Miercoles, 8 de Mayo del 2024 
Más de cien días han esperado medio millón de estudiantes de colegios públicos sin que les llegue un solo arroz del Plan de Alimentación Escolar (PAE). Demoras en la contratación, refrigeradores dañados y estufas sin mantenimiento son parte del problema.
La alerta la hizo la Contraloría después de realizar 367 visitas a instituciones educativas en el país. Así encontró que en cinco Entidades Territoriales (ver gráfico) no habían empezado a implementar el PAE y en otras nueve no lo habían implementado al 100 %.
Los datos, que fueron recogidos hasta el pasado 13 de mayo, dan cuenta de los líos que tienen algunas alcaldías y gobernaciones para licitar, contratar y ejecutar los contratos de alimentación para sus alumnos.
Juan Carlos Martínez, director de la Unidad de Alimentos para Aprender del Ministerio de Educación, indicó que estas demoras se le atribuyen a la falta de agilidad en el arranque de las licitaciones. “Además, hubo problemas con los oferentes, había ciudades donde no se presentaban contratistas”, explicó Martínez.
Neiva, por ejemplo, es una de las Entidades Territoriales donde, según la Contraloría, aún no había iniciado el PAE hasta el pasado 2 de mayo. El ente de control señalaba que si bien el contrato se le había adjudicado a la Unión Temporal CBS, el pasado 28 de marzo, en visitas que hicieron el 2 de mayo encontraron que aún no se había empezado a ejecutar lo pactado.
Desde la Alcaldía de Neiva le dijeron a este diario que ya empezaron a implementar el PAE desde hace dos semanas, aunque reconocen que por lo pronto no han podido llegar a todos los colegios que lo requieren.
Mala planeación
Para garantizar que las empresas y las autoridades encargadas de entregarles los alimentos a los niños cumplan con sus compromisos, los padres de familia y los docentes pueden hacerles seguimiento a estos procesos. Como son los primeros afectados por los líos en el PAE, conocen de cerca cuáles son los líos que no le permiten avanzar.
En el caso de Santa Marta, la vigilancia ciudadana concluyó que no se previó correctamente el regreso a la presencialidad. “Hubo falta de programación antes de la contratación. No se tuvo en cuenta que las instituciones no tenían el menaje adecuado, porque se había dañado en estos dos años”, señaló Edilfonso Orozco, uno de los veedores ciudadanos que le han hecho seguimiento al tema.
Según explicó, las estufas e incluso algunos implementos de refrigeración se dañaron durante la pandemia. Esto, dijo, tomó por sorpresa tanto a la Alcaldía de Santa Marta como a los contratistas encargados del PAE.
Martínez, por su parte, agregó que el Ministerio de Educación ha puesto cerca de 1 billón de pesos “para ir adecuando las instalaciones, hacer los arreglos y adecuar las instalaciones, pero no todas las Entidades Territoriales fueron igual de eficientes en la ejecución de esos recursos”.
El mal estado de estos implementos en Santa Marta llevó a que las empresas encargadas de llevarles los alimentos a los niños decidieran entregar unas “Raciones Industrializadas” que no tienen un estudio de costos adecuado, de acuerdo con la Contraloría. A esto se sumó que en la capital del Magdalena el PAE solo inició operaciones tres meses después de haber iniciado el calendario escolar.
Este, sin embargo, no es el caso exclusivo de Santa Marta. De los colegios que visitó la Contraloría, el 20 % no tenía un sitio para refrigerar alimentos, el 16 % no contaba con ningún espacio para almacenar comida y el 15 % no tenía una cocina.
El ente de control, además, documentó casos de colegios que recibieron, frutas y alimentos lácteos en estado de descomposición.
Falta de veedurías
La Ley 2042 de 2021 fue la que les dio relevancia a las comunidades educativas para ponerles la lupa a las licitaciones y los contratos. A partir de entonces, todos los informes o quejas que lancen esos ejercicios de vigilancia ciudadana deben ser escuchados obligatoriamente por los supervisores del PAE y la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar.
El problema es que, según el reciente informe de la Contraloría, en el 73 % de las instituciones educativas que habían visitado todavía no se habían conformado veedurías de padres de familia, ni los Comités de Alimentación Escolar (CAE) –que también están compuestos por estudiantes y le hacen seguimiento al PAE–.
Es decir, que si bien la vigilancia ciudadana permite cuidar mejor los recursos públicos y los derechos de los menores de edad, su alcance a nivel nacional aún es muy limitado.
Fuente: El Colombiano
