Sábado, 6 de Junio del 2026 
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) acaba de instaurar una denuncia ante el CTI de la Fiscalía por las constantes amenazas a las que están siendo sometidos los directivos de la entidad encargada de administrar los bienes incautados y extinguidos a la mafia.
Según fuentes del ente investigador, incluso Virginia Torres, la directora de la SAE, que reemplazó a la liquidada Dirección de Estupefacientes, fue blanco de una nueva amenaza en la que le dieron 15 días para salir del país.
Ante los hechos, la entidad solicitó una audiencia extraordinaria al director del CTI, Julián Quintana, quien ofreció el acompañamiento para la protección e investigación en relación de las denuncias presentadas por la SAE.
Se indaga si las amenazas están relacionadas con la banda de ‘los Recuperadores’, quienes, a través de abogados y artimañas jurídicas intentan recuperar bienes de narcotraficantes que están a punto de salir de cárceles de Estados Unidos. Ya han intentado recuperar inmuebles ligados a las organizaciones de Hélmer ‘Pacho’ Herrera, del cartel de Cali; de Diego Montoya, de Juan Carlos Ramírez, ‘Chupeta’, y del narcoparamilitar Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, entre otros.
Al respecto, EL TIEMPO denunció que, el 25 de noviembre del 2014, llegaron hasta la notaría 11 de Cali y vendieron el gran local incautado al grupo Grajales por lavado de activos, hoy arrendado a la cadena chilena Falabella. Aunque el local vale más de 12.000 millones de pesos, la transacción se hizo por 1.250 millones de pesos.
También se investiga a una red de estafadores que ofrece en arriendo bienes en poder de la SAE y que ya fue denunciada ante la Fiscalía. De hecho, testigos aseguran que tienen una oficina paralela de la SAE en la calle 6.ª con carrera 52 sur, en Cali, en donde hay un archivo con las fichas técnicas de todos los bienes incautados a la mafia, rotulados con el logo de la entidad. Además, obtuvieron los catálogos de vehículos y cabezotes de tractocamiones que la SAE sacará al mercado en tres meses y que se manejaba secretamente.
Sobre ambas conductas, la administración de Torres ha instaurado 58 denuncias ante la Fiscalía.
EL TIEMPO
