Angulo emitió una alerta tras presentar un censo de víctimas de desplazamiento, en el que se contabilizaron 1.179 familias afectadas, que representan más de 3.300 personas, desde el pasado 20 de diciembre, debido al recrudecimiento de los choques armados.

El pasado 19 de enero, el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, visitó la zona donde dijo haber constatado la emergencia humanitaria producto de la violencia.

La misión liderada por Negret “ingresó hasta la vereda Calabazal, constatando que la mayoría de los hogares se encontraban deshabitados y el río con baja afluencia de embarcaciones locales”, agregó la Alcaldía.

Tumaco, en el departamento de Nariño, es una de las zonas más convulsas del país, donde disidencias de las FARC, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas criminales intentan establecer su dominio para controlar las siembras y producción de coca, el tráfico de drogas y la minería ilegal.

Según un informe de la Misión de Verificación de la ONU sobre la implementación del acuerdo de paz con las FARC, la presencia de grupos armados ilegales en algunas zonas, como Tumaco, “sigue teniendo consecuencias devastadoras, como reclutamientos forzados de menores, homicidios, desplazamientos, confinamientos y ataques y amenazas contra las autoridades y los líderes étnicos”.

En ese sentido, el Consejo de Seguridad de la ONU expresó su “seria preocupación” por los repetidos asesinatos en Colombia de líderes sociales y excombatientes de las FARC y reclamó “acciones efectivas” para mejorar la seguridad.

Según denunció la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al menos 107 defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia durante 2019 y, en tan solo tres semanas del 2020, la cifra es de alrededor de 20 muertos.

En este momento se realizan labores de verificación por el alto grado de descomposición de los restos. La zona estaba minada y en este momento los ministerios de Defensa y Relaciones Exteriores se comunican con Quito para darles la información.

Así lo confirmó el presidente Juan Manuel Santos en su cuenta de Twitter:

Me informan que encontramos unos cadáveres que pueden corresponder a los cuerpos de los 3 periodistas secuestrados y asesinados por alias ‘Guacho’. Estamos verificando su identidad. Reitero mis condolencias a sus familias y repudio por tan atroz crimen.

Altas fuentes dan por confirmado que uno de los cuerpos corresponden a Javier Ortega, el periodista. De igual forma, en la zona hay más cadáveres, uno de ellos correspondería a uno de los jefes de seguridad de ‘Guacho’.

Javier Ortega; Paúl Rivas, fotógrafo, y Efraín Segarra, conductor, fueron secuestrados el pasado 26 de marzo en Mataje, una población de la provincia de Esmeraldas, límites con Nariño.

De acuerdo con el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, la Policía le informó que ya avanza la identificación de cuatro cadáveres en esa zona del país, pero solo hasta mañana terminará el proceso forense en Cali.

Una vez se reúna con las autoridades nacionales y locales, y de analizar el material probatorio que hasta el momento se ha recaudado, la fiscal encargada informará las conclusiones sobre el avance de las investigaciones. Desde el pasado jueves, el organismo investigativo expresó que asumió las investigaciones para esclarecer estos hechos de orden público. 

“El fiscal general dispuso el inmediato traslado del delegado para la seguridad ciudadana de la Fiscalía, Luis González León, hasta el municipio de Tumaco acompañado por un equipo investigador compuesto adicionalmente con 22 expertos del CTI en criminalística, entre quienes se encuentran especialistas en balística, topografía, fotografía y perfil de criminales, que además cuentan con apoyo de drones y cámaras de alta tecnología”, precisó la Fiscalía. 

Hasta el momento, el organismo investigativo ha recibido las declaraciones de 12 personas que resultaron heridas y continúa en recibiendo pruebas que ayuden a esclarecer estos hechos. El pasado sábado, Medicina Legal entregó el primer informe luego de las labores de necropsia e identificación de las víctimas. Allí se establece que los disparos no fueron realizados a corta distancia. 

El informe, por otra parte, señala que el análisis de los médicos, odontólogos, radiólogos y técnicos forenses que se desplazaron a la zona, permitió identificar que “los cuerpos presentan lesiones causadas por proyectil de alta velocidad”. Sin embargo, en las últimas horas, otro hecho en materia pública se presentó en la misma zona del pasado jueves: una misión de derechos humanos, que se movilizaba por la vereda Tandil, fue atacada, al parecer, por miembros de la Fuerza Pública, según denuncias de varias ONG.