La primera es que, cuando salga la delimitación de las áreas protegidas, no va a haber fuentes de ingresos en los municipios que estén por dentro de los límites. La segunda es que la ilegalidad llegará a apropiarse de los recursos productivos y la última es que este fenómeno traerá problemas de seguridad y abundará la violencia en regiones como Santurbán.

Si bien el Estado debe garantizar que el bien de interés general prime sobre el particular, también es menester que se proteja a las personas antes de establecer las leyes.

El ministro de Ambiente, Juan Gabriel Uribe, afirmó que la delimitación del páramo de Santurbán se realizará para garantizar la protección de los ríos que corren por la región y que alimentan a los habitantes del área metropolitana de Bucaramanga, que son alrededor de 2 millones de personas.

Se debe mencionar que el país, que hace unos años era la segunda nación con más recursos acuíferos, pasó a ser la número 24, precisamente por no cuidar las reservas del líquido vital.

Pero los mineros y habitantes de las zonas de páramos aseguran que sus actividades productivas no afectan las corrientes acuíferas. David González, alcalde de Vetas, municipio que podría desaparecer con la resolución de páramos, estima que su comunidad, que tiene una tradición minera de 460 años, es la primera que respeta las fuentes de agua y que “no podríamos atentar con los recursos que consumimos en la ciudad ya que nuestras familias viven en Bucaramanga”.

Más allá de eso, si se prohíbe de forma tajante el desarrollo productivo, la ilegalidad llegaría a los páramos, adueñándose de los recursos, lo que generaría posteriormente problemas de seguridad.

“Los yacimientos de oro en Santurbán ya están y todo el mundo sabe donde encontrarlos, si no se realiza de una forma legal, el Estado no tendría la capacidad de proteger las hectáreas declaradas de protección, por tal motivo, los recursos los explotarían bandas al margen de la ley, que traerían consigo violencia”, afirmó César Díaz, director de la Cámara Colombiana de Minería.

Es por este motivo que las compañías mineras exigen que dentro de la declaratoria se contemplen aspectos sociales, económicos y ambientales. “Llamamos la atención a que estos procesos tengan en cuenta la delimitación, que además de todo debe ser de carácter técnico y no una línea política”, dijo Eduardo Chaparro, director de la Cámara Asomineros de la Andi.

Para frenar estos aspectos, Minambiente ha propuesto ante el Gobierno Nacional que se elabore un documento Conpes en el que se establezcan las reglas claras que dejará la delimitación de los 32 páramos nacionales.

Con este documento Conpes, se solucionarían las incertidumbres que tienen los habitantes de los páramos ya que sabrían a qué se podrían dedicar, además de solucionar la seguridad de las zonas.

El problema es que la delimitación podría salir primero que el documento Conpes, lo que causaría más zozobra. “La incertidumbre es grande. Son políticas de Estado que se deben cumplir y Vetas no puede competir contra las políticas nacionales, pero sin duda generaría problemas sociales en el municipio”, estima el alcalde de Vetas.