Así las cosas, el alto tribunal aplicó el descuento que le permite la ley por allanarse a cargos durante la imputación de cargos, lo que le representa 3 años y medio de prisión. Por los delitos aceptados, Moreno recibió el 50 por ciento de rebaja y podría incluso pedir la excarcelación. Sin embargo, sólo podrá hacerlo cuando llegue de Estados Unidos, ya que allá le espera un proceso de extradición por cinco cargos, todos asociados al lavado de activos.

El envío de Moreno es casi un hecho que tendrá que hacerse efectivo en las próximas semanas. Por el bajo monto de dinero por el que se le acusa -USD 10.000- le espera una sentencia en Norteamérica de máximo tres años y medio si no hay sorpresas en el camino. Y para el cumplimiento de la pena, Estados Unidos le conmuta el tiempo que lleva recluido en La Picota y en el Batallón de Artillería. Sumados son casi 10 meses. En ese tiempo Moreno prendió su ventilador en contra de abogados, congresistas, fiscales y magistrados.

Aunque Moreno cayó por cuenta del anzuelo que el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons y la DEA le tendieron, sin su colaboración no se hubiera destapado el escándalo que sacudió la cúpula de la Justicia y tocó poderes electorales que están comenzando a responder en prisión. Uno de ellos es el senador Musa Besaile, quien al encontrarse acorralado admitió haber pagado a Moreno 2.000 millones de pesos como parte de una extorsión. Ahora, aunque Besaile comenzó a prender su ventilador echando al agua al magistrado Gustavo Malo y brindando información de otros dos extogados es poco probable que esa colaboración le cuente de manera importante, ya que no es considerada un aporte realmente nuevo para la justicia.

Por los delitos cometidos en el tiempo en que se desempeñó como abogado litigante, Moreno negocia una inmunidad con la Justicia; no obstante, aún resta que la Fiscalía destape sus cartas frente a las investigaciones relacionadas con su rol como fiscal anticorrupción.

Por lo pronto, en el mapa de colaboración de Moreno hay 21 nombres. No en todos los casos entregó información sobre acciones delictivas, sin embargo, sus delaciones sí fueron claves para dictar captura en contra del exmagistrado Francisco Ricaurte; proyectar ponencia en contra de Gustavo Malo, y abrir investigación en contra de Leonidas Bustos.

Tras resolver el recurso de apelación la Sala determinó que en el desarrollo del juicio se presentaron suficientes elementos materiales probatorios para  inferir la participación del entonces Alcalde Mayor de Bogotá en la petición de una “tajada” del nueve por ciento a un grupo de contratistas sobre el valor total del contrato para garantizar su entrega.

Moreno Rojas, tras recibir la promesa de pago, direccionó la adjudicación del contrato No. 1229 del 30 de septiembre de 2009, celebrado entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la UT Transporte Ambulatorio Médico de Bogotá, a una de las empresas del contratista Emilio Tapia Aldana –condenado por el ‘carrusel de la contratación’- pese a que no contaba con la capacidad para cumplir. 

Las comisiones le fueron entregadas al senador Iván Moreno Rojas –condenado por la Corte Suprema de Justicia a 14 años de prisión- al secretario de Salud de Bogotá, Héctor Zambrano –condenado a 12 años tras firmar un preacuerdo- para que modificaran el pliego de condiciones y solamente la empresa de Tapia Aldana resultara favorecida en el proceso licitatorio.

Pese a que no tenía la experiencia para el objeto del contrato, y mucho menos la capacidad para el tema de las ambulancias el contrato le fue adjudicado poniendo en grave riesgo la integridad de las personas que en algún momento tuvieran la necesidad de recurrir a este servicio de emergencias. Por estos hechos Moreno Rojas fue hallado responsable por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho propio. 

Igualmente se repartieron dineros a los concejales Hipólito Moreno, Andrés Camacho Casado, Orlando Parada –condenados por el ‘carrusel’ y José Juan Rodríguez –procesado- para que omitieran sus funciones de control político del citado contrato en el Concejo de Bogotá. Cada uno recibió un porcentaje del valor real del contrato por parte del entonces secretario distrital de salud.

Por unanimidad la Sala consideró que las conductas del exmandatario distrital revisten una gravedad por lo que aceptaron la petición de la Fiscalía General y aumentaron la condena de primera instancia que fue de 18 años de prisión. En la lectura del fallo se hizo un fuerte reproche a Moreno Rojas por buscar un beneficio personal a costa del bien de la comunidad.

El exalcalde de Bogotá se encuentra desde septiembre de 2011 privado de su libertad en la Escuela de Carabineros en el centro de Bogotá. Actualmente enfrenta otros dos procesos penales relacionados con las irregularidades en la entrega de los contratos 071 y 072 de 2007 para la reparación de la malla vial en la capital de la República y la cesión del contrato de la fase III de TransMilenio por la calle 26 que estaba en poder del denominado Grupo Nule.