Contraloría halló inconsistencias en transferencias de carros y edificios a entidades del Estado.

La Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), a pesar de estar cerrados por liquidación, siguen causando detrimento a las arcas públicas, denunció la Contraloría que en un informe de auditoría que revela nuevas irregularidades en la transferencia de bienes de estas entidades a otras dependencias del Estado.
Las inconsistencias se presentan en bienes valorados en 142.000 millones de pesos que el DAS y la DNE han transferido a la Policía, a varias dependencias del Ministerio de Justicia como el Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) y a la Fiscalía.
Esta es la segunda voz de alerta que lanza el organismo de control en este proceso. Hace tres meses, en el primer informe de auditoría a la gestión de liquidación de la DNE, la Contraloría advirtió sobre graves fallas en la transferencia de los bienes extinguidos en su poder al Ministerio de Justicia.
Después de revisar una muestra de casi 100 bienes del DAS y de la DNE transferidos con corte a junio del 2012, el ente de control fiscal encontró convenios en los que figuran entregas al Inpec y a Minjusticia por 2.035 millones y que no se han completado. En otros casos se hallaron registros contables por 1.741 millones de pesos en elementos que no aparecen en ninguna de las entidades.
Un ejemplo es que se desconoce el paradero de 21 vehículos, modelos de entre 1965 y 1995, que la DNE le dio al DAS. “Es preciso anotar que estos automotores no están avaluados y como no están físicamente se torna imposible establecer su valor”, señala el informe de auditoría de la Contraloría.
La Policía ha recibido de la DNE bienes incautados por 23.027 millones de pesos entre vehículos, aeronaves, embarcaciones, edificaciones y motores fuera de borda; y del DAS, 145 automotores y una edificación por 6.183 millones de pesos.
Sin embargo hay casos como el de 7 vehículos fuera de servicio por obsoletos o por haber sido hurtados, estrellados o incendiados, y a los que la institución les ha pagado seguros e impuestos y servicio de parqueadero desde hace cinco años.
Es el caso de la camioneta Toyota Land Cruiser CFR 603 que la Policía le asignó al entonces senador Germán Vargas Lleras (hoy ministro de Vivienda) y que fue destruida en el atentado del que el funcionario fue víctima en el 2005. El vehículo, avaluado en 31 millones de pesos, no fue asegurado contra actos terroristas lo que impidió su recuperación.

Fuente Diario el Tiempo