Los paros minero y agrario anunciados para mañana y para el 19 de agosto, respectivamente, son otro capítulo en la serie de protestas y manifestaciones que desde el año pasado se han desatado en el país, debido a lo que para muchos “es la falta de un apropiado manejo gubernamental en medio de una peligrosa desinstitucionalización y a la ausencia de respuestas integrales para los distintos reclamos”.

“Mientras el Gobierno le asigna a la desaceleración económica actual una gran ponderación a los choques del exterior, muchos de los factores son de cocinado local, que toca sectores tan variados como la justicia, el café, el carbón y las universidades públicas”, advierte el presidente de la Asociación de Instituciones Financieras (Anif), Sergio Clavijo Vergara.

Según las cuentas del dirigente, los cinco paros de finales de 2012 y principios de 2013 (justicia, carbón, cafetero, Universidad Nacional y otros sectores), le han costado al país unos 900.000 millones de pesos, equivalente a 0,8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del primer trimestre de 2013. “Este valor, perdido por cuenta de las huelgas, es como si toda Colombia hubiera hecho un paro de un día completo”.

Juan David Ballén, experto de Estrategia e Investigaciones Económicas de Alianza Valores, asegura que la solución de los paros mediante subsidios ha generado un costo significativo para la Nación, que de continuar así podría terminar alterando los avances fiscales que se han logrado en esa materia durante los últimos años. “Los paros han sido consecuencia de la tardía reacción del Gobierno frente a los cambios estructurales que debió haber realizado en sus instituciones”.

Para José Luciano Sanín Vásquez, subdirector de la Escuela Nacional Sindical (ENS), lo que está ocurriendo es la consolidación de la protesta social, derivadas de la apertura del espacio político en el país y del incumplimiento de las promesas que el Estado le ha hecho a la sociedad de resolver diferentes problemas, es decir se aprovechan las posibilidades para lograr que haya menos retórica y más acciones.

Otro aspecto que resalta Sanín, es que los diálogos de paz con las Farc en La Habana, han dado pie para que la sociedad, al ver que se negocia con el enemigo más estructural del país, ha entendido que también tiene derecho a ser escuchada para que se solucionen sus problemas.

“El Gobierno no vio a tiempo la dinámica que tomaría el tema minero y su impacto en el medio ambiente y en eso no hay una respuesta integral. También subvaloró los efectos de los Tratados de Libre Comercio (TLC), lo que desató todo lo que hoy se ve en distintos sectores del agro y ahora por cada logro que alcance un gremio en particular, habrá otros que quieran acceder a lo mismo”.

Puertas abiertas
El ministro de Agricultura, Francisco Estupiñán Heredia, reitera el llamado a la sensatez, al diálogo y a la concertación, para que el Movimiento de la Dignidad Cafetera y otros, promotores de las manifestaciones, acudan a las mesas de trabajo y participen en la búsqueda de soluciones.

Sobre la protesta campesina del Catatumbo, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, ha puesto en duda su tinte de lucha social, pues él señaló hace unas semanas que “hay zonas donde nos quieren montar marchas y los líderes ni son campesinos; vienen de Europa”.

La referencia apunta a César Jerez, líder campesino del Catatumbo, quien es relacionado con las Farc, porque ha aparecido en correos electrónicos de jefes guerrilleros como “Alfonso Cano” y “Timochenko”.