la muerte de los miembros de esta comunidad en su territorio, y que se atente contra su salud mental y física, o se destruyan sus bienes; asegurarse de que el Ejército birmano, fuerzas paramilitares u otras, no conspiran, intentan o cometen genocidio; conservar todas las pruebas que puedan corroborarlo, y presentar dentro de cuatro meses un informe que muestre la aplicación de las medidas en defensa de los rohinyás, que será elevado al TIJ y a Gambia”, ha dicho Abdulqawi Ahmed Yusuf, presidente de la corte.

El TIJ no ha abordado aún el fondo de caso, que puede tardar años en resolverse, de ahí la importancia de estas medidas provisionales, que obligan a Myanmar a detener de inmediato la violencia contra los rohinyás. En particular, en el Estado de Rajine, que limita con Bangladés, y donde se origina el éxodo de la minoría, perseguida por la policía birmana. Según las alegaciones de Gambia, “han sido víctimas de asesinatos en masa, violaciones y otras formas de violencia sexual, así como la quema de sus poblados, a menudo con la gente dentro de la casa en llamas, en una profunda campaña de deshumanización”. Myanmar niega “cualquier intención genocida”, pero el juez Ahmed Yusuf ha afirmado que “todas las partes firmantes de la Convención están obligadas a prevenir el genocidio, y el TIJ tiene jurisdicción para evitar daños irreparables en el seno de la minoría amenazada”. Por otra parte, el informe presentado por una comisión investigadora de la ONU en 2019, y citado luego por la Asamblea General de la organización, “concluye que hubo persecución sistemática y violencia contra los rohinyá, entre 2016 y 2017 e intento genocida”, y por eso, el tribunal opina que los rohinyá “son muy vulnerables” en territorio birmano.

Poco antes de conocerse la decisión judicial, más de un centenar de organizaciones humanitarias y civiles internacionales publicaron un comunicado donde abogaban por “esclarecer la verdad de lo hechos y que se ponga fin a la impunidad de los abusos en ese país (…) en un caso que señala a los responsables de usar el poder político y la fuerza militar, y no contra el pueblo de Myanmar”, según aclaran.

Las medidas dictadas por el Tribunal, que es el principal órgano judicial de la ONU, suponen un duro revés contra el liderazgo de Aung San Suu Kyi, premio Nobel de la Paz en 1991, y consejera de Estado de Myanmar. Ella acudió a La Haya, sede de la corte, el pasado diciembre y rechazó la acusación de genocidio contra los rohinyá diciendo que se trataba “de un conflicto interno de lucha contra el terrorismo” en su país. La política, de 73 años, llegó al poder en 2016 tras un largo periodo de disidencia marcado por su arresto domiciliario. Hoy es la líder de hecho del Gobierno que representa, pese a que el Ejército birmano mantiene un cuarto de los escaños parlamentarios. De ahí que hiciera hincapié “en nuestro derecho a resolver los problemas sin injerencias externas como en cualquier otro lugar”. Si bien admitió que pudieron cometerse crímenes de guerra contra los rohinyás, en unas declaraciones recién publicadas por el rotativo Financial Times, asegura que “los refugiados en Bangladés han exagerado los hechos, y Myanmar sufre las acusaciones sin pruebas de organizaciones humanitarias y de los investigadores de la ONU”.

Myanmar es un país de mayoría budista que considera a los rohinyás como un grupo bengalí originario de la vecina Bangladés, aunque lleven generaciones asentados en suelo birmano. Sus miembros carecen de derecho a la ciudadanía desde 1982, de forma que no tienen Estado, y tampoco derecho a la educación, salud o de movimiento.