Sindicato de Asonal se dividió frente a acuerdo para levantar paro. Unos sectorees se rehusan.

Nelson Cantillo, presidente de Asonal,–el sindicatos de jueces y fiscales– se retiró de la mesa de negociación y explica que no cederá a ningún acuerdo que sea inconsulto con las bases. A esta hora, hay protestas de varios funcionarios y empleados de la rama judicial en los juzgados de Paloquemao y hay bloqueos en la entrada de la sede de la Fiscalía General de la Nación.
En la noche del miércoles, en el Ministerio de Justicia se estaban preparando algunas enmiendas sobre el documento base, que fue conciliado el martes entre las partes y que pondría fin al paro judicial, que se prolonga por 28 días.
En declaraciones a EL TIEMPO, Cantillo aseguró que si se llega a un acuerdo son las bases las que decidirán si lo acogen o no. “A mi la base me hizo la exigencia de que cualquier acuerdo fuera consultado. Pero serán ellos los que decidan, si se llega a tomar una decisión ahora, si la acogen o no. No quiero torpedear”, indicó.
Fiscalía se retiró de la mesa
Nelly Camacho, representante de la Fiscalía, aseguró que no firmarán acuerdo con el Gobierno. Indicó que se levanta de la mesa porque no está de acuerdo con lo planteado por el Gobierno. Sin embargo, expresó que será la base de los empleados los que deberán decidir si continúa el paro judicial o no.
Aún se desconoce si otro sector que continúa sentado en la mesa de negociación llegó a algún arreglo con el Gobierno.
Por cuarta vez, Asonal se echa para atrás en acuerdo sobre paro
Por cuarta vez en los 28 días que completa el paro judicial, Asonal reversó los acuerdos con el Gobierno para levantar la protesta que tiene paralizada la administración de justicia en el país. De nuevo, una profunda división entre los fiscales Nelson Cantillo y Luis Fernado Otálvaro, ambos presidentes de Asonal Judicial, quedó en evidencia en un día clave para las negociaciones sobre la nivelación salarial de los empleados de la Rama.
El martes en la noche, después de una intensa puja, Gobierno y Asonal anunciaron que el paro se levantaría a las 2 de la tarde de este miércoles. Incluso, en la mañana la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa dio declaraciones a los medios sobre los alcances del acuerdo. Por eso, la sorpresa fue total cuando Nelson Cantillo reveló que “las bases” del sindicato rechazaban la negociación, que calificó como “una cuota inicial” de lo que esperaban del Ejecutivo.
Mientras tanto, Otálvaro, el otro presidente de Asonal, se mantenía en la existencia de un acuerdo, posición que fue respaldada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). El hecho es que se mantiene el cese de actividades en todo el país, sin que el Gobierno conozca una propuesta clara sobre cual los 45 mil funcionarios de la Rama y los cerca de 20 mil de la Fiscalía reiniciarían labores.
“Con Otálvaro o sin Otálvaro el paro continúa”, dijo Cantillo minutos antes de ingresar a una nueva mesa de negociación en el Ministerio de Justicia.
Fuentes cercanas al sindicato señalaron que, además de la puja por el control de Asonal, estaría jugando la situación personal de varios de los líderes del movimiento, que están próximos a la edad de jubilación y que por lo tanto esperan que el reajuste salarial –que podría superar el 50 por ciento de los sueldos actuales– se produzca cuanto antes, para alcanzar a jubilarse con el nuevo sueldo.
Con la de este martes van cuatro ocasiones en las que se anuncia un preacuerdo que finalmente no se da. El primero se dio apenas tres días después de iniciado el paro judicial, cuando el Gobierno pactó frenarlo hasta que se pronunciara una mesa técnica que en 60 días definiría las necesidades de la Rama y el tiempo en que debería cumplirse con la nivelación. Mientras la Ministra anunciaba el acuerdo en Popayán, los líderes de la protesta desconocieron el arreglo.
En un segundo acuerdo, que se dio dos semanas después y que contó con la participación del Fiscal General y de la Judicatura, el Gobierno ofreció 1 billón 220 mil millones. En este momento se hizo evidente la división en el sindicato, ya que lo que lo acordado con Otálvaro fue desconocido por Cantillo.
El viernes pasado, el Gobierno cumplió su anuncio de pedir la ilegalidad del paro y solicitó a la Judicatura y a la Fiscalía que no pagaran los sueldos de los días no laborados. El fin de semana hubo nueva ronda, que se prolongó hasta el martes. En la noche, hubo consenso sobre la propuesta de destinar 1,22 billones en los próximos cinco años para la nivelación. Los trabajadores se comprometieron además a recuperar el tiempo perdido. En esa reunión estuvieron Cantillo y Otálvaro.
Pero este miércoles, tras la consulta con las bases, el primero regresó al Ministerio de Justicia con el anuncio de que se descalificaba el acuerdo del martes. Mientras tanto, las dos demandas de ilegalidad –una del Gobierno y otra de la Contraloría, que coinciden en señalar que el paro es ilegal porque afecta un servicio básico para la sociedad– siguen en el aire, porque los jueces ante los que fueron radicadas se declararon impedidos para tramitarlas.
Las pérdidas para el país, sin salarios, llegan a los 2 mil millones de pesos diarios. Así mismo, se están dejando de realizar unas 1.200 audiencias penales cada día, sin que se conozcan propuestas de los superiores directos de los funcionarios que están en paro: la Judicatura y la Fiscalía General.