Desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual irán a justicia ordinaria.

La plenaria del Senado aprobó en la noche de este martes en último debate la reforma del fuero militar, que le da prioridad a la justicia penal castrense en investigaciones contra miembros de la Fuerza Pública cuando exista mérito para esto por hechos relacionados con el servicio y en el marco del conflicto armado.
El comandante del Ejército, general Sergio Mantilla, saludó este miércoles la decisión del Congreso y calificó la medida de “necesaria”.

Este proyecto, aprobado con 54 votos a favor y 5 en contra, busca darles más garantías jurídicas a los uniformados a la hora de actuar contra grupos armados ilegales.

En el texto aprobado, tras una discusión de más de seis horas, se dejaron claros los siete delitos que definitivamente no serán cubiertos por el fuero: crímenes de lesa humanidad, delitos de genocidio y desaparición forzada, casos de ejecución extrajudicial, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado.

También se incluyó un artículo transitorio para que la Fiscalía y la justicia militar “identifiquen” las investigaciones que existen contra uniformados y en un plazo de un año determinen cuáles deben quedarse en la jurisdicción ordinaria y cuáles, en la militar. Así, según los ponentes, se evita la “impunidad” en los casos abiertos por el escándalo de los ‘falsos positivos’.

Este punto generó un álgido debate entre el Partido Liberal y el Gobierno. El senador Juan Fernando Cristo lo calificó como “un plazo fatal”, que, al cumplirse podría generar impunidad, y pidió que se excluyera del texto, pero fue derrotado.

Críticos del proyecto, como Human Rights Watch (HRW), la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decían que el articulado no daba “tranquilidad” para que los casos de ‘falsos positivos’ se quedaran en la jurisdicción ordinaria.
De hecho, este martes en la noche, EL TIEMPO tuvo alcance a una reacción de José Miguel Vivanco, director para las Américas de la ONG HRW, en la que calificó la enmienda constitucional como “completamente innecesaria e injustificada y constituye un retroceso premeditado en materia de derechos humanos. Crea un alto riesgo de que los falsos positivos y otras atrocidades se vean trasladados a la justicia militar y queden en total impunidad”.
Vivanco agregó que se ha pretendido argumentar que las críticas que ha hecho la ONG son principios foráneos y ajenos a la soberanía nacional, “ignorando que ha sido la propia Corte Constitucional la que ha desarrollado estos principios, que son propios del sistema de derecho y que se replican a nivel internacional”.

Por su parte, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, quien estuvo acompañado de la cúpula del Ejército, la Armada y la Policía en el debate, sostuvo: “A la reforma del fuero militar llegamos como consecuencia de una problemática que no es teórica ni un capricho”. Enfatizó que “los soldados de Colombia y los policías son los primeros defensores de derechos humanos del país”.

Fue respaldado por el ministro del Interior, Fernando Carrillo, quien, en horas de la mañana, en alusión a las críticas de organismos internacionales, advirtió que el proyecto era un “ejercicio de soberanía legislativa” y era el Congreso el que tomaba las decisiones, “y no por imposición”.

El senador Juan Carlos Vélez, de ‘la U’, aseguró, con base en un derecho de petición que le contestó la Fiscalía, que hay 7.810 procesos vigentes contra uniformados.

Con la reforma del fuero militar se dio vía libre para la creación de un tribunal de garantías, que estará conformado por 4 uniformados en retiro y otros 4, elegidos de ternas conformadas por las altas cortes y por el Presidente.

El senador liberal Juan Manuel Galán, coordinador ponente de la iniciativa, aclaró que “la Corte Suprema es el máximo tribunal para ejercer control penal y constitucional sobre la justicia militar”, lo que se traduce en que será la última instancia en todo proceso que se abra contra algún uniformado.

La reforma del fuero militar, que deberá ir a conciliación con la Cámara por los cambios que sufrió durante su trámite, regirá cuando sea promulgada por la Presidencia, pero deberá ser desarrollada con una ley estatutaria, proyecto que el Gobierno se comprometió a entregarle al Congreso en marzo próximo para su discusión.

Fuente el Tiempo