Jueves, 2 de Mayo del 2024 
El Gobierno colombiano ha congelado este miércoles el diálogo con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) después de que esta organización volviera a atentar al finalizar ayer un alto el fuego de 101 días. Los negociadores del Ejecutivo de Juan Manuel Santos y del grupo insurgente, el más activo en el país tras la desmovilización de las FARC, estaban reunidos en Quito, capital de Ecuador, para tratar de renovar ese acuerdo. Al término de la tregua los guerrilleros cometieron un nuevo ataque contra un oleoducto de Ecopetrol, la primera petrolera de Colombia, También perpetraron acciones terroristas en los departamentos de Arauca (este) y Boyacá (centro-este) y lanzaron una granada contra infantes de marina. El presidente, en una intervención televisada, se refirió a ataques “contra la población civil, las fuerzas armadas y la infraestructura”.
“El Gobierno nacional”, prosiguió Santos, “estuvo siempre dispuesto a prorrogar el cese al fuego con esa organización y negociar uno nuevo”. “Así se lo hicimos saber desde hace varias semanas y lo reiteramos en los últimos días, para responder afirmativamente ante la solicitud de la conferencia episcopal, las Naciones Unidas, los países amigos y centenares de organizaciones de la sociedad civil. Inexplicablemente el ELN no solo se negó, sino que reanudó sus ataques terroristas esta madrugada, justo el día en que se debía iniciar el nuevo ciclo de negociaciones”, denunció el mandatario, que ordenó al equipo encargado del diálogo regresar de Ecuador. “Ante esta situación he conversado con el jefe de la delegación del gobierno en Quito para que se regrese de inmediato para evaluar el futuro del proceso”.
Santos, que firmó la paz con las FARC, aseguró también que esta mañana dispuso a las Fuerzas Armadas para que actúen “con contundencia para responder a esta agresión y proteger la vida y honra de los colombianos, como es su deber constitucional”. “Mi compromiso con la paz ha sido y será indeclinable. Pero a la paz se llega con voluntad y hechos concretos de paz. No solo con palabras”, zanjó el presidente.
La delegación del Gobierno en la mesa de negociación, establecida en Quito en febrero de 2017 y que de momento apenas ha logrado avances, manifestó que “los hechos mencionados desconocen la disposición del Gobierno, vuelven a afectar gravemente a la población y desatienden el clamor de la sociedad civil, líderes políticos, de derechos humanos, la Iglesia, países amigos y las Naciones Unidas”. “Estas acciones no son solo un atentado al oleoducto, son una afrenta directa a las comunidades”, continúa el equipo de negociadores en un comunicado.
Así las cosas, las autoridades analizan lo ocurrido “y sus implicaciones para el futuro de la mesa de diálogo”. “Buscaremos privilegiar el bienestar de los colombianos y precisar el mejor camino para avanzar en dirección correcta hacia la paz. El jefe de la delegación de Gobierno -el exvicepresidente Gustavo Bell- acudirá al llamado del señor presidente de la República a consultas para definir la posición del Estado colombiano frente a este momento”.
