Viernes, 26 de Abril del 2024 
Una cadena de supermercados que abastecía a las FARC y servía como fachada para el lavado de dinero. La Fiscalía General de Colombia confiscó el lunes bienes de testaferros de la antigua guerrilla por un valor de 230 millones de dólares. La operación, llevada a cabo con la colaboración del Ejército, desmanteló un pequeño imperio de comercios de bajo coste y casas de recreo en 23 municipios del país. El grupo insurgente se desmovilizó, entregó las armas y en los próximos meses concurrirá a las elecciones presidenciales y legislativas. Fue precisamente gracias a los testimonios de algunos excombatientes que las autoridades llegaron a dos familias que, según la investigación, aceptaron tejer esta trama para las FARC.
Los cuatro hermanos Mora Urrea –tres de ellos ya detenidos- controlaban las tiendas Supercundi, Merkandrea y Mercafusa, con 60 locales en Bogotá y los departamentos de Cundinamarca, Tolima y Quindío. Su madre, María Ana Bertilda Urrea de Mora, fue, según la Fiscalía, “amiga cercana” de Jorge Briceño, el Mono Jojoy, uno de los jefes militares más despiadados de la guerrilla, fallecido en 2010 en una ofensiva de las fuerzas armadas.
Dos de ellos, Norberto y Luis Alirio, frecuentaron campamentos de distintos frentes y el segundo proporcionaba información sobre posibles víctimas de secuestro. Y todos “se habrían prestado para fungir como dueños de estos supermercados que, en los años noventa, eran propiedad de un empresario cundinamarqués que fue víctima de secuestro, además de aparecer como propietarios de otras sociedades que llamaron la atención por su rápido e inexplicable crecimiento económico”.
Los establecimientos ofrecían, con el lema #SomosLosAmosDelAhorro, productos básicos por debajo del precio de mercado, en algunos casos una cantidad inferior a la pagada al productor o fabricante. Esta circunstancia choca con los ingresos que tuvieron los testaferros en la última década, acusados de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito de particulares. La Fiscalía desarticuló cinco sociedades y empezó el procedimiento para incautarse de los 60 supermercados, 70 cuentas bancarias, siete casas rurales, cuatro fincas, 29 lotes urbanos, 15 apartamentos, tres viviendas, sietes locales comerciales y 27 vehículos.
Las autoridades identificaron también a la familia Chaux Cuéllar como propietaria de varios bienes “obtenidos con dinero presuntamente entregado” por el guerrillero Tomás Medina, Negro Acacio, reclamado por Estados Unidos por narcotráfico y muerto en 2007 en un bombardeo. Se trata de varios inmuebles ubicados en Bogotá, en los departamentos del Meta y del Guaviare, una casa de recreo valorada en casi dos millones de dólares, ganado y caballos ganadores de ferias equinas. El origen de este patrimonio, según la justicia, fue el “presunto tráfico de estupefacientes que José Hugo Chaux Cuéllar mantenía con la entonces guerrilla de las FARC”.
